Fundamento destacado: 12. Como se advierte, la precitada disposición de la Ley 30364 no prescribe la entrega gratuita de copias certificadas de expedientes en los que se ventilen procesos disciplinarios como una queja, sino que se encuentra exclusivamente dirigida a la gratuidad de la información que producen las entidades para difundir los derechos a favor de víctimas de violencia. De ahí que el argumento de que la emplazada tiene la intención de negarle a la accionante lo solicitado carece de fundamento jurídico, en la medida en que, como se ha expuesto supra, por mandato constitucional, el costo de reproducción de la información pública forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública y su requerimiento de pago por parte de las entidades estatales resulta legítimo y acorde con la Constitución.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Segunda. Sentencia 1366/2023
Expediente N.º 03997-2022-PHD/TC, Lima
MARÍA ADELA ANYAIPOMA CANDIOTTI
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2023, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Morales Saravia y con la participación del magistrado Ochoa Cardich en reemplazo del magistrado Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Adela Anyaipoma Candiotti contra la Resolución 11, de fecha 14 de junio de 2022[1], expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 6 de diciembre de 2018[2], doña María Adela Anyaipoma Candiotti interpuso demanda de habeas data contra el jefe y la secretaria general de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y el juez especializado de quejas de ODECMA. En ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la información solicitó, además de los costos procesales, que se le proporcione copias certificadas del número total de folios del Expediente Queja N.º 397-2018, concluido en el año 2018, de manera gratuita.
Alega que, con fecha 13 de noviembre de 2018, presentó su solicitud al amparo de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 30364 y de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública[3]. Sin embargo, mediante Resolución 14, de fecha 19 de noviembre de 2018[4], la entidad demandada declaró inadmisible su solicitud, con el argumento de que debía realizar el pago correspondiente al número de copias certificadas requeridas dentro del segundo día de notificada, lo que considera una contravención a la precitada disposición normativa regulada por la Ley 30364.
Aduce que cumplió con subsanar la solicitud presentando un escrito en el que explica ampliamente su condición de víctima de violencia y que su petición se realiza al amparo de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que establece que toda dependencia del Estado como el Poder Judicial y ODECMA deben brindar la información requerida de manera gratuita a las víctimas de violencia. Alega que, mediante Resolución N.º 15, de fecha 4 de diciembre de 2018[5], se rechazó su solicitud, sin reconocer su condición y sin haber investigado exhaustivamente lo sucedido el 12 de mayo de 2018 en el distrito de Comas.
Mediante Resolución 1, de fecha 4 de febrero de 2019[6], el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima admitió a trámite la demanda.
El procurador público adjunto del Poder Judicial, con fecha 16 de enero de 2020[7], se apersonó al proceso y contestó la demanda solicitando que sea declarada infundada. Expresó que, mediante Resolución N.º 14, de fecha 19 de noviembre de 2018, ODECMA declaró inadmisible la solicitud de copias certificadas y se concedió el plazo perentorio de dos días para que se proceda a realizar el pago correspondiente, bajo apercibimiento de rechazarse dicha solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 de la Ley 27444; que, pese a ello, la recurrente no acreditó haber abonado el pago correspondiente por las copias solicitadas en atención al TUPA del Poder Judicial; que por esta razón se emitió la Resolución N.º 15, de fecha 4 de diciembre de 2018, haciendo efectivo el apercibimiento decretado y rechazando la solicitud presentada.
Finalmente, estima que la demanda incurre en la causal de improcedencia establecida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional de 2004, debido a que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
El Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 4, de fecha 3 de setiembre de 2020[8], declaró infundada la demanda, por considerar que en ninguna parte del artículo 10 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se hace referencia a la entrega gratuita de copias certificadas de expedientes en los que se ventilen procesos disciplinarios como una queja. Asimismo, refiere que, de la revisión de los actuados, no se observa que la demandante haya adjuntado alguna instrumental que la defina como tal, es decir, que no existe resolución judicial alguna en la que haya sido declarada víctima de violencia de género, de manera que no ha logrado acreditar documentalmente dicha condición. Finalmente, concluye que la actora no adjunta medio probatorio que permita determinar la existencia de una real vulneración a su derecho a la autodeterminación informativa.
A su turno, la Sala superior revisora, mediante Resolución 11, de fecha 14 de junio de 2022[9], confirmó la apelada por similares consideraciones.
FUNDAMENTOS
Cuestión procesal previa
1. Conforme se advierte del documento de fecha 13 de noviembre de 2018[10], la recurrente cumplió con requerir previamente la información solicitada en atención a lo dispuesto por el artículo 60 del Nuevo Código Procesal Constitucional (anteriormente regulado en el artículo 62 del Código derogado), pues tal petición fue presentada ante la Mesa de Partes de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y fue recibida por la entidad emplazada el 13 de noviembre de 2018.
Delimitación del petitorio
2. La presente demanda tiene por objeto que la entidad emplazada le proporcione a la actora copias certificadas del Expediente Queja N.º 397-2018, documentación que se encontraría en poder de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Alega la vulneración de su derecho de acceso a la información pública. Solicita, asimismo que, al amparo del artículo 10 de la Ley 30364, las copias certificadas solicitadas le sean entregadas de forma gratuita.
3. Sin embargo, de autos se advierte que la entidad demandada, mediante la resolución de fecha 19 de noviembre de 2018, declaró inadmisible la solicitud y comunicó a la recurrente que, a efectos de proceder con lo pedido, tenía que sufragar el costo de la reproducción.
4. Es este requerimiento el que la demandante considera lesivo del derecho invocado. Por esta razón, la controversia reside en determinar si el requerimiento de pago del costo de la reproducción de las copias solicitadas vulnera o no su derecho.
[Continúa…]
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[1] Foja 156
[2] Foja 11
[3] Foja 2
[4] Foja 5
[5] Foja 10
[6] Foja 14
[7] Foja 21
[8] Foja 43
[9] Foja 156
[10] Foja 2
