INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos doce años, la Cooperación Técnica Alemana, GTZ, ha apoyado las reformas judiciales en América Latina. Al inicio se limitó a respaldar las reformas procesales penales que se habían iniciado con fuerza a partir de fines de los años ochenta. La razón por la cual GTZ y el Ministerio de Cooperación Económica de Alemania decidieron asumir esa tarea ha sido que los antiguos procesos penales —inquisitivos y principalmente llevados por escrito—, se han convertido en la principal fuente de las violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las garantías constitucionales. La GTZ ha brindado apoyo a las reformas en Paraguay, Chile y el Perú desde 2003, y desde ahora a Colombia y Venezuela. Hoy en día se mantienen vigentes los proyectos en Bolivia, Perú y Colombia, siendo el proyecto en el Perú el único que todavía se centra en la reforma procesal penal.
Llama la atención la escasa confianza y credibilidad de la que goza el poder judicial en los países latinoamericanos, en especial en lo que atañe a la justicia penal. Con las reformas procesales penales y la transformación de los procesos penales en procesos acusatorios-orales, ha mejorado en algo la imagen de la justicia penal, pero todavía sigue estando en niveles bajos. Una de las causas de ello es la forma en que se fundamenta las sentencias.
No solamente en el Perú, sino también en muchos otros países de Latinoamérica, los ciudadanos no comprenden las razones centrales que sustentan las decisiones judiciales, trátese de una condena o de una absolución. Esto con frecuencia se debe al idioma, porque con frecuencia se usan términos jurídicos de forma tal que para una persona que no es abogado resultan incomprensibles. Esto se contrapone con los derechos e intereses del imputado, sobre todo de quien resulta condenado a varios años de prisión, para quien resulta indispensable entender exactamente por qué se le considera responsable del delito que se le ha imputado, y por qué merece la pena que se le impone. Además, esto también resulta central para la víctima, especialmente cuando se absuelve al imputado.
Una fundamentación poco clara o hasta contradictoria, también limita el acceso a la justicia, en especial para fundamentar un recurso contra la sentencia.
Además, a la larga afecta la seguridad jurídica y la predictibilidad de la justicia penal. Solamente una fundamentación precisa y concluyente de las decisiones judiciales abre el camino a un efectivo control de la decisión, tanto para quien ha emitido la decisión como para los sujetos del proceso y quienes controlan la decisión en otra instancia. Solamente la racionalidad de la fundamentación permite un control efectivo del resultado, es decir del veredicto. Un filósofo alemán expresó una vez que mejorar el estilo implica mejorar la idea, y esto tiene más peso todavía en lo que concierne la argumentación.
En la práctica forense con frecuencia se puede observar que la fundamentación consiste en una cadena de consideraciones en la cual no se llega a enlazar de manera satisfactoria los distintos elementos, y donde el resultado concluye finalmente con una sola frase que se limita a decir: “por lo tanto” se condena o se absuelve.
En muchas sentencias no se dejan claramente establecidos los argumentos que determinaron los hechos probados durante el proceso, en los cuales finalmente se basa la sentencia; tampoco se excluye todas las demás alternativas posibles con una argumentación concluyente y convincente. Este es en la gran mayoría de los casos el corazón de las sentencias y la parte más difícil de elaborar, porque depende de una argumentación clara de la valoración de todas las pruebas. En muchas sentencias esta parte es demasiado escueta.
Al leer las sentencias, con frecuencia se tiene la impresión de que lo central fuera la teoría jurídica penal y no los hechos en sí, a pesar de que toda sentencia, en primer lugar, debe fundamentarse en la verificación precisa de los hechos sobre los cuales se aplica después el Derecho.
Asimismo, en pocos casos la fundamentación de la pena responde a las exigencias de las normas del Código Penal. En su art. 46. el Código sustantivo contiene múltiples aspectos que se deben tomar en cuenta para determinar la pena. De tales aspectos depende que, por ejemplo, se condene al imputado a una pena de prisión de cuatro o de ocho años, o a una pena de prisión efectiva o suspendida. Para esto se debería aclarar también los elementos fácticos mencionados en el art. 46, aspecto que pocas veces se puede observar en una sentencia.
Por todas estas razones, resulta muy importante publicar un libro sobre la fundamentación de las sentencias. El enfoque de este trabajo es práctico, no teórico, aunque desarrolla en lo necesario la teoría. Faltaría una segunda parte, con ejemplos prácticos para demostrar cómo llevar la teoría a la práctica. Este libro complementa los tres otros libros que han sido publicados en esta serie: el Manual de la investigación preparatoria del proceso penal común, La teoría general del delito y La prueba en el nuevo proceso penal, el último de ellos también de la autoría del Dr. Pablo Talavera.
El libro está dirigido en primer término a los jueces, para ser usado en los cursos de capacitación y también en el desempeño de la práctica diaria. No obstante, tiene igualmente relevancia para los demás operadores del Derecho, tales como los fiscales y los abogados defensores, quienes tienen que conocer la forma en que los jueces han llegado al veredicto, para decidir si existe posibilidad de recurrir la sentencia. Asimismo, este libro puede ser usado igualmente en los cursos avanzados de las universidades.
El autor, que ha sido uno de los más experimentados jueces penales en el Perú, con este trabajo brinda un valioso aporte al mejoramiento de la jurisprudencia penal en el país.
