Durante el año 2018, diversos acontecimientos marcaron profundamente al país. Como era de esperarse, la convulsión política y social provocada por la corrupción en las altas esferas de los poderes del Estado tuvieron un gran repercusión a nivel jurídico. En un escenario político y judicial tan agitado, distintos hombres y mujeres de derecho jugaron un papel gravitante, sea como parte del problema o como parte de la solución.
Así, como se acostumbra cada fin de año, hacemos un recuento de los magistrados que merecieron nuestra especial atención a lo largo del año. Si crees que alguien más debe sumarse a este top seven déjanos su nombre en los comentarios.
1. Richard Concepción Carhuancho
Richard Augusto Concepción Carhuancho, el magistrado tarmeño (Junín) de 45 años, a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, es quizá el juez penal más importante del país en este momento. Su nombre ha sido sinónimo de imparcialidad y justicia, aunque no ha estado exento de críticas, cuando las decisiones que tomaba afectaba a algún sector político.
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Fue él quien dispuso la prisión preventiva contra dos expresidentes, ambos procesados por actos de corrupción y lavado de activos, Alejandro Toledo Manrique y Ollanta Humala Tasso. Tampoco perdonó a la ex primera dama, Nadine Heredia. Su nombre volvió a estar en boca de todos, algunos, la mayoría, respaldando su decisión, otros, criticándola con fiereza tras haberle dicho sí al pedido del fiscal José Domingo Pérez, y con ello, haber ordenado prisión preventiva de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, y otros integrantes del partido naranja.
2. José Domingo Pérez
Indudablemente, el fiscal José Domingo Pérez, que integra el Equipo Especial del caso Lava Jato, se viene haciendo un nombre en el imaginario popular. Su participación en el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori y otros implicados, ha visibilizado un trabajo fiscal dedicado y escrupuloso. La ciudadanía parece reconocer ello en las redes sociales, donde le envían permanentes mensajes de apoyo.
Actualmente tiene bajo su cargo las investigaciones sobre el caso Odebrecht que pesan contra los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, quienes habrían recibido coimas a cambio de favorecer a dicha empresa. Asimismo, es el fiscal del caso de Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. La principal tesis fiscal se sostiene en que dicho partido político se infiltró una organización criminal que se dedicaba a lavar dinero de origen ilegal.
3. Pedro Gonzalo Chávarry
Este año, la Junta de Fiscales Supremos eligió al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, quien fuera presidente de la Academia de la Magistratura, como nuevo fiscal de la nación para el periodo de julio del 2018 a julio del 2021. Sucedió en el cargo a Pablo Sánchez Velarde. La polémica respecto a su nombramiento surgió cuando IDL-Reporteros presentó un audio que registra una conversación telefónica con el destituido juez supremo César Hinostroza.
En dicha comunicación, Hinostroza le pide como favor a Chavarry que le facillite una constancia de no tener procesos penales en curso. Posteriormente, el legislador Marco Arana presentó una denuncia constitucional en su contra por “haberle mentido al país” respecto a haber sostenido una reunión con periodistas en la casa del empresario investigado Antonio Camayo, coordinada con el suspendido juez supremo César Hinostroza. Como se recuerda, Chávarry admitió dicha la reunión, después de haberla negado en varias oportunidades.
4. Rafael Vela Barba
A Rafael Vela Barba, como se recuerda, mediante resolución 2681-2018-MP-FN, de fecha 23 de julio de 2018, se le encargó ser coordinador del equipo especial del caso Lava Jato en el Perú. Este grupo está integrado por fiscales supraprovinciales anticorrupción.
Fue pilar en las reuniones que sostuvieron autoridades peruanas y brasileñas para colaborar en el caso Odebrecht. En estas conversaciones, que se iniciaron en julio, participaron Rafael Vela, y el fiscal provincial José Domingo Pérez. Por el Ministerio de Justicia estuvieron el procurador del caso Lava Jato Jorge Ramírez y su adjunta, Silvana Carrión y por Odebrecht, el director jurídico Ricardo Luis Weyll; el representante en el Perú, Mauricio Cruz; y el abogado externo José Allemant.
