El fiscal supremo adjunto, William Rabanal Palacios, solicitó una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva contra los congresistas Guillermo Bermejo Rojas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú) por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Además, requirió la inhabilitación por el mismo periodo y el pago de 182 días multa.
Durante la audiencia de control de acusación realizada este 29 de mayo, ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, la Fiscalía expuso que ambos parlamentarios habrían desplegado acciones para disuadir al testigo Bobby Eddy Villarroel Medina ―conocido como Sacha―, con el fin de impedir su declaración en una investigación por presunta afiliación a organización terrorista. Dicha investigación involucraba también al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La acusación sostiene que los congresistas «eran los principales interesados para que el testigo no concurra a declarar, pues su entrevista fue lo que motivó el proceso penal por el delito de terrorismo».
De acuerdo a la tesis fiscal, el 21 de septiembre de 2021, el abogado Jhon Kleber Benites Tango, presuntamente en representación de los parlamentarios y del entonces secretario general del partido Perú Libre, citó a Villarroel en una sauna del distrito de La Victoria. En este escenario, el letrado le habría ofrecido lo siguiente:
[…] A nombre de Cerrón, y los congresistas Bermejo y Bellido, le ofreció protección, dinero, asilo político en Venezuela, y protección, haciéndole saber de forma intimidante que estaban en el poder y cualquier cosa le podría pasar.
Asimismo, sostiene que los hechos no constituyeron una acción aislada del abogado Benites Tango, sino parte de un «plan conjunto y coordinado en el que intervinieron Guido Bellido y Guillermo Bermejo, entre otras personas», cuyo objetivo era evitar la declaración de Villarroel.
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La acusación señala que existió intervención coordinada con terceros como Jaime Jara Aguirre y Ana María Córdova, vinculados al partido político, quienes habrían transmitido el mensaje a través del abogado.
La sustentación fiscal incluyó registros de llamadas telefónicas, obtenidas mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que coincidirían temporalmente con las reuniones que precedieron al contacto con el testigo. A su vez, Rabanal Palacios argumentó:
Precisar también que el rol que desempeñaron las personas antes mencionadas, Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ugarte, congresistas de la República elegidos por el partido político Perú Libre, se encargaron de planificar y coordinar con Ana María Córdova y Jaime Jara Aguirre, el contenido, las condiciones y el alcance del mensaje que se debía transmitir a Eddy Villarroel Medina; además de financiar la propuesta económica, garantizar protección, asilo político; y en todo caso, hacer efectivo el mensaje intimidatorio.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado, a través del procurador adjunto Rubén Montufar Apaza, solicitó el pago de S/247 500 por concepto de reparación civil. El procurador alegó que los actos atribuidos generaron un «daño extrapatrimonial» al prestigio institucional del país, por haber entorpecido la administración de justicia en una investigación por terrorismo.
En la audiencia se conoció que el congresista Bermejo ha solicitado la improcedencia de acción penal y el sobreseimiento del caso. No obstante, se programó la continuación de los alegatos para el viernes 6 de junio a las 8:30 a. m., fecha en la que las defensas de ambos acusados expondrán sus argumentos.
