[Corte IDH] Esclavitud y servidumbre: sustraer a menores de una comunidad durante una masacre para obligarlos a trabajar tiene un impacto en su integridad física [Masacres de Rio Negro vs. Guatemala

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Fundamento destacado: 150. De las declaraciones rendidas ante instancias internas y ante este Tribunal, es claro que las personas que fueron sustraídas de la comunidad de Río Negro durante la masacre de Pacoxom y que fueron obligadas a trabajar en casas de patrulleros de las autodefensas civiles han sufrido un impacto agravado en su integridad psíquica cuyas consecuencias se mantienen hasta el día de hoy. Por tanto, tomando en cuenta el reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte considera que Guatemala es responsable de la violación de los derechos reconocidos en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 6, 17 y 1.1 de la misma, en perjuicio de María Eustaquia Uscap Ivoy. Asimismo, el Estado es responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención, en relación con los artículos 6, 17, 19 y 1.1 de la misma, en perjuicio de Agustín Chen Osorio, Celestina Uscap Ivoy, Cruz Pérez Osorio, Froilan Uscap Ivoy, Jesús Tecú Osorio, José Osorio Osorio, Juan Chen Chen, Juan Chen Osorio, Juan Pérez Osorio, Juan Uscap Ivoy, Juana Chen Osorio, Pedro Sic Sánchez, Silveria Lajuj Tum, Tomasa Osorio Chen, Florinda Uscap Ivoy y Juan Osorio Alvarado.


CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO MASACRES DE RÍO NEGRO VS. GUATEMALA

SENTENCIA DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el Caso Masacres de Río Negro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces y Juezas:

Diego García-Sayán, Presidente;
Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
Alberto Pérez Pérez, Juez, y
Eduardo Vio Grossi, Juez;

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 41, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

[Continúa…]

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