Hackers vulneraron la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía en un grave hackeo que derivó en la filtración de información reservada en Telegram.
Entre lo difundido figuran planes de seguridad de la presidenta Dina Boluarte y de expresidentes como Vizcarra, Merino y Sagasti, con detalles sobre medidas de protección y acciones ante un eventual atentado.
¿Qué delito cometieron los hackers al hackear la base de datos de la Policía? LP conversó con abogados penalistas.
Ley de Delitos Informáticos – Artículo 2. Acceso ilícito
El que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema informático, o se excede en lo autorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa.
Si el agente accede deliberada e ilegítimamente, en todo o en parte, al sistema informático vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días-multa.
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Miguel Ángel Pastor Calderón, abogado procesalista
El abogado procesalista Miguel Ángel Pastor Calderón señaló que los hackers habrían cometido el delito de acceso ilícito a sistemas informáticos, previsto en el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, al vulnerar las medidas de seguridad de la Dirección de Inteligencia de la PNP.
Para Pastor Calderón, el caso se vuelve más grave porque los datos no solo fueron hackeados, sino también ofrecidos en venta, lo que agrava la situación según el artículo 11 de la misma norma.
En este caso se configura un acceso ilícito a datos y sistemas informáticos, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. La pena por este delito agravado puede llegar a 8 años de pena privativa de libertad, explicó el procesalista.
Pastor Calderón advirtió a las cibernautas que no descarguen, compartan ni difundan la información filtrada, pues se les podría vincular con los hackers.
No es recomendable descargar, compartir y/o difundir la información porque pueden vincular a las personas que lo realizan con la presunta organización criminal que ejecutó el delito de acceso ilícito, precisó Miguel Ángel Pastor Calderón.
Ricardo Elías Puelles, abogado penalista
El penalista Ricardo Elías Puelles señaló que los hackers habrían cometido el delito de acceso ilícito a sistemas informáticos previsto en el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, al acceder a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la PNP sin autorización.
Advirtió que el hackeo se agrava porque se comprometió la seguridad nacional al publicar los planes de protección a la presidenta Dina Boluarte y a los expresidentes Vizcarra, Merino y Sagasti. Este agravante está configurado en el artículo 11 de la Ley de Delitos Informáticos.
Estaríamos frente a una modalidad de acceso ilícito con vulneración de medidas de seguridad. Y además en la figura agravada, porque el hackeo comprometió aspectos vinculados a la seguridad nacional y demás, explicó el penalista.
Además, Ricardo Elías Puelles señaló que quienes venden esa base de datos en redes como Telegram podrían enfrentar el delito de tráfico ilegal de datos, previsto en el artículo 154-A del Código Penal, pues el hackeo obtuvo información de manera ilícita y luego distribuida. Precisó que la pena va entre los dos y cinco años.
Aquellas personas que están vendiendo estos datos, por ejemplo, en los grupos de Telegram, incurren en el delito de tráfico ilegal de datos, previsto en el artículo 154-A del Código Penal. Y si es una organización criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal: cinco años, precisó Ricardo Elías Puelles.
Felipe Salas Zegarra, abogado penalista
El penalista Felipe Salas Zegarra indicó que quienes cometieron el hackeo habrían cometido dos delitos: acceso ilícito a sistemas informáticos, previsto en el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, al acceder a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la policía.
Además, del delito de interceptación de datos informáticos, regulado en el artículo 7 de la misma norma, debido a que se comprometió la seguridad nacional al filtrarse documentos de inteligencia de la policía.
Estas personas que cometieron el hackeo podrían verse inmersas en un concurso real de delitos entre el delito de acceso ilícito, segundo párrafo, con penas que oscilan entre los 3 y 6 años de pena privativa de la libertad, y el delito de interceptación de datos informáticos (artículo 7), tercer párrafo, con penas entre ocho y diez años por comprometer la seguridad nacional, explicó el penalista.
Felipe Salas Zegarra aclaró que la ley no sanciona penalmente a quienes solo reciben y comparten la información filtrada tras el hackeo, porque la ley solo sanciona a quien obtiene los datos de forma ilícita. Precisó que estos delitos se incorporaron en la Ley de delitos informáticos para hacer frente al crimen informático.
No está contemplada la responsabilidad penal para quien de forma pasiva recibe esta información y la difunde a terceros. La Ley 30096 incluyó estos tipos penales informáticos, sin embargo, las fiscalías encargadas de perseguir estos casos hoy se ven rebasadas por el alto índice delincuencial informático, precisó Felipe Salas Zegarra.
