Exhibir vídeo íntimo de bailarinas no es de interés público [STC 06712-2005-HC]

Esta es una de las sentencias destacadas por el «Compendio de sentencias del TC sobre el debido proceso», elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta publicación tiene el plus de contener los comentarios y análisis del doctor César Landa Arroyo, expresidente del TC, y protagonista de una de las etapas más fecundas en la producción jurisprudencial del Constitucional peruano.

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Comentarios del Dr. César Landa Arroyo

Esta resolución del Tribunal Constitucional versa, entre otros aspectos, en los derechos a probar y a la defensa y, por ello, en el derecho a la tutela procesal efectiva, que los demandantes del habeas corpus, Magaly Medina y Ney Guerrero, alegan se han violado con la resolución de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, emitida en el proceso penal seguido en su contra por el delito contra la intimidad en agravio de Mónica Adaro (persona que aparece manteniendo relaciones sexuales con un sujeto en el video transmitido en el programa televisivo Magaly TV). Por motivos de extensión, el presente análisis se restringirá a la manifestación del TC con respecto al derecho a la prueba.

Los demandantes alegan que la violación al derecho a probar se produjo cuando, por un lado, las declaraciones testimoniales de los abogados -a los que realizaron una consulta previa a la emisión del video sobre si la prostitución clandestina (hecho que fue evidenciado con el vídeo) estaba o no tutelada por el derecho a la vida privada y quienes les manifestaron que con la emisión del video no se violaba la intimidad de la “vedette”- ofrecidas como prueba no fueron ni admitidas ni rechazadas por el juez.

Por otro lado, cuando la Corte Suprema calificó dicho “medio probatorio” como una “prueba inútil”, lo que para los recurrentes resulta inoportuno, pues supone adelantar el juicio sobre los medios probatorios ofrecidos en la etapa probatoria cuando este debería tener lugar en la fase de sentencia. Ambas actuaciones les impidieron a los recurrentes, según alegan, probar error de prohibición vencible (artículos 14 y 21 del Código Penal), circunstancia que les hubiera permitido una atenuación de la pena.

Por su parte, el representante del Poder Judicial señala que no se expidió una resolución que admitiera o denegara directamente este medio probatorio debido a la celeridad que el proceso sumario exigía. Asimismo, la Corte Suprema señaló que la declaración de testigos resultaba inconveniente como medio probatorio, pues la acreditación de la existencia de la consulta jurídica favorable no podía cambiar el sentido de la resolución al estar comprobada la malicia calificada con la que actuaron los demandantes.

Al respecto, el Tribunal Constitucional consideró que las testimoniales eran una prueba inútil para acreditar la existencia de error de prohibición; de esta manera, dicho “medio probatorio” solo hubiera comprobado la existencia de una consulta jurídica previa, mas no el error subjetivo de apreciación al momento de cometer el delito. Además, el TC estima que para acreditar la asesoría legal bastaba presentar su informe escrito y que la versión de los recurrentes de que los informes fueron verbales no era creíble.

Por otro lado, el colegiado recalca que el delito comprendido en el artículo 154 del Código Penal establece la prohibición de, primero, la captación de imágenes íntimas, y, segundo, la difusión de las mismas. Por lo tanto, así se hubiese comprobado la existencia de un informe con las declaratorias, debido a que dicho informe versaba únicamente sobre la difusión del video, mas no de la simple captación, la responsabilidad de los demandantes no habría disminuido.

Por último, el TC evidencia que según los artículos 302 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, la oportunidad de ofrecer medios probatorios en un procedimiento de querella es antes de la audiencia (realizada el 28 de enero de 2003), ya que es en ella cuando tendrá lugar su actuación. Entonces, en vista de que la postulación se produjo el 12 de mayo de 2003, varios meses después de la audiencia, lo que correspondía era denegar la admisión de las testimoniales como medios probatorios. En virtud de estos fundamentos el TC determina que la no admisión de las declaraciones era adecuada; consecuentemente, no se había vulnerado el derecho a probar de los demandantes.

