En el marco de las recientes entrevistas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el postulante a juez Iderson Roger Pituy Ataucusi se presentó ante el pleno para demostrar sus conocimientos y criterios en la resolución de casos complejos.La evaluación abarcó desde la efectividad de los mecanismos alternativos en el Código Procesal Penal hasta dilemas interpretativos fundamentales que los magistrados peruanos enfrentan a diario en el ejercicio de sus funciones.
La primacía de la ley frente a los acuerdos plenarios
Uno de los momentos más destacados de la sesión ocurrió cuando la presidencia del colegiado planteó un debate recurrente y vital en la práctica jurídica: si hay conflicto entre una ley y un acuerdo plenario, ¿cuál aplica?. Al respecto, el candidato ofreció una respuesta categórica a favor del principio de legalidad, señalando que, ante una contradicción evidente, siempre debe primar la ley vigente por encima de cualquier directriz judicial.
Pituy Ataucusi argumentó que los acuerdos plenarios son únicamente directrices diseñadas para uniformizar los criterios de interpretación, pero no pueden sobreponerse al mandato legislativo. Subrayó que, como futuro magistrado, considera que primero se aplica la ley y luego la Constitución, recordando que en un estricto Estado de derecho el único ente facultado para legislar es el Congreso de la República, un mandato que cobra aún más fuerza cuando el propio Tribunal Constitucional avala la aplicación de la norma.
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Reflexiones sobre nuestra historia constitucional
Durante el desarrollo de la entrevista, el escrutinio también se orientó hacia la cultura general y jurídica del postulante, llevándolo a dialogar sobre la enorme importancia histórica de su ciudad de origen, Huancayo. Este dinámico intercambio sirvió de contexto para introducir la pregunta sobre por qué tenemos tantas constituciones a lo largo de nuestra vida republicana, recordando hitos clave como la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812 (en 1813) y la promulgación de la Constitución de 1839 en dicha «Ciudad Incontrastable».
Finalmente, la evaluación permitió medir la capacidad del candidato para integrar el conocimiento dogmático con la práctica procesal, abordando otros temas de profunda actualidad, como la doble regulación del allanamiento y la necesidad de la presencia de la defensa técnica. El rigor de la JNJ en este tipo de cuestionamientos demuestra el alto nivel de exigencia para quienes aspiran a impartir justicia, evaluando tanto el respeto absoluto a la jerarquía normativa como el dominio de nuestra tradición histórico-legal.
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