¿El derecho penal debe intervenir ante una falsificación de firma en una contratación con el Estado?

El derecho penal sí podría intervenir ante una falsificación de firma en el marco de una contratación con el Estado. En un escenario así, el Tribunal de Contrataciones del Estado debe informar al Ministerio Público sobre la falsificación, para que actúe según sus atribuciones.

Falsificar documentos es un delito tipificado en el artículo 427 del Código Penal, por lo tanto, el Ministerio Público podría buscar una pena para el responsable. LP Pasión por el Derecho accedió a la Resolución 0083-2025-TCE-S6

El caso: empresa presenta documento falso en un procedimiento de contratación con el Estado

Una empresa presentó un documento falso en un procedimiento de contratación con el Estado. En ese documento se consignaba la firma de una persona como gerente, pese a que realmente nunca firmó.

El propio gerente declaró no haber firmado el documento. Su manifestación fue crucial para que el Tribunal de Contrataciones del Estado determinara que el documento era falso.

En consecuencia, la empresa fue inhabilitada definitivamente. Es decir, ya no podría contratar con el Estado nunca más.

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El tribunal informó al Ministerio Público sobre la falsificación de la firma

El tribunal indicó que debía comunicarle al Ministerio Público la falsificación del documento, de acuerdo al artículo 267 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Después de ser comunicado al respecto, el Ministerio Público debía actuar de acuerdo a sus competencias.

Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 267. Notificación y vigencia de las sanciones

267.5. En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas procesales que se remiten para tal efecto.

El tribunal debía enviarle al Ministerio Público una copia de la resolución donde inhabilitó a la empresa y los folios. Esos documentos serían las piezas procesales claves sobre las que se sustentarían las acciones penales.

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