Este jueves 5 de diciembre, desde el mediodía, tiene lugar la elección del nuevo presidente del Poder Judicial (PJ) del periodo 2025-2026. Para ello, los 18 jueces supremos se reunirán en el Salón de Acuerdos de Palacio de Justicia para votar entre los tres candidatos: Janet Tello Gilardi, Carlos Arias Lazarte y Manuel Luján Túpez.
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De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente del PJ es elegido entre los vocales supremos por mayoría absoluta. Sin embargo, si ninguno de los candidatos consigue esta votación, se pasará a una segunda ronda entre los candidatos más votados. En caso de empate, asumirá el candidato de mayor antigüedad.
Ejes de gestión
El magistrado Manuel Luján Túpez inició con la ronda de exposiciones con un diagnóstico institucional. Entre los puntos abordados, se encontraron la sobrecarga procesal, la desconfianza ciudadana, la provisionalidad de los jueces que afecta la estabilidad y calidad de sus decisiones, las bajas remuneraciones del personal jurisdiccional y administrativo, las deficiencias en infraestructura y tecnología y las barreras que enfrentan las poblaciones vulnerables para acceder a la justicia.
En cuanto a sus propuestas de gobierno, planteó dentro de sus pilares la autonomía sostenible del Poder Judicial, promoviendo un pacto social por la justicia y el financiamiento pleno e independiente de esta institución.
Respecto al uso de tecnologías, propuso la implementación de inteligencia artificial para optimizar filtros procesales y apoyar en la formulación de criterios judiciales, además de la adquisición de software especializado. También prometió mejoras salariales, el fortalecimiento de la imagen institucional y un enfoque en la misión del Poder Judicial, junto con una mejora en el trato tanto interno como externo hacia los usuarios del sistema.
Mira la presentación del juez Manuel Luján Túpez aquí.
Por su parte, la magistrada Janet Tello Gilardi presentó un plan de trabajo centrado en cuatro áreas estratégicas: el liderazgo del Poder Judicial, la gestión jurisdiccional y de servicios judiciales a nivel nacional, el soporte administrativo para optimizar la labor institucional, y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación.
Estas áreas fueron diseñadas para responder a problemáticas como la insuficiente articulación con otras instituciones del sistema de justicia y la falta de defensa efectiva para jueces y magistrados cesantes, entre otros.
Tello informó su intención de modernizar la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la promoción de iniciativas legislativas que mejoren el sistema de administración de justicia, y el desarrollo de estrategias de comunicación para reforzar la imagen y unidad. Además, propuso implementar una Secretaría Técnica encargada de canalizar casos al Procurador del Poder Judicial, garantizando acciones legales en defensa de los jueces.
Asimismo, propuso el uso de tecnología para optimizar los procesos judiciales y garantizar servicios más eficientes.
Mira la presentación de la jueza Janet Tello aquí.
Descarga el plan de gobierno judicial de la jueza Janet Tello aquí.
En cuanto al magistrado superior Carlos Arias Lazarte, su plan de gobierno identificó como problemáticas la creciente injerencia política sobre los jueces y la sobrecarga procesal. A partir de este diagnóstico, planteó ejes de transformación destinados a garantizar la independencia judicial, mejorar los procesos y fortalecer la institución mediante la innovación tecnológica, así como un modelo de justicia abierta.
Entre sus propuestas está la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), el desarrollo de inteligencia artificial para optimizar la gestión de los despachos judiciales y la presentación de proyectos legislativos, como la reforma del proceso civil oral y el proceso judicial electrónico.
Además, abordó la importancia de no dejar plazas judiciales sin titularidad, exigiendo su pronta convocatoria y remisión a la Junta Nacional de Justicia. Propuso, asimismo, replantear los órganos jurisdiccionales transitorios y potenciar el uso de plataformas web para mejorar los servicios judiciales.
El plan incluye trabajar con enfoques de interculturalidad, género, acceso a la justicia y justicia ambiental, asegurando que el sistema judicial sea más inclusivo y accesible para todos los sectores de la sociedad. Finalmente, planteó la creación de nuevas unidades de flagrancia.
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