El Poder Judicial dictó una sentencia de terminación anticipada en el marco del Caso Árbitros de Odebrecht, informó el Ministerio Público, contra uno de los implicados. Con ello, se dispuso la sentencia condenatoria, de cuatro años de prisión, para Carlos Carrasco, así como la pena de multa por sesenta días y una reparación civil por la suma de USD50 000.
El caso está a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda del Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato. Esta última medida judicial constituye la novena sentencia condenatoria que consigue el grupo fiscal, de acuerdo al MP.
El último 7 de agosto, Canchihuamán formuló acusación penal contra Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, por la presunta conformación de una organización criminal «dedicada a la comisión de graves actos de corrupción, en arbitrajes de obras públicas, desde el 2011 hasta el 2015», en el marco de este caso.
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Este modus operandi «fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron los arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos, según la acusación». Además, la fiscal ha solicitado penas de prisión efectiva, que van desde los 9 años hasta los 25 años y cuatro meses, por los presuntos delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.
Según la acusación, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis:
En ellas, el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros, en el proceso constructivo de las obras públicas, solicitaban el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje. Allí se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto ocurrió previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, luego de obtenerse los beneficios económicos, «estos eran convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción».