Considero que esta decisión se encuentra justificada fundamentalmente en dos contundentes argumentos esgrimidos por el TC. En primer lugar, no se produjo una violación del derecho a probar, ya que las declaraciones testimoniales ofrecidas por los demandantes y con las que se buscaba generar convicción en el juez de la existencia de error de prohibición vencible no cumplían este último objetivo y, por lo tanto, constituían “prueba inútil”.

Esta calificación se justifica en el hecho de que los demandantes intentaban acreditar el error de prohibición (el desconocimiento de la ilicitud) de la difusión del video, mas no del planeamiento y ejecución de la filmación de la intimidad de la agraviada, hecho que no requiere de difusión para configurar como delito. En otras palabras, dado que la mera captación del video constituía delito de violación de la intimidad, los demandantes tendrían que haber ofrecido un medio probatorio para acreditar que no solo desconocían que era delito emitir el video en el programa televisivo, sino que también ignoraban la ilicitud de la obtención del mismo. Entonces, como las declaraciones testimoniales “acreditaban” únicamente el desconocimiento de la ilicitud de la difusión del video, estas “pruebas” devenían en inútiles.

En segundo lugar, el hecho de que los demandantes hayan solicitado la admisión de las testimoniales con posterioridad a la realización de la audiencia, cuando ello tuvo que tener lugar previamente según la norma procesal, es suficiente para que dichas pruebas, en respeto al principio de preclusión, no hayan sido admitidas, pues para ese momento ya había caducado el derecho de exigir su admisión al proceso, en tanto que se habían ofrecido fuera de la oportunidad debida.

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Fundamento destacado. 59. Regresando al caso concreto, la existencia de prostitución clandestina no puede ser considerada como un dato periodístico que revista el carácter de interés público. Mejor dicho, tal reconocimiento no puede ser usado en el proceso penal llevado a cabo contra los querellados como una noticia de interés público. Quizás la proscripción de la prostitución clandestina en aras de proteger la defensa de la salud pública, prevista en el artículo 7° de la Constitución, puede ser materia de control mediático, pero la utilización de imágenes que exponen partes íntimas de la querellada no puede considerarse como válida porque no aporta nada a la investigación realizada. No contribuye al desarrollo de la sociedad peruana saber que una o dos bailarinas se hayan dedicado al meretricio. Y sí es más bien indefendible y refutable plenamente que se exponga no sólo el cuerpo desnudo de una persona pública, sino que se la muestre manteniendo relaciones sexuales, con el objeto de alegar un interés del público en una noticia de este tipo. Interés del público no es, ni puede ser, sinónimo de fisgoneo, impertinencia o curiosidad. El elemento objetivo de una noticia difundida a través de un programa de farándula no puede ser admitido en un Estado democrático y social de derecho que desea proteger realmente los derechos fundamentales de la persona.


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Exp. 06712-2005-HC/TC

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lart Yrigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pro uncia la siguiente sentencia.

I. ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Magaly Jesús Medina Vela y por don Ney Guerrero Orellana contra la Resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 6 de julio de 2005, que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos.

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II. ANTECEDENTES

A. Demanda

Con fecha 31 de mayo de 2005, los recurrentes interponen demanda de hábeas corpus contra los miembros de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señores Robinson Gonzáles Campos, José María Balcázar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo, solicitando que se declare la nulidad del proceso penal seguido en su contra hasta la fase de instrucción. Sostienen que acuden al hábeas corpus porque se configura la violación del derecho a la libertad personal por haberse negado la tutela procesal efectiva cuando se vulnera su derecho a la probanza y a la defensa. Consideran que tales transgresiones se produjeron a través de las tres resoluciones judiciales firmes en el proceso penal seguido en su contra (las expedidas en el 2003 por el Trigésimo Noveno Juzgado Penal, en el 2004 por la Sexta Sala Penal Superior y en el 2005 por la Primera Sala Penal Suprema Transitoria). Expresan que se contraviene su derecho a probar puesto que, habiendo presentado testimoniales (tanto del asesor legal del canal como del administrador del mismo), nunca fueron admitidas ni rechazadas por el juez. La importancia de tales medios se centra a en que, antes de emitir el reportaje materia del proceso penal que se siguió en su contra, ellos fueron asesorados por abogados, los cuales les aseguraron que no se afectaba el derecho a la intimidad de la “vedette” con la emisión del mencionado reportaje. Justamente, al no tomarse en cuenta los medios probatorios ofrecidos, consideran que se les ha impedido probar el error de prohibición en sus, actos, cual llevaría no exactamente a la antijuricidad, sino a la exclusión de culpabilidad.

