El 21 de setiembre pasado, por este medio se hizo de conocimiento que el presidente del Poder Judicial Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga presentó una iniciativa legislativa al Congreso con carácter de urgencia, como respuesta a la crisis actual que afronta el sistema de justicia[1].
Dicha propuesta consiste en que el presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia sea elegido con los votos de todos los jueces titulares del país, por mayoría absoluta, siendo proclamado ganador quien obtenga más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, se procedería a una segunda elección entre los candidatos con que obtuvieron las dos más altas mayorías relativas. Si se produjera empate, sería electo el candidato con mayor antigüedad. Para ser elegido se debería contar con no menos tres años de antigüedad como juez supremo titular.
Para la elección de los presidentes de las cortes superiores se puntualiza que es designado entre todos los jueces titulares del respectivo distrito judicial, por mayoría absoluta, y requiere contar con no menos de tres años de antigüedad como juez superior titular. Dejándose en claro que su período de gestión en ambos casos será de tres años y sin opción para la reelección. Además, que la elección contará con la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), que brindará apoyo y asistencia técnica.
Advirtiéndose también que la interferencia de terceros o la realización de actos de proselitismo a favor de un determinado postulante practicados por este o terceros, determina la cancelación de la candidatura beneficiada. La elección se realizaría el primer jueves del mes de diciembre del año que corresponda; siendo el voto secreto y obligatorio, y su no emisión por causa injustificada, es considerado falta grave que se sanciona con multa. En caso de que esta propuesta sea aprobada, el Poder Judicial reglamentaría la ley en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.
La aprobación de esta propuesta implicaría la modificación de los artículo 73, 74 y 88 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La elección en el caso del presidente del Poder Judicial es por parte de los vocales supremos titulares (hoy jueces supremos) reunidos en Sala Plena por un período de dos años, cuya elección se realiza el primer jueves del mes de diciembre del año que corresponda, esto es, la elección se desarrollará el próximo jueves 6 de diciembre, para elegir a quien suceda al Dr. Prado Saldarriaga, quien no podrá ser reelegido. De la misma manera se procederá en cada una de las 33 corte superiores del país, por parte de los jueces superiores reunidos también en Sala Plena.
Resulta acertada dicha propuesta de reforma, teniéndose en cuenta que todo este caso de mega corrupción dentro del Poder Judicial, que se generó en la Corte Superior de Justicia del Callao, se inició porque un grupo de jueces superiores querían seguir manteniendo la dirección de esta Corte Superior, que implicaba para ellos tener el poder para sus actividades ilícitas.
Recordemos todo lo que escuchamos en los audios del escándalo, en donde Walter Benigno Ríos Montalvo confabulaba con la ayuda de César Hinostroza Pariachi (exjuez supremo), que hicieron lo imposible para conseguir la presidencia, incluso se hizo referencia a que se apresuró con ayuda del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, para que se efectuara el traslado de una magistrada, quien finalmente votó por Ríos Montalvo, lo que le permitió ganar ajustadamente a su contendora, la jueza Dra. Flor Guerrero Roldán, con todas las consecuencias lamentables que dicha elección produjo en la Corte del Callao.
De esta situación no escapa la misma Corte Suprema de Justicia de la República, sino recordemos los audios de escándalo también, en donde se escucha a César Hinostroza Pariachi y Martín Hurtado Reyes, quien encontrándose en pleno concurso para ser nombrado juez supremo, le señala que su colaboración y lealtad estaría comprometida con él (Hinostroza Pariachi) y Ángel Romero Díaz, en una posible postulación a la Presidencia del Poder Judicial en las próximas elecciones.
Estos hechos nos muestran cómo se realiza la elección del presidente del Poder Judicial, en donde incluso hay intereses políticos. Recordemos también los motivos por los cuales Hinostroza Pariachi mantuvo reuniones con los integrantes de la agrupación política Fuerza Popular.
