Más de 50 abogados y ciudadanos firmaron un pronunciamiento en el que expresan su rechazo ante la posible solicitud fiscal de allanamiento a las oficinas de los abogados Humberto Abanto Verástegui y Juan Peña Flores, quienes ejercen la defensa de Patricia Benavides Vargas. Consideran que esta medida sería un acto de represalia contra el ejercicio legítimo del derecho de defensa y una forma de intimidación para que los abogados renuncien a su labor. Señalan además que toda la información vinculada a las investigaciones es pública y difundida por los medios.
En el documento se recuerda que, según la Sentencia 199/2024 del Tribunal Constitucional, los allanamientos a estudios de abogados deben ser autorizados por un juez y contar con una fundamentación cualificada, que delimite el ámbito de acción fiscal para proteger el secreto profesional. Los firmantes solicitan al Poder Judicial no autorizar un allanamiento que califican de arbitrario, y expresan su rechazo a todo abuso de autoridad o intimidación contra la defensa de los investigados.
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APOYO GREMIAL Y CUIDADANO ANTE POSIBLE ARBITRARIEDAD FISCAL Y JUDICIAL
Ante las noticias de que la Fiscalía estaría próxima a requerir el allanamiento de las oficinas de los abogados Humberto Abanto Verastegui y Juan Peña Flores, el gremio representado por los abogados y ciudadanos aquí firmantes, expresan su total rechazo por dicho accionar que es un claro acto de represalia contra el ejercicio legítimo del derecho de defensa de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, y de represalia por sus éxitos ante la Junta Nacional de Justicia, que busca intimidar a su defensa para que renuncie a su digna labor que vienen desempeñando.
En este sentido, recordamos que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 199/2024, caso Arsenio Oré Guardia, ha establecido que los allanamientos a los estudios de abogados para que “no vulneren el derecho-deber o garantíaderecho del secreto profesional, deben haber sido previamente autorizados por el juez, cuya decisión deberá tener una fundamentación cualificada, que justifique la acción y detalle el ámbito de acción de los fiscales, a fin que el profesional pueda preservar, en todo momento, aquella información relacionada con el secreto profesional que está obligado a proteger”.
No existe ninguna razón para allanar las oficinas de los abogados Humberto Abanto Verastegui y Juan Peña Flores, dado que su defensa es pública, no soterrada y toda la información relacionada con las investigaciones de Patricia Benavides Vargas es pública, pues los medios de comunicación social la difunden.
Pedimos que el Poder Judicial no autorice un allanamiento arbitrario a las oficinas de los abogados Humberto Abanto Verastegui y Juan Peña Flores, y que no se preste al juego mediático y tome partido en el conflicto existente en el Ministerio Público, provocado por la negativa a acatar la decisión de la Junta Nacional de Justicia que ordena reponer a Patricia Benavides Vargas como Fiscal de la Nación. Expresamos nuestro rechazo contra todo abuso de autoridad e intimidación contra la defensa de los investigados.
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