Asumen que tampoco el juez pudo establecer la existencia de tales medios como prueba inútil, pues ésta se configura cuando los hechos alegados no requieren probanza por ser demasiado obvios.

Asimismo, alegan la afectación al derecho a la defensa, pues el juzgador nunca se pronunció sobre el extremo que plantearon como mecanismo de defensa en la declaración instructiva. Éste se refiere a que, al haber propalado un vídeo que probaba la existencia de prostitución ilegal, no se pudo afectar la intimidad de la querellante.

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B. Declaraciones instructivas de los demandados

Con fecha 7 de junio de 2005 se toma la declaración de los cinco vocales demandados, los mismos que niegan los presupuestos del hábeas corpus formulado. Consideran que actuaron dentro del marco de la ley, y como parte de su independencia funcional como jueces. Afirman, además, que la sentencia está debidamente motivada.

C. Resolución de primera instancia

Con fecha 10 de junio de 2005, el Decimotercer Juzgado Penal de Lima declara infundada la demanda por los siguientes motivos:

i. La Ejecutoria Suprema fue expedida dentro de un proceso regular.
ii. Se han respetado las garantías del debido proceso, pues los demandantes contaron con defensa y pluralidad de instancias.
iii. No corresponde aceptar la inhibición planteada por los demandantes, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 52º y por el Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el artículo 305º del Código Procesal Civil. El pedido fue declarado inadmisible.

d. Resolución de segunda instancia

Con fecha 6 de julio de 2005, la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima confirma la sentencia, argumentando que:

i. Con respecto al tema de fondo, lo que pretende la demanda es cuestionar el pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional.

ii. Sí se aprecia en la resolución cuestionada una correcta valoración de los medios probatorios ofrecidos por los demandantes.

iii. La inhibición, por su parte, al no estar permitida en el Código Procesal Constitucional, debe ser declarada improcedente.

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III. DATOS GENERALES

► Violación constitucional invocada

La demanda de hábeas corpus fue presentada por doña Magaly Jesús Medina Vela y por Ney Guerrero Orellana y la dirigen contra los vocales de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señores Robinson Gonzáles Campos José María Balcázar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo. El acto lesivo se refiere a la expedición de la Resolución en el Recurso de Nulidad N.º 301-04, de fecha 28 de abril de 2005, en la cual se declara no haber nulidad en la sentencia de fecha 4 de junio de 2004, la misma que condena a los demandantes a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente por el término de tres años, por la comisión del delito contra la libertad- violación de la intimidad.

► Petitorio constitucional

Los demandantes alegan la afectación de los derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva (artículos 139º, inciso 3, de la Constitución, y 4° del Código Procesal Constitucional) -en correspondencia con la libertad personal (artículo 2°, inciso 24, de la Constitución)-, en lo referido al derecho a probar (artículo 139º, inciso 3, de la Constitución) y al derecho a la defensa (artículo 139º, inciso 14, de la Constitución). Sobre la base de esta vulneración, solicitan lo siguiente:

– Nulidad del proceso penal hasta la fase de instrucción a fin de que se les permita probar el hecho postulado como defensa material.

– Nulidad del proceso penal hasta la fase de instrucción a fin de que el juez penal en la sentencia se pronuncie sobre el argumento de defensa técnica.

► Materias constitucionalmente relevantes

Con el fin de responder correctamente a las inquietudes de los demandantes, y determinar los límites de la independencia de los jueces al momento de determinar sus sentencias, en esta sentencia se desarrollarán los siguientes acápites:

  • ¿Qué implica la utilización del proceso constitucional de hábeas corpus en el presente caso? Por ende,

– ¿Un juez constitucional puede inhibirse?

