El «derecho a la prueba» según el Tribunal Constitucional [STC 06712-2005-HC]

Esta es una de las sentencias destacadas por el «Compendio de sentencias del TC sobre el debido proceso», elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta publicación tiene el plus de contener los comentarios y análisis del doctor César Landa Arroyo, expresidente del TC, y protagonista de una de las etapas más fecundas en la producción jurisprudencial del Constitucional peruano.

Comentarios del Dr. César Landa Arroyo

Esta resolución del Tribunal Constitucional versa, entre otros aspectos, en los derechos a probar y a la defensa y, por ello, en el derecho a la tutela procesal efectiva, que los demandantes del habeas corpus, Magaly Medina y Ney Guerrero, alegan se han violado con la resolución de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, emitida en el proceso penal seguido en su contra por el delito contra la intimidad en agravio de Mónica Adaro (persona que aparece manteniendo relaciones sexuales con un sujeto en el video transmitido en el programa televisivo Magaly TV). Por motivos de extensión, el presente análisis se restringirá a la manifestación del TC con respecto al derecho a la prueba.

Los demandantes alegan que la violación al derecho a probar se produjo cuando, por un lado, las declaraciones testimoniales de los abogados -a los que realizaron una consulta previa a la emisión del video sobre si la prostitución clandestina (hecho que fue evidenciado con el vídeo) estaba o no tutelada por el derecho a la vida privada y quienes les manifestaron que con la emisión del video no se violaba la intimidad de la “vedette”- ofrecidas como prueba no fueron ni admitidas ni rechazadas por el juez.

Por otro lado, cuando la Corte Suprema calificó dicho “medio probatorio” como una “prueba inútil”, lo que para los recurrentes resulta inoportuno, pues supone adelantar el juicio sobre los medios probatorios ofrecidos en la etapa probatoria cuando este debería tener lugar en la fase de sentencia. Ambas actuaciones les impidieron a los recurrentes, según alegan, probar error de prohibición vencible (artículos 14 y 21 del Código Penal), circunstancia que les hubiera permitido una atenuación de la pena.

Por su parte, el representante del Poder Judicial señala que no se expidió una resolución que admitiera o denegara directamente este medio probatorio debido a la celeridad que el proceso sumario exigía. Asimismo, la Corte Suprema señaló que la declaración de testigos resultaba inconveniente como medio probatorio, pues la acreditación de la existencia de la consulta jurídica favorable no podía cambiar el sentido de la resolución al estar comprobada la malicia calificada con la que actuaron los demandantes.

Al respecto, el Tribunal Constitucional consideró que las testimoniales eran una prueba inútil para acreditar la existencia de error de prohibición; de esta manera, dicho “medio probatorio” solo hubiera comprobado la existencia de una consulta jurídica previa, mas no el error subjetivo de apreciación al momento de cometer el delito. Además, el TC estima que para acreditar la asesoría legal bastaba presentar su informe escrito y que la versión de los recurrentes de que los informes fueron verbales no era creíble.

Por otro lado, el colegiado recalca que el delito comprendido en el artículo 154 del Código Penal establece la prohibición de, primero, la captación de imágenes íntimas, y, segundo, la difusión de las mismas. Por lo tanto, así se hubiese comprobado la existencia de un informe con las declaratorias, debido a que dicho informe versaba únicamente sobre la difusión del video, mas no de la simple captación, la responsabilidad de los demandantes no habría disminuido.

Por último, el TC evidencia que según los artículos 302 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, la oportunidad de ofrecer medios probatorios en un procedimiento de querella es antes de la audiencia (realizada el 28 de enero de 2003), ya que es en ella cuando tendrá lugar su actuación. Entonces, en vista de que la postulación se produjo el 12 de mayo de 2003, varios meses después de la audiencia, lo que correspondía era denegar la admisión de las testimoniales como medios probatorios. En virtud de estos fundamentos el TC determina que la no admisión de las declaraciones era adecuada; consecuentemente, no se había vulnerado el derecho a probar de los demandantes.

