La ex primera ministra, Betssy Chávez, anunció que interpondrá una acción de amparo ante el Poder Judicial con el objetivo de regresar a su escaño en el Congreso. Según señaló, su caso permitirá sentar un precedente, tal como ocurrió en el Tribunal Constitucional (TC) cuando este ordenó su excarcelación.
En conversación con Exitosa, Chávez cuestionó la forma en que se mantiene su condición de congresista y adelantó que buscará revertir la medida a través de la vía constitucional. Tras ser consultada sobre la negativa del Congreso por aceptarla como asesora, debido a que su suspensión no anula su condición de legisladora, expresó:
Ahora resulta que sí soy congresista. Me han quitado todo, hasta mi seguro de salud y ahora sí soy congresista. No hay problema, trabajaré en el sector privado y voy a mandar una acción de amparo.
Eso sí les adelanto, en una acción de amparo vamos a resolver esto, así como he generado el precedente ‘Betssy Chávez’, se llama, en el Tribunal Constitucional. No es un precedente a mi favor sino para para que toda persona en el país no pueda estar en prisión sin un mandato judicial vigente.
Días atrás, el presidente del Congreso, José Jerí, señaló que Chávez no puede ser contratada como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez debido a su condición de congresista suspendida. En esa línea, la Asesoría Legal del Departamento de Recursos Humanos del Congreso precisó en un documento remitido al jefe del Área de Administración de Personal la «incompatibilidad» de su contratación.
Sobre este punto, Jaime Ruddy Gonzáles, jefe del área, indicó que la suspensión vigente «no tiene como efecto que haya perdido la calidad de congresista». Agregó que, «siendo incompatible la condición de congresista con el ejercicio de cualquier otra función pública […], resulta ser un impedimento para ser contratada en el Congreso de la República».
Chávez estuvo alejada de la actividad pública desde diciembre de 2022, tras su participación en el gobierno de Pedro Castillo. El 3 de septiembre pasado, el TC dispuso su excarcelación inmediata al advertir que el Ministerio Público no solicitó en plazo legal la prolongación de la prisión preventiva dictada en su contra por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.