El Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura logró que se condene a cinco años de prisión suspendida a Juan Álvarez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, por el delito de peculado doloso.
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El alcalde fue sentenciado por hechos ocurridos entre los años 2017 y 2018, periodo en que ejerció el mismo cargo edil. Durante esas fechas, su gestión recibió provisionalmente la administración de los servicios higiénicos recién construidos como parte de un proyecto turístico integral ejecutado por el Gobierno Regional de Lima.
Según la investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Steefanny Cherres Pacora, el alcalde entregó, directamente y sin aprobación del Concejo Municipal, la administración de dichos servicios higiénicos a favor de terceros, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) establece que los bienes municipales pueden ser cedidos en uso solo por acuerdo del Concejo Municipal.
La representante del Ministerio Público acreditó que dichos particulares lucraron con los servicios higiénicos, desde el alquiler de los baños y duchas hasta la venta de productos, no habiendo sido autorizados documentalmente para el uso del bien mediante algún contrato o resolución respecto a la concesión en uso o arrendamiento de dichos bienes.
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La Municipalidad de Chancay tampoco recibió alguna contraprestación (renta municipal) proporcional a la utilización de estos, lo que constituye un perjuicio económico para la entidad edil. En tal sentido, el alcalde benefició durante varios años a los particulares, con quienes mantenía un vínculo de amistad, infringiendo sus deberes funcionales de defender y cautelar los derechos e intereses del Estado.
La sentencia alcanza también a dos personas que se vieron favorecidas con el actuar ilícito del alcalde: Julia Romero y Olinda Martínez, quienes fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida. Junto con el alcalde, deberán pagar una reparación civil de S/ 15 000 a favor del Estado.
Con estos resultados, el Ministerio Público ratifica su firme compromiso de perseguir e investigar todos los delitos que afecten los recursos públicos, a fin de cautelar su buen uso y lograr sanciones efectivas para los funcionarios penalmente responsables de delitos de corrupción.
Con información del Ministerio Público Fiscalía de la Nación