Este contexto, pongámonos a reflexionar sobre las circunstancias por las cuales el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, le otorgó a César Hinostroza Pariachi la presidencia de la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria, que, como sabemos, son ocupadas de acuerdo con la antigüedad de los magistrados titulares. Ello se debió a la amistad existente y que votó a favor de la elección de Rodríguez Tineo; implicando ello, que después de electos los presidentes devuelven a sus jueces electores en favor o en agradecimiento (o acuerdo bajo la mesa) un trato preferente frente a los demás jueces. Les asignan la presidencia de salas, viajes protocolares de representación, personal de su elección, los protegen y minimizar sus inconductas funcionales, y una larga lista de otros beneficios.
Esto conlleva a que los acuerdos de un número incluso inferior a la mitad de la totalidad de jueces, deciden los destinos de todo el Poder Judicial y este gobernará dos años, no pensando de manera institucionalizada, sino principalmente para contentar a sus electores y así continuar con esta cadena interminables de acuerdos alejados de la ética que se irán repitiendo en cada elección.
Pero esta situación resulta más grave en cada una de las corte superiores del país, en donde incluso un grupo pequeño de jueces superiores llegan a acuerdos para la sucesión de la presidencia, en algunos casos con una proyección superior a los diez años, sin pensar en las calidades éticas y morales del elegido o en lo que realmente le conviene a esa Corte Superior de Justicia, sino únicamente votan por sus interés personal. Se deja de lado cualquier otro aspecto. Una vez elegido ese presidente, podría hasta tornarse como un dictador de repente, al dejar de lado a los que no lo eligieron o con los que no guarda empatía (relegándolos de muchas maneras), y asumiendo la presidencia solo para beneficiar a sus electores y olvidándose que representa a toda la institución y a cada uno de los servidores que laboran en ella.
Situémonos en el caso de algún presidente de corte superior del interior del país que se ha visto involucrado en los audios con Ríos Montalvo, y pese a la falta ética evidente que le resta cualquier tipo de credibilidad moral, se aferra a continuar en el cargo, y así también la Sala Plena de dicha corte superior guarda silencio, sin emitir pronunciamiento alguno, convalidando dicha falta ética, pese a que este magistrado haya perdido, en la corte que preside, la confianza de los jueces de las instancias inferiores y trabajadores, así como de la colectividad, siendo incluso investigado por la Ocma, la cual también proviene de este sistema de elección existente.
Por ello, considero necesario que el presidente del Poder Judicial, Dr. Prado Saldarriaga, impulse las intenciones manifestadas, y el Congreso de la República se ponga de una vez por todas los pantalones, y si realmente tienen la intención de mejorar el sistema de sistema de justicia, así como su imagen ante la población, se proceda a la modificación de los artículos 73, 74 y 88 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cambiándose el sistema de elección del presidente del Poder Judicial y de cada una de las cortes superiores haciendo su elección universal y directa por todos los jueces titulares.
Aún se está a tiempo, porque falta cerca de un mes para que se proceda a la elección y tomándose en cuenta además que esas prácticas que se apartan de la ética judicial que se han venido dando para estas elecciones generaron todo este esquema de corrupción que ahora conocemos y que seguirá dándose sino es que no se pone coto a ello; por lo cual, culmino estas líneas con la reflexión de Armando S. Andruet[2] que refiere:
Un Poder Judicial apartado de la ética judicial está debilitado y tiene una enfermedad degenerativa que habrá de eclosionar en algún momento y que ha ido deteriorando silenciosamente dicho cuerpo. Por ello, los códigos de ética judicial resultan útiles y valiosos; más debemos advertir que el hecho de que existan códigos no transforma un Poder Judicial de malo a bueno. Los códigos solo valen, en tanto que exista una voluntad de empoderarse los jueces de ello.
[1] Véase: https://lpderecho.pe/presidente-poder-judicial-elegido-jueces-titulares-pais/
[2] ANDRUET, Armando S. (2018) “La ética judicial y la confianza pública”. En: Ética Judicial. Buenos Aires: Editorial Astrea. 25 p.