Considero que esta decisión se encuentra justificada fundamentalmente en dos contundentes argumentos esgrimidos por el TC. En primer lugar, no se produjo una violación del derecho a probar, ya que las declaraciones testimoniales ofrecidas por los demandantes y con las que se buscaba generar convicción en el juez de la existencia de error de prohibición vencible no cumplían este último objetivo y, por lo tanto, constituían “prueba inútil”.

Esta calificación se justifica en el hecho de que los demandantes intentaban acreditar el error de prohibición (el desconocimiento de la ilicitud) de la difusión del video, mas no del planeamiento y ejecución de la filmación de la intimidad de la agraviada, hecho que no requiere de difusión para configurar como delito. En otras palabras, dado que la mera captación del video constituía delito de violación de la intimidad, los demandantes tendrían que haber ofrecido un medio probatorio para acreditar que no solo desconocían que era delito emitir el video en el programa televisivo, sino que también ignoraban la ilicitud de la obtención del mismo. Entonces, como las declaraciones testimoniales “acreditaban” únicamente el desconocimiento de la ilicitud de la difusión del video, estas “pruebas” devenían en inútiles.

En segundo lugar, el hecho de que los demandantes hayan solicitado la admisión de las testimoniales con posterioridad a la realización de la audiencia, cuando ello tuvo que tener lugar previamente según la norma procesal, es suficiente para que dichas pruebas, en respeto al principio de preclusión, no hayan sido admitidas, pues para ese momento ya había caducado el derecho de exigir su admisión al proceso, en tanto que se habían ofrecido fuera de la oportunidad debida.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. 06712-2005-HC/TC

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lart Yrigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pro uncia la siguiente sentencia.

I. ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Magaly Jesús Medina Vela y por don Ney Guerrero Orellana contra la Resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 6 de julio de 2005, que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos.

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II. ANTECEDENTES

A. Demanda

Con fecha 31 de mayo de 2005, los recurrentes interponen demanda de hábeas corpus contra los miembros de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señores Robinson Gonzáles Campos, José María Balcázar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo, solicitando que se declare la nulidad del proceso penal seguido en su contra hasta la fase de instrucción. Sostienen que acuden al hábeas corpus porque se configura la violación del derecho a la libertad personal por haberse negado la tutela procesal efectiva cuando se vulnera su derecho a la probanza y a la defensa. Consideran que tales transgresiones se produjeron a través de las tres resoluciones judiciales firmes en el proceso penal seguido en su contra (las expedidas en el 2003 por el Trigésimo Noveno Juzgado Penal, en el 2004 por la Sexta Sala Penal Superior y en el 2005 por la Primera Sala Penal Suprema Transitoria). Expresan que se contraviene su derecho a probar puesto que, habiendo presentado testimoniales (tanto del asesor legal del canal como del administrador del mismo), nunca fueron admitidas ni rechazadas por el juez. La importancia de tales medios se centra a en que, antes de emitir el reportaje materia del proceso penal que se siguió en su contra, ellos fueron asesorados por abogados, los cuales les aseguraron que no se afectaba el derecho a la intimidad de la “vedette” con la emisión del mencionado reportaje. Justamente, al no tomarse en cuenta los medios probatorios ofrecidos, consideran que se les ha impedido probar el error de prohibición en sus, actos, cual llevaría no exactamente a la antijuricidad, sino a la exclusión de culpabilidad.

Asumen que tampoco el juez pudo establecer la existencia de tales medios como prueba inútil, pues ésta se configura cuando los hechos alegados no requieren probanza por ser demasiado obvios.

Asimismo, alegan la afectación al derecho a la defensa, pues el juzgador nunca se pronunció sobre el extremo que plantearon como mecanismo de defensa en la declaración instructiva. Éste se refiere a que, al haber propalado un vídeo que probaba la existencia de prostitución ilegal, no se pudo afectar la intimidad de la querellante.

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B. Declaraciones instructivas de los demandados

Con fecha 7 de junio de 2005 se toma la declaración de los cinco vocales demandados, los mismos que niegan los presupuestos del hábeas corpus formulado. Consideran que actuaron dentro del marco de la ley, y como parte de su independencia funcional como jueces. Afirman, además, que la sentencia está debidamente motivada.

