El congresista Elías Varas Meléndez presentó, este 18 de junio, una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso contra seis integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los presuntos delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de proceso en trámite.
La denuncia, que solicita la destitución de los miembros, fue interpuesta contra Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval. Esta medida se basa en los siguientes fundamentos:
Interpongo denuncia constitucional por infracción constitucional al artículo 38, 51, 139 numeral 2 y 158 de la Constitución Política del Perú, y por los delitos de usurpación de funciones y de avocamiento ilegal de proceso en trámite, regulado por los artículos 361 y 410 del Código Penal.
El congresista sustenta la denuncia en la Resolución 231-2025-JNJ, emitida el 12 de junio por el Pleno de la JNJ, mediante la cual se declaró la nulidad de oficio del procedimiento disciplinario seguido a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Esta decisión retrotrae dicho procedimiento a una etapa anterior a la emisión del Informe de Instrucción 063-2024-LIN-JNJ, elaborado por la exmiembro Luz Inés Tello de Ñeco.
Varas sostiene que la JNJ carece de competencia para revisar de oficio actos ya concluidos sin mandato judicial, y que dicha resolución representa un avocamiento indebido de un proceso en trámite ante el Poder Judicial. Para ello, cita la existencia del proceso de amparo 06870-2024-0-1801-JR-DC-10, promovido por Benavides contra la JNJ, lo que impediría un pronunciamiento administrativo simultáneo sobre el fondo del asunto.
Asimismo, señala que la medida adoptada por la JNJ viola el artículo 158 de la Constitución, el cual reconoce a la Junta de Fiscales Supremos como el máximo órgano del Ministerio Público. En ese marco, cuestiona que se haya dispuesto una reincorporación al cargo de fiscal de la Nación sin la participación ni decisión de dicho órgano.
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Como parte de los medios probatorios, Varas adjunta el pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, del 16 de junio de 2025, en el que se solicita a la JNJ respetar las competencias del Ministerio Público y actuar con mayor transparencia. También incorpora como sustento una comunicación formal del miembro Francisco Távara Córdova, quien informó que no participó en la votación de la resolución anulada y que, por tanto, no se alcanzó la unanimidad requerida para decisiones de esta naturaleza.
En la misma fecha, el congresista Alfredo Pariona presentó una denuncia constitucional adicional contra todos los miembros de la JNJ, solicitando su inhabilitación por diez años para ejercer función pública. Su argumento se basa en una presunta infracción constitucional derivada de la decisión de reincorporar a Benavides sin competencia para ello.