Ante los últimos destapes de corrupción en las mismas entrañas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial y Congreso de la República, expresó mi total indignación por tales hechos.
Soy juez y no soy un corrupto. Al igual que muchos magistrados probos, con solvencia moral y profesional, no le debo a nadie mi nombramiento y me solidarizo con la indignación del pueblo a propósito de los audios develados. Expreso mi enérgico rechazo a todos los actos de corrupción. Nosotros, los jueces, somos los más interesados en que a los corruptos, sean quienes sean, se llamen como se llamen, les caiga todo el peso de la justicia. Así, exigimos una exhaustiva investigación a esta afrenta al Perú.
Eso sí, reafirmo mi juramento y prometo, hasta el fin de mis días, seguir en forma honesta con mi noble misión de juzgar sin esperar nada a cambio. Mi vocación antes que un trabajo es una filosofía de vida y considero que la vengo cumpliendo lo mejor posible a lo largo de mi trayectoria personal. Soy consciente de que el ejemplo de vida honorable que me inculcaron mis padres es el único legado que también dejaré a mi familia y mi país.
Ante dicha realidad, sólo nos queda trabajar, trabajar y seguir trabajando con total transparencia, hasta que el pueblo sienta que la justicia está con él. Es por eso que el juez debe poseer sólidos valores de integridad, verdad, dignidad y justicia, además de ser democrático, humanista, profesionalmente autoexigente, competitivo y sobretodo no sólo ser honesto sino parecerlo. Debe ser un líder amigable para así contribuir al cambio hacia una sociedad mucho más democrática con igualdad y justicia, sin que ello signifique quedar bien con uno u otro sector de la población, ni mucho menos, aceptar la presión mediática ante determinados casos que suelen conmocionar a la comunidad, toda vez que el legado de nuestra dignidad, no está sujeta al mejor postor o a una lid electoral para quedar bien con alguien, sino por el contrario, ser conscientes de que en el día a día tenemos el deber sagrado de impartir justicia.
DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA
Efectivamente debe democratizarse la justicia en el sentido que se debe regular la elección universal (por parte de los jueces) del presidente del Poder Judicial conjuntamente con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y los presidentes de Corte, cuya gestión dure cinco años. Acabo de dicho período debe pasar al retiro el presidente del Poder Judicial.
Asimismo, respetando la especialidad, el CEPJ debe rotar a los jueces por sorteo cada siete años a efecto de renovar la administración de justicia, para así recuperar gradualmente la confianza de la población.
Transparencia en el acceso en tiempo real a la informatización del sistema de justicia, en la que toda la ciudadanía acceda al expediente digital, lo que presupone implementar en todo el Perú, y sean así los conciudadanos veedores cómo es el desempeño no sólo del juez, sino también de los abogados, fiscales, procuradores, peritos y demás operadores del derecho, e incluso la del propio justiciable.
Se tienen que publicar todas las sentencias en el portal del Poder Judicial en forma sistematizada. Lo que significa que la jurisprudencia tiene que ser vinculante y su no observancia debe generar falta muy grave no sólo por parte del juez sino también del abogado que lo invoca, a no ser que aleguen motivadamente por su no aplicación en forma expresa.
DEL CNM
El actual modelo del CNM ha fracasado, toda vez que se ha manipulado la independencia en su acceso, destitución y ratificación de jueces (esta última, cual espada de Damocles, debilita la independencia del juez), razones más que suficientes para que dicho sistema desaparezca, y en su lugar se fortalezca el Órgano de Control con magistrados contralores, es decir, como una especialidad de la magistratura, quienes periódicamente sean rotados por todo el Perú, e incluso alguno de ellos actúen como agentes encubiertos para una lucha eficaz contra la corrupción.
DEL PROBLEMA DE LA JUSTICIA
Es sumamente complejo. El problema no son los diagnósticos, sino la decisión política de ejecutar la reforma integral del sistema de justicia, que se apliquen las propuestas de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), sería una excelente decisión.
