El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó un dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, a través de un comunicado emitido este jueves 13 de junio, que busca modificar la Ley 27692 que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Según la entidad, esta modificación vulnera las libertades de opinión y expresión al no diferenciar entre organismos no gubernamentales que realizan activismo político y aquellos que proponen soluciones estructurales.
Además, afirma que ya existen mecanismos de supervisión para los fondos administrados por las ONG.
El pronunciamiento respalda la preocupación expresada por 16 embajadas en el Perú sobre el posible riesgo de debilitar la democracia, ello al «afectar la representatividad de la sociedad civil a través de su participación asociativa sin fines de lucro».
Matricúlate: Curso de redacción de documentos administrativos y de gestión pública (domingos). Un libro gratis hasta 18 JUNIO
Esta inquietud surge por la posibilidad de restringir el derecho a la libre asociación de las organizaciones no gubernamentales.
Comunicado 019-2024/CAL
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
CAL SE PRONUNCIA CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APCI POR VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES
El Colegio de Abogados de Lima rechaza el dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que modifica la ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, con la finalidad de fortalecer el trabajo de dicha institución y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.
Al respecto, el dictamen vulnera las libertades de opinión y expresión y constituye una censura indirecta al no diferenciar a que tipo de organismos no gubernamentales se desea fiscalizar; en ese sentido la propuesta legislativa no hace diferencia entre las ONG que desarrollan activismo político y las que plantean soluciones estructurales. Asimismo, vulnera el derecho a libre asociación, lo cual restringiría la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio.
Finalmente, ya existen mecanismos de supervisión de los fondos que administran las ONG; a toda persona incluidas las personas jurídicas, entre ellas las ONG que se aprovecha indebidamente de algún beneficio tributario le corresponde a la SUNAT fiscalizarlo, y las ONG son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF; y en caso de cometer algún delito civil o penal, serán sujetos a un debido proceso en el fuero correspondiente.
Es en ese sentido, que respaldamos el comunicado firmado por 16 embajadas en el Perú, que alerta el peligro de afectar la democracia en el país, al debilitar la representatividad de la sociedad civil a través de su participación de forma asociativa sin fines de lucro.
