Compartimos con ustedes una entrega más del microprograma «Al derecho y al revés». En esta ocasión, Romy Chang Kcomt, docente de derecho penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos explica la sanción penal por el delito de cohecho en sus diversas modalidades. No dejen de ver el vídeo.
¿Cómo se sanciona el delito de corrupción de funcionarios?
Es imposible que un Estado progrese si constantemente se ve azotado por las terribles y negativas consecuencias que se derivan de la corrupción. Esa es la razón por la que los delitos de corrupción se castigan en nuestro país con penas bastante severas. Para que la situación cambie y nuestro Estado progrese no es suficiente con regular normas que establezcan castigos para los corruptos. Es indispensable que todas y todos contribuyamos en la lucha anticorrupción y tengamos muy en claro lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un acto de corrupción.
Son muchas las figuras contempladas por el legislador para sancionar la corrupción. Hoy nos enfocaremos en la figura más frecuente, es decir, en la que abarca todos los actos de corrupción de funcionarios o los denominados por nuestro Código Penal actos de cohecho.
¿Cómo se configura un delito de corrupción de funcionarios?
En estos delitos se sanciona tanto al funcionario del Estado, funcionario público, que acepta o solicita el pago de un beneficio económico indebido (lo que comúnmente llamamos «coima»), como al ciudadano que ofrece o acepta pagar dicha coima al funcionario del Estado. Se contempla sanciones que pueden llegar, para el funcionario público, hasta los ocho años de cárcel, y, para el ciudadano que ofrece o acepta pagar la coima, de hasta los seis años de prisión.
Debemos tomar en cuenta que todo funcionario del Estado se encuentra en la obligación de realizar sus funciones conforme a lo establecido en la ley. Está estrictamente prohibido que el funcionario acepte o pida una coima para realizar o dejar de realizar un acto en violación de sus obligaciones.
También se sancionarán como actos de corrupción los casos en los que, si bien el funcionario cumple con sus obligaciones, solicita o acepta una coima por ello; o condiciona la realización de sus funciones al pago de la misma. Ello debido a que un funcionario público siempre debe actuar conforme con la ley y nunca debe supeditar la realización de su trabajo al pago de una ventaja económica indebida.
El particular o ciudadano que aceptase entregar una coima a un funcionario público u ofreciere entregarle una para que cumpliese con sus funciones o realizara, o dejara de realizar, un acto en contra de estas también será sancionado penalmente por el delito de corrupción, por haber impedido con su comportamiento el progreso y desarrollo de nuestra sociedad.
Por ejemplo, si producto de un operativo policial, un policía encontrase a una persona manejando en estado de ebriedad y esta le ofreciera la entrega de 50 soles a cambio de que la dejase ir sin sanción alguna, cometería un acto de corrupción, que agravaría la falta cometida con el hecho de manejar en ebriedad. Así, pasaría de ser sancionada por un delito que contempla una pena máxima de dos años, delito de manejar en estado de ebriedad, a ser sancionada por un delito de corrupción de funcionarios, que contempla una pena de hasta 6 años de cárcel. En este caso, por tratarse de un delito flagrante, la persona sería inmediatamente detenida, y procesada por un delito de corrupción.
Recuerda que cuando hablamos de coima o ventaja económica indebida no hacemos referencia únicamente a al pago de un monto de dinero; sino también a cualquier donativo, promesa, ventaja, o beneficio a favor del funcionario público; lo que incluso podría abarcar la entrega de regalos especiales como joyas, botellas de licor, viajes de placer, vacaciones pagadas o cualquier otro beneficio que la ley no contemple como requisito para que el funcionario cumpla con su labor.
Es más, si el funcionario público que solicitase o recibiese el beneficio indebido fuese juez, fiscal perito, árbitro o miembro de un tribunal administrativo, como el tribunal de Indecopi, la pena por el delito de corrupción se agravaría, pudiendo llegar a los 15 años de prisión.
De igual modo, si el ciudadano ofreciese o entregase un beneficio ilícito a estas personas, el máximo de la pena aumentaría de 6 a 8 años de cárcel. Por ello, si algún funcionario público te ofreciese hacer su trabajo o dejar de realizar el mismo, a cambio de un beneficio ilícito, denúncialo y contribuye con el progreso y desarrollo de nuestro país.
La transformación del Perú depende de nosotras y de nosotros.