C. Resolución de primera instancia

Con fecha 10 de junio de 2005, el Decimotercer Juzgado Penal de Lima declara infundada la demanda por los siguientes motivos:

i. La Ejecutoria Suprema fue expedida dentro de un proceso regular.

ii. Se han respetado las garantías del debido proceso, pues los demandantes contaron con defensa y pluralidad de instancias.

iii. No corresponde aceptar la inhibición planteada por los demandantes, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 52º y por el Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el artículo 305º del Código Procesal Civil. El pedido fue declarado inadmisible.

d. Resolución de segunda instancia

Con fecha 6 de julio de 2005, la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima confirma la sentencia, argumentando que:

i. Con respecto al tema de fondo, lo que pretende la demanda es cuestionar el pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional.

ii. Sí se aprecia en la resolución cuestionada una correcta valoración de los medios probatorios ofrecidos por los demandantes.

iii. La inhibición, por su parte, al no estar permitida en el Código Procesal Constitucional, debe ser declarada improcedente.

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III. DATOS GENERALES

► Violación constitucional invocada

La demanda de hábeas corpus fue presentada por doña Magaly Jesús Medina Vela y por Ney Guerrero Orellana y la dirigen contra los vocales de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señores Robinson Gonzáles Campos José María Balcázar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo. El acto lesivo se refiere a la expedición de la Resolución en el Recurso de Nulidad N.º 301-04, de fecha 28 de abril de 2005, en la cual se declara no haber nulidad en la sentencia de fecha 4 de junio de 2004, la misma que condena a los demandantes a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente por el término de tres años, por la comisión del delito contra la libertad- violación de la intimidad.

► Petitorio constitucional

Los demandantes alegan la afectación de los derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva (artículos 139º, inciso 3, de la Constitución, y 4° del Código Procesal Constitucional) -en correspondencia con la libertad personal (artículo 2°, inciso 24, de la Constitución)-, en lo referido al derecho a probar (artículo 139º, inciso 3, de la Constitución) y al derecho a la defensa (artículo 139º, inciso 14, de la Constitución). Sobre la base de esta vulneración, solicitan lo siguiente:

– Nulidad del proceso penal hasta la fase de instrucción a fin de que se les permita probar el hecho postulado como defensa material.

– Nulidad del proceso penal hasta la fase de instrucción a fin de que el juez penal en la sentencia se pronuncie sobre el argumento de defensa técnica.

► Materias constitucionalmente relevantes

Con el fin de responder correctamente a las inquietudes de los demandantes, y determinar los límites de la independencia de los jueces al momento de determinar sus sentencias, en esta sentencia se desarrollarán los siguientes acápites:

  • ¿Qué implica la utilización del proceso constitucional de hábeas corpus en el presente caso? Por ende,

– ¿Un juez constitucional puede inhibirse?

– ¿Cuándo una resolución puede considerarse firme?

– ¿De qué forma ha de realizarse un análisis de la tutela procesal efectiva?

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  • ¿Se ha llegado a afectar el derecho a probar de los recurrentes? Por lo tanto,

– ¿Cuál es el ámbito constitucionalmente protegido de este derecho?

– ¿La supuesta violación del derecho a la prueba tiene relación directa con la responsabilidad de los recurrentes?

– ¿Cuáles son los elementos de análisis respecto a la supuesta violación de esta parte de la tutela procesal efectiva?

  • ¿Existe alguna vulneración del derecho a la defensa? En tal sentido,

– ¿Cómo se habrá de entender la defensa técnica y en qué sentido se habrá de conectar con un test de razonabilidad?

– ¿Por qué es necesario entender el significado constitucional de los derechos a la información y a la vida privada para resolver este extremo de la demanda?

– ¿De qué manera se inserta la determinación de existencia de prostitución clandestina en el acto ponderativo entre información y vida privada?

  • ¿Qué consecuencias genera la presentación de una demanda como la planteada en el presente caso?

IV. FUNDAMENTOS

1. La presente demanda de hábeas corpus cuestiona la validez del proceso penal llevado a cabo contra los actores por el delito contra la intimidad, prescrito taxativamente en el artículo 154 º del Código Penal. La materia de análisis constitucional versa sobre la declaratoria de responsabilidad de los querellados (ahora demandantes en el proceso constitucional) en sede judicial. La determinación de culpabilidad de los coinculpados se asienta en hechos claramente establecidos que no pueden ser objeto de análisis por parte de este Colegiado, sino que se asumen como válidos, al estar definido su vigor en sede judicial.

