Un grupo de efectivos de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público realizaron un operativo de allanamiento a ocho empresas, en cinco distritos diferentes, en el marco del caso Los Galácticos.
Uno de los inmuebles intervenidos corresponde a la empresa 1190 Sports, quien habría sido beneficiada de forma irregular, para obtener los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1, durante la gestión de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Las diligencias fueron ejecutadas a través de la Dirección de la Policía Fiscal y la Dirección de Inteligencia, en coordinación con el Ministerio Público, en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Lince y Carmen de la Legua (Callao). Al término del operativo, el general Nilton Santos, director de la Policía Fiscal, detalló lo siguiente a la prensa:
Todo está relacionado al allanamiento e incautación de documentación, de computadoras, laptops, lo que podamos encontrar y pueda servir para la investigación que se viene realizando a esta presunta organización criminal.
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Por otro lado, indicó que no se encontró a ninguna persona al interior de las oficinas de 1190 Sports. Dichas instalaciones, ubicadas en el sexto piso de un edificio en San Isidro, pudieron ser intervenidas tras contar con la ayuda del dueño de los espacios, quien prestaba el servicio de alquiler a la compañía, según explicó.
Agregó, sin embargo, que la medida judicial tampoco dispone la detención de alguna persona. «No hemos hecho uso de la fuerza porque hemos tenido la colaboración de la empresa que alquila los espacios», acotó.
¿Cómo se «benefició» a 1190 Sports?
La empresa chilena 1190 Sports se habría beneficiado con los derechos televisivos de la Liga 1, a través de una licitación irregular, coordinada con Agustín Lozano y otros miembros de la FPF, según las investigaciones del Ministerio Público.
En este contexto, se responsabiliza a Lozano de proponer directamente, a ciertos integrantes de la institución, el favorecimiento a la empresa para la explotación de los derechos audiovisuales de la entidad deportiva, según la tesis fiscal.
Ante dicha situación, se presume también que Gisella Karen Mandriotti Nightingale, presidenta de la Academia Deportiva Cantolao, habría viajado junto a Lozano y miembros de la comisión de televisión, para reunirse y coordinar con la compañía, previo a la licitación pública.
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En consecuencia, según el Ministerio Público, se creó la Dirección de Competiciones, y a través de ella, la comisión organizadora habría utilizado documentos para proponer cambios en el reglamento de la Liga 1 2023.
Esta nueva normativa, que incluía sanciones severas para los clubes deportivos, se le adjudica a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, como el responsable de proponer dichos castigos.
El dirigente de dicho club también fue el responsable de gestionar la licitación sobre los derechos televisivos de la Liga 1. Además, se le señala de saber sobre presuntas irregularidades y, a pesar de ello, aceptar la dirección de dicho proceso.
Según la carpeta fiscal, Raffo Olcese no tenía autorización para reunirse con los representantes de la empresa chilena, pese a ello se congregó con la empresa un hotel de San Isidro.