5. Rocio Sánchez Saavedra
La fiscal del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, ha sido la artífice del caso que removería los cimientos del sistema de administración de justicia en el Perú. Fue ella, en trabajo conjunto con la fiscal Sandra Castro, quien solicitó al juez Serapio Roque Huamacondor, el 22 de diciembre del 2017, intervenir diversos números telefónicos. Una vez aprobado el pedido, el Grupo Constelación de la Dirección Antidrogas de la Policía estuvo a cargo de las escuchas telefónicas, donde se develarían a varios altos funcionarios y empresarios en negociados, por los que vienen siendo procesados.
Cuando los audios trascendieron a la opinión pública, hubo un gran escándalo. Cuatro consejeros del CNM se vieron obligados de renunciar, y actualmente tienen impedimento de salida del país. El entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, hizo lo propio, al aparecer en diversos audios.
En un informe sobre este caso, Rocío Sánchez y la fiscal Sandra Castro sindicaron a Pedro Chávarry como presunto integrante de la organización criminal «Los cuellos blancos del Puerto».
6. César Hinostroza
El exmagistrado supremo, fue el protagonista del escándalo de audios que remeció el sistema judicial del país, evidenciando diversos actos de corrupción y tráfico de influencias. A Hinostroza se le abrió inmediatamente una investigación preliminar por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico en agravio del Estado. En setiembre, el pleno del Congreso aprobó su destitución de la judicatura, así como sendas denuncias constitucionales en su contra, incluida la de pertenecer a la organización criminal.
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El exjuez supremo, quien presuntamente lideró la organización «Los cuellos blancos del Puerto», solicitó posteriormente asilo político en España. Logró cruzar la frontera pese a la orden de impedimento de salida del país dictada en julio de este año. Mediante Resolución Suprema 178-2018-JUS se aceptó la solicitud de extradicción activa de Hinostroza, con el fin de requerir al Estado español la entrega de Hinostroza, quien ha sido detenido provisoriamente en la prisión Soto del Real V en Madrid. El asilo no prosperó.
7. Walter Ríos Montalvo
Uno de los protagonistas, junto con César Hinostroza, del escándalo que sacudió las altas esferas judiciales del país. Fue involucrado en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias tras la denuncia que hiciera pública IDL Reporteros. Las comunicaciones pusieron de manifiesto cómo se manejaba las influencias y las relaciones para el nombramiento de postulantes a la magistratura.
Ríos, de acuerdo con el esquema de la fiscalía, era el jefe, la persona que comandaba la organización ‘Los cuellos blancos’ en el Callao. En la audiencia de prisión preventiva solicitada en su contra la fiscalía logró hacer prevalecer su tesis de que Ríos entraba en contubernios con profesionales particulares, como el empresario Mario Mendoza y con los consejeros del CNM, para conseguir nombramientos a su antojo. Y también se encargaba de preparar preguntas para los exámenes de postulación del CNM, para favorecer a los amigos y mantener la hegemonía en el poder y dominio de la función jurisdiccional en el Callao. En agosto se desestimó la apelación en su contra y se amplió su prisión preventiva a 36 meses.
Bonus Track
8. Víctor Prado Saldarriaga
El magistrado supremo fue elegido en julio como nuevo presidente del Poder Judicial, sucediendo en el cargo a Francisco Távara, quien había asumido transitoriamente la presidencia tras la renuncia de Duberlí Rodríguez Tineo. El juez supremo tuvo la difícil misión de afrontar la crisis institucional que se vivió en el Poder Judicial tras la difusión de los «audios de la vergüenza».
Durante su gestión, Prado solicitó la declaratoria de emergencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y prohibió a los jueces recibir entradas de cortesía para espectáculos culturales y deportivos. Además, por primera vez, se convocó a la población afroperuana para que formule sus demandas frente actos de discriminación y se crearon seis nuevos juzgados para atender la violencia contra la mujer. Posteriormente daría a conocer que no iría a la reelección. «No soy presidente interino, sino presidente del Poder Judicial elegido por votación tras una situación de renuncia. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el presidente no puede ser reelegido”, declaró.