El día 31 de enero de 2000, en el programa televisivo Magaly TV, se transmitió un vídeo editado que contenía imágenes que revelaban datos íntimos de doña Mónica Adaro Rueda (querellante en el proceso penal), y se le apreciaba manteniendo relaciones sexuales con una persona de sexo masculino, identificado posteriormente como don Eduardo Martín Arancibia Guevara. Tal reportaje fue anunciado como “Las Prostivedettes”, y fue difundido a través de un canal de televisión de señal abierta. En el curso del proceso penal, se estableció que fueron los querellados, el productor del programa (don Ney Guerrero Orellana) y la conductora del mismo (doña Magaly Jesús Medina Vela), quienes contrataron a la persona que se aprecia en las imágenes para que indujera a la querellante a mantener relaciones sexuales por medios que son objeto del reportaje televisivo. Para el plan de los denunciados se contó con el previo ocultamiento de los dispositivos de filmación y grabación de audio en el ambiente en el cual iban a mantener relaciones sexuales. Sobre la base de estos hechos, y tras la sanción penal de los querellados, son ellos mismos los que acuden ante esta instancia constitucional para que se analice en esta sede si hubo vulneración, o no, de sus derechos fundamentales.

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A. IMPLICANCIAS DE LA UTILIZACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS EN EL PRESENTE PROCESO

1. Según la Constitución, todo acto u om1s1on que vulnere o amenace la libertad personal o algún derecho conexo a ella amerita la presentación de una demanda de hábeas corpus por quien se sienta afectado (artículo 200º, inciso 1). Y, tal como lo prescribe el Código Procesal Constitucional, se considerará como derecho conexo a la libertad personal el referido a la tutela procesal efectiva (artículo 4º).

Por tal razón, es pertinente que se plantee la presente demanda de hábeas corpus sobre la base de una supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela procesal efectiva de los demandantes, por lo que este Colegiado se encuentra habilitado para responder a las inquietudes formuladas sobre la base de un análisis estricto y pro homine de la resolución judicial cuestionada. Sin embargo, existen algunas cuestiones que deben resaltarse y detallarse respecto al análisis jurídico de la formulación de este tipo de hábeas corpus restringido.

§1. La inhibición del juez

2. Primer tema a resolver se refiere a la capacidad del juzgador para intervenir en un pt ceso de hábeas corpus. Al respecto, los demandantes alegan que la jueza de primera instancia del proceso constitucional no es imparcial, pues ha hecho público su punto de vista respecto a los procesados:

La señora magistrada a cargo del proceso ha manifestado una evidente animadversión hacia el presente proceso. Su malestar frente a este proceso y sus partes se evidencia del siguiente dicho: “No me gusta la prensa, no me gusta Magaly, no me gustan los Supremos”, frase que manifestó el día de ayer a horas 8:30 a.m., en la oficina de la secretaría cursora de esta causa y en presencia de la señorita abogada Isela Valdez Savid, quien ejerce conjuntamente el patrocinio de los accionantes[1].

Aun cuando no lo expresen claramente, los recurrentes solicitan que la magistrada se inhiba de seguir conociendo el hábeas corpus incoado.

3. El principal argumento que sostienen está referido a la independencia que debe tener todo juzgador a la hora de resolver un proceso. Sobre la base del artículo 139º, inciso 2 de la Constitución (que garantiza la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional), aducen que no puede aceptarse que un juez pueda emitir juicios de valor sobre las partes de un proceso.

Sin embargo, debe anotarse que, como derecho fundamental, también los principios de la función jurisdiccional tienen límites. Por ello, es necesario determinar si en los procesos de hábeas corpus existe alguna restricción referida a tal principio, pues sólo así se justificaría que se haya determinado la imposibilidad de la inhibición de la magistrada.

