Con 110 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y otros funcionarios como los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo. La reforma modifica cinco artículos de la Constitución (93, 99, 117, 161, 201).
Se ha eliminado el antejuicio político para ministros de Estado, altos magistrados y el Defensor del Pueblo, pero no para los congresistas de este periodo y del anterior.
Cabe apuntar que esta aprobación tendrá que ser votada nuevamente en la siguiente legislatura. Solo ahí, si se vota a favor, la reforma constitucional se habrá consumado.
TEXTO SUSTITUTORIO
DICTAMEN POR MAYORÍA, RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4855, 4860, 4882, 4939, 5066, 5155, 5243, 5254, 5310, 5319, 5330, 5348, 5476, 5477 y 5566/2020- CR, POR EL QUE SE PROPONE LA ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ELIMINA LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Artículo único.- Modificación de los artículos 93, 99, 117 161 y 201 de la Constitución Política del Perú
Modificanse los artículos 93, 99, 117, 161 y 201 de la Constitución Política del Perú, conforme al siguiente texto:
Artículo 93. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria: que realicen en el ejercicio de sus funciones.
Los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los Congresistas de la República; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
Los Ministros de Estado no cuentan con antejuicio político, ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo.
Artículo 117. El presidente de la República puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
También podrá ser acusado por delitos contra el patrimonio del Estado cometidos durante su mandato o con anterioridad.
Artículo 161. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
Artículo 201. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.
Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. A los miembros del Tribunal Constitucional les alcanzan las mismas incompatibilidades que los congresistas. No hay reelección inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.
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