El miércoles 25, en conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, anunció que la Cancillería será la entidad encargada de formar la comisión que evaluará la permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Según Alcántara, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ya trazó la ruta para la conformación del grupo de trabajo. Por ello, indicó que, por competencia, dicha labor corresponde exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la conferencia, declaró:
Hoy a través de un informe del sector se ha trazado cuál es la ruta para la formación de la Comisión que evaluará la posibilidad de que Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se ha establecido que por competencia le corresponde al sector de Relaciones Exteriores por ser una competencia indelegable de ese sector.
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La propuesta fue inicialmente planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el pasado 12 de junio, durante su pedido de confianza al Congreso. En esa ocasión, Arana sostuvo que la evaluación del retiro del Perú del sistema interamericano es un tema de interés para el Parlamento y la ciudadanía:
Como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el primer organismo tiene sede en Washington (Estados Unidos), y la Corte IDH en San José de Costa Rica.
Al respecto, la CIDH, por medio de un comunicado emitido en el mes de mayo, expresó preocupación por la Ley 32301, que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
En ese pronunciamiento, la CIDH advirtió que dichas modificaciones podrían afectar derechos fundamentales. El organismo señaló posibles riesgos para la libertad de asociación, de expresión y el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos. Además, advirtió de la posibilidad de que diversos grupos pierdan su representación legal:
La Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida por parte de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo de pueblos indígenas, defensoras de mujeres y personas LGBTI, así como de representantes de víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos, ante el impacto que la implementación de esta nueva ley tendría sobre sus actividades de defensa de derechos humanos, incluyendo la posibilidad de perder su representación legal.
