El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial para el caso Lava Jato concedió una entrevista al diario El Comercio, en el que se pronunció, entre otros temas, sobre el sorpresivo dictamen del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza.
El dictamen fiscal de Rodríguez Monteza, presentado a la Sala Penal Permanente el 3 de julio, solicita que se declare fundada la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori, y, por tanto, se revoque la prisión preventiva por 36 meses que, desde octubre de 2018, cumple la lideresa de Fuerza Popular.
Hasta el momento, según reveló Vela Barba, no se conoce el contenido íntegro del dictamen del fiscal supremo; por lo son ignotos los argumentos que Rodríguez Monteza esbozó para solicitar la libertad de la lideresa naranja. «Él ha emitido su dictamen menos de 48 horas antes de la audiencia y el mismo día que había un partido de fútbol, en condiciones análogas al cese de nuestras funciones el 31 de diciembre del 2018», agregó al cuestionar la falta de transparencia.
En ese sentido, adujo que «todo lo que Rodríguez Monteza haga está bajo sospecha y ausente de cualquier legitimidad y transparencia», y que por eso la postura que asuma en la audiencia de casación, fijada para este 5 de julio, no representa al equipo especial, amén que tampoco es vinculante para la sala. «Sería un exceso tratar de vincular los requerimientos fiscales a partir de la opinión de un fiscal supremo que no participa directamente en la litigación. Es absolutamente referencial». También apuntó que esta conducta es interpretada «desde la perspectiva de la obstrucción de la justicia».
Por otro lado, cuestionó el conocimiento que Rodríguez Monteza pueda tener sobre un proceso complejo como el de Keiko Fujimori. «No tiene experiencia en temas penales», «ha sido un fiscal vinculado a temas constitucionales, civiles, no tiene experiencia para conocer un caso de tan alta complejidad como es el de la señora Fujimori», sentenció.
Pedido de inhibición
Desde que se conoció que sería Rodríguez Monteza quien representaría la posición del Ministerio Público en el recurso casatorio de Fujimori, los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela solicitaron su alejamiento por su presunta vinculación con la organización denominada ‘Los cuellos blancos del Puerto’, al arguyendo un evidente conflicto de intereses.
Empero, la solicitud de inhibición que presentaron fue desestimada por la Junta de Fiscales Supremos. En dicha votación, el pedido únicamente fue apoyado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el fiscal Pablo Sánchez se abstuvo.