4. Razona la propia jueza, cuando emite la sentencia de primera instancia respecto al presente hábeas corpus, que la inhibición planteada no resulta amparable. Se sustenta en lo dispuesto en el artículo 305º del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 52° del Código Procesal Constitucional. Sobre tal base declara inadmisible la inhibición[2] , aunque en segunda instancia se reforma este extremo de la sentencia y se le declara improcedente. Pero ante ello se debe responder a la interrogante acerca de si una solución de este tipo está permitida por las normas procesales sobre la materia.

Por la peculiaridad que tiene el proceso de hábeas corpus, se ha dispuesto la existencia de normas procesales especiales que rijan su desarrollo. El artículo 33º, inciso 2, del Código Procesal Constitucional expresa que:

Este proceso somete además a las siguientes reglas:(…) No caben densas de los jueces ni de los secretarios (…).

Es decir, explícitamente se ha determinado, en aras de la celeridad del proceso de hábeas corpus, que los jueces constitucionales no puedan alejarse del ejercicio de su función jurisdiccional. Por ello, en el presente caso, no correspondía, por incompatible, aplicar el Código Procesal Civil para pedir que la jueza se inhiba -o, excuse, usando la terminología del Código Procesal Constitucional- del conocimiento de la causa.

Por ello, es valedero el pronunciamiento realizado por la jueza al respecto. Lo que no es válido es la utilización de las normas detalladas en su sentencia. Se usan dispositivos previstos explícitamente para el caso del amparo o para procesos civiles, lo cual no puede ser aceptable tomando en consideración que el hábeas corpus, en tanto proceso constitucional y por su carácter de tutela de extrema urgencia, tiene reglas sumamente especiales y plazos muy breves, que han sido claramente determinadas por el legislador.

Por lo tanto, el pedido de inhibición planteado por los reclamantes debe ser declarado improcedente.

5. Conviene en este tramo mencionar qué caminos proporciona el propio Código Procesal Constitucional a las personas que cuestionan la independencia de un magistrado que resolverá un caso en el cual pueden verse perjudicadas.

Según una interpretación oportuna del artículo 33º, inciso 1, del mencionado cuerpo normativo, puede interponer pedido de recusación el propio afectado (o su representante legal). Es decir, los recurrentes tuvieron la capacidad de recusar a la jueza que vio su caso, si es que se consideraban perjudicados con su actuación. De lo que consta en autos, dicho pedido nunca fue realizado.

§2. La firmeza de la resolución

6. Como segundo tema, debe precisarse que se considera como una resolución firme. Ello porque los recurrentes alegan criterios que implicarían una grave desatención respecto a cuáles son los fallos judiciales que pueden ser materia de un proceso constitucional.

A su entender, cada una de las tres resoluciones emitidas en el proceso penal que se siguió en su contra (sentencia condenatoria, sentencia confirmatoria y sentencia no anulatoria) tienen la condición de firmes[3]. Sin embargo, han interpuesto el hábeas corpus tan sólo contra la última de ellas.

Corresponde, entonces, dejar sentado con claridad qué habrá de entenderse por “resolución judicial firme”; más aún si de una explicación errada puede concluirse que contra cualquier sentencia judicial se podría interponer una demanda de este tipo, desnaturalizando la función de control constitucional de este Colegiado, que quedaría convertido en una instancia judicial más.

7. Según el mencionado artículo 4° del Código Procesal Constitucional sólo cabría la presentación de una demanda de hábeas corpus por violación de la tutela procesal efectiva cuando existe una “resolución judicial firme”.

La firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, sólo cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control constitucional. Por lo tanto, la inexistencia de firmeza comporta la improcedencia de la demanda que se hubiese presentado, tomando en cuenta la previsión legal expresada en el mencionado código.

Por ende, ni la sentencia emitida por el Trigésimo Noveno Juzgado Penal, ni la emitida por la Sexta Sala Penal Superior de Lima en el proceso penal seguido por delito contra la intimidad, podrán considerarse firmes. Sí lo será la emitida en la Corte Suprema y es solamente contra ella que se entenderá presentada la demanda de hábeas corpus.

§3. El control constitucional de la tutela procesal efectiva

8. La tutela procesal efectiva como derecho protegible dentro del ordenamiento constitucional tiene un claro asidero en el artículo 4 º del Código Procesal Constitucional, reconduciendo y unificando lo dispuesto en el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución, pues en éste se incluye separadamente el derecho al debido proceso y a la tutela judicial.

