El abogado penalista Juan Carlos Portugal, junto a los bachilleres James Jaimes Ricapa y Sebastián Incarroca Huamaní, presentó dos proyectos de ley que buscan modificar el Código Procesal Penal. Durante una entrevista concedida a Se Corre Traslado, el letrado explicó que el objetivo principal es «hacer de público conocimiento estas iniciativas legislativas que, desde el área académica de mi firma de abogados […] estamos desarrollando».
Excepcionalidad del secreto en las investigaciones
La primera propuesta legislativa plantea la modificación del inciso 2 del artículo 324 de la norma procesal, referido a la reserva y el secreto de la investigación procesal. James Jaimes señaló que la finalidad de este cambio normativo radica en «que se conduzca con excepcionalidad el secreto de una investigación», para evitar el uso desproporcionado de esta medida procesal.
Sobre este punto, Portugal Sánchez argumentó que el ocultamiento total del proceso impide el ejercicio del derecho a la defensa y la contradicción probatoria. Por ello, el abogado penalista enfatizó que «ninguna investigación preliminar tendría que iniciarse en secreto porque no hay justificación razonable para declarar la secretitud de la misma», limitando el secretismo únicamente a diligencias procesales específicas.
Para garantizar el cumplimiento de esta figura procesal, el proyecto sugiere incorporar una falta grave en el inciso 16 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal (Ley 30483). Sebastián Incarroca detalló que será sancionable la conducta del fiscal por «no haber notificado debidamente a las partes procesales y con una motivación cualificada y la resolución escrita que declara el secreto de la investigación».
Plazos para prolongar la prisión preventiva
El segundo proyecto de ley busca reformar el artículo 274 del Código Procesal Penal, el cual regula el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva. Incarroca precisó que la iniciativa normativa exige que «en todos los casos el fiscal debe solicitarle al juez en un plazo no menor de 10 días antes de su vencimiento», estableciendo un límite temporal estricto para la presentación de dicha solicitud fiscal.
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La propuesta responde a las actuaciones del Ministerio Público que presentan sus requerimientos al límite del plazo legal, afectando el derecho al plazo razonable de los investigados. Portugal cuestionó esta situación al indicar que «hay una mala práctica fiscal en donde los fiscales piden la prolongación de la prisión preventiva faltando 24 o 48 horas«, lo que genera audiencias apresuradas y limita las capacidades de la defensa técnica.
Ambas iniciativas legislativas cuentan con el respaldo del congresista Wilson Soto, perteneciente al grupo parlamentario Acción Popular, y serán presentadas ante el Parlamento para su respectivo trámite. Finalmente, los autores del proyecto estimaron que los jueces respaldarán esta medida, ya que el magistrado advertirá que ahora «voy a tener casi 12 o 13 días para poder tramitar este incidente cautelar», asegurando un debate adecuado y un debido proceso.
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