El lunes 16 de septiembre comenzó el juicio oral contra Lola Estrada, artista peruana acusada de supuesto “ultraje a los símbolos patrios” tras su performance “Presidenta asesina”, en enero de 2023, en la que utilizó una bandera nacional para representar y denunciar la indiferencia del gobierno de Dina Boluarte frente a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante las protestas del mismo año.
En la performance, el personaje ficticio “Pina Balearte”, creación de Estrada, simboliza el “desprecio del gobierno hacia las vidas perdidas en las represiones”. Este acto terminó en una denuncia que fue presentada por Mariela Bianchi, conocida por su postura vinculada al movimiento “Con mis hijos no te metas”, junto con Cynthia Rebaza, fundadora de “Nadie Menos”. Ambas activistas presentaron denuncias que llevaron a la Fiscalía a investigar y finalmente acusar a Estrada.
Este caso ha suscitado preocupación en los círculos artísticos y de derechos humanos, que han señalado que la imputación de ultraje es un intento por criminalizar la expresión artística y silenciar las voces críticas contra el gobierno. Diversos colectivos y organizaciones han expresado su apoyo a Estrada, argumentando que el arte es un medio legítimo para cuestionar y resistir las injusticias sociales.
Así, Jennie Dador, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha sostenido lo siguiente:
Una performance artística en el contexto de una protesta social forma parte del derecho de expresión tanto de los ciudadanos como de los artistas. No puede, bajo ninguna circunstancia, ser penalizada ni considerada un acto criminal. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, consideramos que representa una clara criminalización de la protesta y una persecución que afecta a los artistas en diversas regiones.
Estrada podría enfrentar una condena que sentaría un precedente para otros creadores y activistas en el país. Se espera que el proceso judicial atraiga la atención de medios nacionales e internacionales, así como de figuras del ámbito cultural que ya han manifestado su solidaridad con la artista.
Gabriela Paliza, una de las abogadas del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez que defiende a la artista, manifiesta que este es un caso sin precedentes porque sería la primera vez que se juzga a alguien por este delito:
Este es un caso de evidente persecución política y criminalización de la protesta no solo porque las personas que denunciaron tienen claros móviles políticos para hacerlo sino que el tipo penal se está interpretando de manera equivocada y descontextualizada.
La comunidad artística, junto con defensores de derechos humanos, han expresado su preocupación por el impacto que este caso podría tener en la libertad creativa y en la disidencia política en el país. Así lo hizo Karen Bernedo, parte de la comunidad de artistas, quien brindó su apoyo a Lola y afirmó lo siguiente:
Lo que está en juego en este juicio es la libertad de expresión de todas y todos. Penalizar una performance artística en el contexto de una protesta social es una amenaza no solo para los artistas, sino para cualquier persona que utilice recursos simbólicos para expresar su oposición a las injusticias. Estamos con Lola en esta lucha por el derecho a la libre expresión.
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