La presente demanda de hábeas corpus se ha planteado sobre una supuesta vulneración de dos derechos-reglas pertenecientes a un derecho-principio más amplio. Se alega que se ha violado el derecho a probar y el derecho a la defensa técnica, pero ambos como ámbitos de la tutela procesal efectiva.

9. Con relación a ello, es un hecho sin duda significativo que la jurisdicción ordinaria, cuando resuelve un proceso constitucional -y así ha sucedido en el presente hábeas corpus- enfatice que se ha respetado irrestrictamente el derecho a la tutela procesal efectiva aduciendo, casi siempre invariablemente, la regularidad en la tramitación del proceso. No se hace uso de argumentos constitucionales, sino, tautológicamente, de fórmulas propositivas que reiteran que el cuestionado es un proceso regular que, precisamente, está siendo criticado por el supuesto incumplimiento irrestricto de su regularidad.

En el caso de autos, los vocales demandados señalan que la causa penal la resolvieron dentro de los límites y formalidades que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial[4] , que su decisión es correcta desde el punto de vista sustantivo penal[5] , y que no han violentado derecho o garantía constitucional alguno que amenace la libertad[6] . Adicionalmente, manifiestan que:

Este fallo fue recurrido (respeto a la pluralidad de instancias) y el caso llegó hasta la Corte Suprema, de modo que tampoco se produjo la afectación a la ‘defensa procesal’ como lo denomina la contraria. Pese a ello, ¿cuál es su pretensión?: ¡la nulidad del proceso! ¿No existe acaso el recurso previsto en el ordenamiento procesal ordinario? ¿No han hecho valer, los demandantes, los medios impugnatorios contra las sentencias?[7].

Este Tribunal estima imperativo advertir que estos problemas de argumentación no solamente quedan a nivel de los demandados, sino también se presentan en las r soluciones emitidas por los magistrados constitucionales. El juez de primera instancia señala también que “la Ejecutoria Suprema se ha expedido en el ámbito de un proceso regular”, toda vez que su pretensión es una valoración jurídica de los hechos materia del recurso de nulidad, y de esta forma los juzgadores llegaron a la plena convicción de la responsabilidad de los acusados[8] . La Sala Superior, por su parte, respecto a la sentencia impugnada, precisa que:

( … ) se aprecia que tal pronunciamiento judicial ha sido producto de un proceso penal regular seguido en su contra, al interior del cual tuvieron la posibilidad de ejercer todo el conjunto de derechos y facultades con las que se hallaban investidos a fin de demostrar su inocencia y en el cual no se advierte vulneración alguna a sus derechos como alegan ( … )[9].

De ello que se puede observar que, tanto los demandados como los1 juzgadores judiciales han determinado que no se ha afectado de la tutela procesal efectiva por considerar que el proceso ha sido llevado de manera regular, respetándose el derecho a la defensa o la pluralidad de instancias. Sin embargo, no se realiza argumentación alguna del por qué el examinador llega a esta conclusión.

[Continúa…]

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[1] Escrito del abogado de los demandantes del hábeas corpus (fs. 142, 43 del Expediente).

[2] Sentencia del Decimotercer Juzgado Penal de Lima en el proceso de hábeas corpus (fs. 165 del Expediente).

[3] Claramente establecido en la Demanda de hábeas corpus (fs. 7 del Expediente).

[4] Toma de declaración de los vocales supremos, señores Pastor Adolfo Barrientos Peña (fs. 119 del Expediente), Hugo Príncipe Trujillo (fs. 123 del Expediente) y José María Balcázar Zelada (fs. 126 del Expediente).

[5] Toma de declaración de vocal supremo César Javier Vega Vega (fs. 125 del Expediente).

[6] Toma de declaración de vocal supremo Robinson Octavio Gonzales Campos (fs. 122 del Expediente).

[7] Apersonamiento y absolución de traslado de la demanda de hábeas corpus por parte del Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial (fs. 160 del Expediente).

[8] Sentencia del Decimotercer Juzgado Penal de Lima en el proceso de hábeas corpus (fs. 166, 167 del Expediente).

[9] Sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima en el proceso de hábeas corpus (fs. 231 b, 232 del Expediente).