Alumnos de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) denunciaron a su casa de estudios por presuntas irregularidades en procesos administrativos.
Los estudiantes aseguran que las clases quedaron paralizadas y un amplio grupo de profesores renunciaron por falta de pagos.
Además, indican que pagaron por la entrega de sílabos y certificados de estudios, pero hasta la fecha no han recibido documentación alguna, según el portal La Contra.
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Solicitan intervención
Durante el inicio del semestre 2024, según los estudiantes, la plataforma virtual de la universidad tuvo problemas técnicos que provocó que los universitarios no puedan registrar sus reclamos o visualicen sus notas.
En este contexto, destacaron se quedaron sin clases ya que los profesores empezaron a renunciar alegando que no percibían de la remuneración mensual.
Estos inconvenientes reportados generó que un amplio grupo de alumnos opte por trasladarse a otra universidad. Sin embargo, la UPAL no habría remitido los documentos necesarios para que se efectúe el traslado correctamente, a pesar de haberse pagado por los trámites administrativos.
Ante la falta de respuesta de la casa de estudios, los jóvenes optaron por formalizar su reclamo ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), encargada de la fiscalización de instituciones universitarias.
No obstante, la entidad les habría respondido que la denuncia no procede puesto que el encargado de presentar las quejas correspondientes es la Defensoría Universitaria.
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Críticas recaen sobre directiva
En la página oficial de la UPAL, el defensor universitario es el funcionario Ronald Valdivia Lau, pero según los propios estudiantes el supuesto defensor dejó de laborar en la institución por el caos financiero: un caso similar a demás autoridades de la universidad.
Según reporta el medio citado, José Eduardo Castillo, vicepresidente del directorio de la UPAL habría sido el único que se ha comunicado con los jóvenes para llegar a una solución del conflicto.
Sin embargo, en las reuniones establecidas con el funcionario no se llegó a ninguna conclusión que favoreciera a los universitarios. Posteriormente, la UPAL emitió un comunicado alegando que las clases iniciarían este 30 de septiembre.
La Fiscalía decidió iniciar investigación preliminar al funcionario de la casa de estudios, Castillo y a otros directivos de la empresa Blanco Saf por el delito de presunta organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas y estafa, según el reportaje de La Contra.