El Poder Judicial refleja la crisis de la sociedad. Efectivamente, han fallado los sistemas de control, aunado a la inhumana sobrecarga procesal, la imagen del Poder Judicial se hace insostenible, pues nuestra inmensa deuda de celeridad procesal es histórica, por lo que requiere grandes soluciones, no sin antes, en lo personal, pedir perdón a ti pueblo peruano, si acaso creyeras que te hubiera dilatado y retrasado intencionalmente tus procesos judiciales.
Entonces, empecemos por los ejemplos de vida, el cambio cultural que todos juntos podemos hacer en el día día, para contribuir con superar la adversidad y crisis en que estamos inmersos, enunciativamente, seamos agradecidos con nuestros padres, respetemos y tratemos a la mujer como persona, colaboremos y valoremos el trabajo de la madre en casa, no botemos la basura a la calle, respetemos las reglas de tránsito, paguemos nuestros impuestos, respetamos las cosas ajenas, seamos cada vez mejores ciudadanos, es fundamental informarnos y elegir con conciencia a las mejores autoridades, son ellos nuestros voceros, quienes tendrán la decisión política de dirigir nuestras instituciones.
Debatir públicamente las propuestas concretas de reforma, incluso en los medios de comunicación con participación activa de todo el sistema de justicia, es parte de nuestro desarrollo en democracia; pero una reforma sólo de la clase política, sin los principales actores, a espaldas de los jueces, fiscales, abogados, defensa pública, procurador público, policía nacional, defensor del pueblo y demás operadores del derecho y del propio pueblo está condenada a su fracaso.
Sin autonomía económica, el poder judicial siempre dependerá de la clase política, por lo que se le debe asignar y respetar un porcentaje del Presupuesto General de la República.
SOBRE LOS ASPIRANTES A JUEZ
Considero que debe imperar la meritocracia. Los aspirantes a juez deben ser seleccionados a través de un concurso público vía la Escuela Judicial en el que se capaciten por cuatro años y un año de pasantía. De obtener nota aprobatoria, recién ingresarían a la carrera judicial. 1/3 de las vacantes deben acceder directamente de los del quinto superior de los egresados de las facultades de derecho. En forma excepcional debe abrirse su su acceso vía concurso en el nivel de la Corte Suprema en 1/3 de sus integrantes en dicha instancia.
La participación del pueblo en la justicia penal es importante para casos emblemáticos regulados por ley, que los tribunales del pueblo sean designados por la ONPE vía sorteo, cuya decisión sea inapelable (inocente o culpable) y el juez técnico sólo dirija el debate y regule la pena.
SALVEMOS LA DEMOCRACIA
Los justiciables muchas veces no pueden asimilar ese diario vivir del proceso judicial y la paradoja del divorcio existente entre la forma jurídica y el contenido social; situación que es más compleja para el común de los ciudadanos que nunca han sido comprendidos en un proceso judicial, dejándose llevar por los casos mediáticos de injusticia sentenciados por la prensa y los casos aislados de corrupción, lo que incide en la generalización y una percepción negativa de todo el sistema de justicia, toda vez que de una u otra manera tienen incidencia en sus intereses, y sobre ella tienen temor de que podrían verse afectados directa o indirectamente por una decisión final respecto de sus derechos como la vida, la libertad, el honor, la propiedad, la seguridad, en suma la dignidad de las personas.
Pero pese a los defectos estructurales del sistema, estamos convencidos que el juez también es considerado como defensor de los derechos humanos y del Estado Constitucional Convencional Multicultural Democrático Social de Derecho.
En estos tiempos de crisis todos somos testigos que la corrupción campea tanto en el ámbito público como privado. Por eso debemos exigir una verdadera reforma integral del sistema de justicia. Si no hay señales contundentes de una verdadera reforma en serio por parte de la clase política, estaremos condenados al subdesarrollo y a vivir en un mundo de corrupción.
Si nos hemos unido por la selección nacional de fútbol, todos unidos podemos salvar la democracia. En aras de dejar un mundo mejor para nuestros hijos y las nuevas generaciones, opino que se convoque a elecciones generales y se sancione una nueva Constitución, un contrato social más realista, junto a ella, las leyes de desarrollo constitucional que refunden todo el sistema de justicia debidamente presupuestado. Por encima de todo está la defensa de la institucionalidad y los derechos humanos del pueblo peruano.