– ¿Cuándo una resolución puede considerarse firme?

– ¿De qué forma ha de realizarse un análisis de la tutela procesal efectiva?

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  • ¿Se ha llegado a afectar el derecho a probar de los recurrentes? Por lo tanto,

– ¿Cuál es el ámbito constitucionalmente protegido de este derecho?

– ¿La supuesta violación del derecho a la prueba tiene relación directa con la responsabilidad de los recurrentes?

– ¿Cuáles son los elementos de análisis respecto a la supuesta violación de esta parte de la tutela procesal efectiva?

  • ¿Existe alguna vulneración del derecho a la defensa? En tal sentido,

– ¿Cómo se habrá de entender la defensa técnica y en qué sentido se habrá de conectar con un test de razonabilidad?

– ¿Por qué es necesario entender el significado constitucional de los derechos a la información y a la vida privada para resolver este extremo de la demanda?

– ¿De qué manera se inserta la determinación de existencia de prostitución clandestina en el acto ponderativo entre información y vida privada?

  • ¿Qué consecuencias genera la presentación de una demanda como la planteada en el presente caso?

IV. FUNDAMENTOS

1. La presente demanda de hábeas corpus cuestiona la validez del proceso penal llevado a cabo contra los actores por el delito contra la intimidad, prescrito taxativamente en el artículo 154 º del Código Penal. La materia de análisis constitucional versa sobre la declaratoria de responsabilidad de los querellados (ahora demandantes en el proceso constitucional) en sede judicial. La determinación de culpabilidad de los coinculpados se asienta en hechos claramente establecidos que no pueden ser objeto de análisis por parte de este Colegiado, sino que se asumen como válidos, al estar definido su vigor en sede judicial.

El día 31 de enero de 2000, en el programa televisivo Magaly TV, se transmitió un vídeo editado que contenía imágenes que revelaban datos íntimos de doña Mónica Adaro Rueda (querellante en el proceso penal), y se le apreciaba manteniendo relaciones sexuales con una persona de sexo masculino, identificado posteriormente como don Eduardo Martín Arancibia Guevara. Tal reportaje fue anunciado como “Las Prostivedettes”, y fue difundido a través de un canal de televisión de señal abierta. En el curso del proceso penal, se estableció que fueron los querellados, el productor del programa (don Ney Guerrero Orellana) y la conductora del mismo (doña Magaly Jesús Medina Vela), quienes contrataron a la persona que se aprecia en las imágenes para que indujera a la querellante a mantener relaciones sexuales por medios que son objeto del reportaje televisivo. Para el plan de los denunciados se contó con el previo ocultamiento de los dispositivos de filmación y grabación de audio en el ambiente en el cual iban a mantener relaciones sexuales. Sobre la base de estos hechos, y tras la sanción penal de los querellados, son ellos mismos los que acuden ante esta instancia constitucional para que se analice en esta sede si hubo vulneración, o no, de sus derechos fundamentales.

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A. IMPLICANCIAS DE LA UTILIZACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS EN EL PRESENTE PROCESO

1. Según la Constitución, todo acto u om1s1on que vulnere o amenace la libertad personal o algún derecho conexo a ella amerita la presentación de una demanda de hábeas corpus por quien se sienta afectado (artículo 200º, inciso 1). Y, tal como lo prescribe el Código Procesal Constitucional, se considerará como derecho conexo a la libertad personal el referido a la tutela procesal efectiva (artículo 4º).

Por tal razón, es pertinente que se plantee la presente demanda de hábeas corpus sobre la base de una supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela procesal efectiva de los demandantes, por lo que este Colegiado se encuentra habilitado para responder a las inquietudes formuladas sobre la base de un análisis estricto y pro homine de la resolución judicial cuestionada. Sin embargo, existen algunas cuestiones que deben resaltarse y detallarse respecto al análisis jurídico de la formulación de este tipo de hábeas corpus restringido.

[Continúa…]

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