Pronunciamiento del CAL tras allanamiento a un estudio jurídico: «No existe el delito de defensa»

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A continuación, les dejamos el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima, liderado por la decana María Elena Portocarrero Zamora.


COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

PRONUNCIAMIENTO

Ante los últimos acontecimientos que se están dando en el país derivados de actos de corrupción que afectan su gobernabilidad y el Estado de Derecho, expresamos ante las autoridades y la opinión pública lo siguiente:

1. El Colegio de Abogados de Lima es respetuoso de las instituciones y la independencia de Poderes, por lo que rechazamos todo acto que limite o ponga en riesgo el desempeño de sus funcionarios, así como también expresamos nuestra denuncia ante cualquier exceso que se ejecute al margen de los procedimientos establecidos en las normas legales que lo sustentan.

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2. Defendemos de manera irrestricta dentro del marco de la ley el ejercicio de la profesión de la abogacía, por lo que rechazamos toda actuación o decisión de las autoridades que limiten al abogado su labor de defensor.

3. En tal razón exhortamos a las autoridades jurisdiccionales y fiscales el cumplimiento estricto de la ley, sin intervención ajena y con total autonomía, sin actos que pongan en tela de juicio el desempeño y sus decisiones conforme a derecho.

4. Corresponde en esta ocasión recordar a las autoridades que son parte del sistema de justicia que no existe en nuestro ordenamiento constitucional y legal el concepto de ‘presunción de culpabilidad’ y menos aún en el derecho internacional, por lo que una vez más les hacemos saber, en salvaguarda de la función honorable que le es propia a la abogacía, que no existe el delito de defensa.

5. Preocupa a nuestra institución el clima de violencia y enfrentamientos que se está produciendo en el país, con actos que pueden ser aprovechados por quienes no creen en el sistema democrático y pretenden más bien debilitar sus instituciones, más aun cuando estamos ad portas del proceso de referéndum que ha sido convocado por el supremo gobierno.

6. En consecuencia, invocamos a todos los sectores de la sociedad, principalmente a nuestras autoridades, a guardar con serenidad y ponderación el respeto e independencia de los poderes públicos, así como la sujeción al debido proceso, la presunción de inocencia, salvaguardando las garantías constitucionales que todo ciudadano tiene y cuyo sustento es la base de la democracia y el Estado de Derecho.

Lima 20 de noviembre del 2018

María Elena Portocarrero Zamora
Decana

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