La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil (TSC) aprobó dos precedentes administrativos que establecen criterios que son de obligatorio cumplimiento para las oficinas de Recursos Humanos de todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, que permiten una mejor gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH).

El secretario técnico del TSC, Jorge Shack Muro, explicó que el primero de los precedentes administrativos establece los criterios de graduación de las sanciones en el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) que se encuentran regulados por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

“El TSC detectó la existencia de deficiencias en los recursos de apelación de los PAD al momento de aplicar los criterios de graduación de la sanción. Por eso, con la finalidad de abordar esta problemática y de generar seguridad jurídica, se emitieron los criterios interpretativos de carácter general que orientarán la labor de las autoridades al momento de aplicar los PAD”, dijo tras indicar que así se garantizará a los servidores civiles la imposición de una sanción justa, proporcional y razonable.

Sobre el segundo precedente, Shack Muro, indicó que a través de este se establecieron los criterios para la correcta aplicación de eximentes y atenuantes en el PAD. “Como parte de su competencia como segunda instancia administrativa en la materia del régimen disciplinario, el TSC ha constatado que las entidades omiten analizar si, en el caso concreto, se presentó alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad recogidos en el artículo 104º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, así como el supuesto atenuante de responsabilidad recogido en el último párrafo del artículo 103º del reglamento de la LSC, entre otros que resulten aplicables.

“Con este segundo precedente se establecen los criterios vinculantes para los órganos competentes del PAD y servidores civiles, en general, respecto a la configuración de cada uno de los seis supuestos eximentes de responsabilidad disciplinaria recogidos en el artículo 104º del Reglamento General de la LSC”, dijo el secretario técnico del TSC y agregó que, igualmente, se precisan cuáles son los elementos que deben probarse para la acreditación de cada uno de los citados eximentes.

Fuente: Servir

Precedente administrativo sobre la aplicación de eximentes y atenuantes en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 002-2021-SERVIR/TSC

Asunto: APLICACIÓN DE EXIMENTES Y ATENUANTES EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY Nº 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL

Lima, 15 de diciembre de 2021

Los Vocales integrantes de la Primera, Segunda y Tercera Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM1, emiten el siguiente:

[…]

17. Por su parte, los supuestos eximentes de responsabilidad previstos en los literales a), b) y d) del artículo 104º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil son los mismos que se encuentran contenidos en los literales a), c) y e) del artículo 257º del TUO de la Ley Nº 27444, por lo que resulta pertinente remitirnos a lo expuesto en la doctrina nacional con la finalidad de precisar los alcances de los citados eximentes, y a la vez, desarrollar los matices propios de las causales recogidas en lo literales c), e) y f) del citado artículo 104º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil.

§ La incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente

18. En primer lugar, este supuesto evidencia la inexistencia de culpabilidad por parte del agente infractor. Al respecto, “(…) la culpabilidad está referida a que debe evaluarse si el administrado tiene la capacidad de responder jurídicamente por sus acciones. Es decir, será imputable en la medida que esté en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, y que estas le permitan percibir adecuadamente la realidad”11. Es decir, para la configuración de este supuesto debe acreditarse la ausencia de discernimiento en las acciones que realizó el agente infractor, verificándose que no ha tenido la voluntad de cometer la infracción o la capacidad de evitar ni prever actuar de otro modo.

19. En segundo lugar, Morón Urbina precisa que: “(…) asumida la inimputabilidad del individuo, se requiere una comprobación objetiva y no de simple alegación. Dentro de un procedimiento administrativo sancionador, esta situación debe ser comprobada por una dependencia estatal”12. Cabe señalar que, la carga de probar la concurrencia del eximente de responsabilidad corresponde a quien los alega como parte de su defensa, en todos los casos.

20. Finalmente, este Tribunal considera que no resulta admisible como eximente alegar alteraciones mentales provocadas o inducidas por el agente infractor, por ejemplo, aquellas que sean consecuencia de intoxicaciones por sustancias psicotrópicas como el alcohol, la cafeína, la nicotina, la marihuana y ciertos medicamentos para aliviar el dolor, así como las drogas ilegales, entre otros. Al respecto, “El trastorno mental sobreviviente, consecuencia incidental de intoxicación aguda y voluntaria por alcohol o cualquier otra sustancia, aun sin la intención previa de incurrir en un ilícito, constituye una circunstancia de trastorno mental preordenado y no puede dar lugar a la eximente. De lo contrario se abriría una puerta a la impunidad”13.

21. Asimismo, no puede perderse de vista que el literal g) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil recoge expresamente como conducta típica la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, sin perjuicio que, por encontrarse en esta condición, el servidor civil incurra en otro tipo de falta, por ejemplo, actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de compañeros de trabajo. De manera ilustrativa se presenta los aspectos más relevantes de este eximente:

22. Por tanto, este Tribunal considera que la acreditación del eximente de incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente, exige que el servidor civil acredite que, al momento de realizarse el hecho infractor, no se encontraba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, excluyéndose de este eximente las alteraciones al estado de conciencia provocadas o inducidas por el propio servidor civil.

§ El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado.

23. Con relación a estos supuestos eximentes de responsabilidad, debe considerarse que las figuras de caso fortuito y fuerza mayor tienen un amplio desarrollo en la doctrina jurídica. Sin embargo, este Tribunal advierte que ambas instituciones tienen consecuencias similares en su aplicación, principalmente, generando el quiebre del nexo causal de la conducta infractora respecto al sujeto infractor.

24. La importancia de estos fenómenos como eximentes de responsabilidad radica en que constituyen una limitante de la voluntad de los sujetos que incurren en una falta, dado que el resultado imputado fue promovido por la presencia de condiciones externas que son imprevisibles e irresistibles14. Con relación a estas características comunes, Morón Urbina indica lo siguiente: “La imprevisibilidad se da cuando existen hechos fuera de lo ordinario: situaciones que no pudieron preverse mientras que la irresistibilidad está vinculada a la imposibilidad de evitar el hecho a pesar de las medidas tomadas. Ambas, características, junto con la extraordinariedad, son compartidas en el caso fortuito y en la fuerza mayor”15.

25. En ese sentido, se ha considerado que en caso se verifique un incumplimiento intencional al deber legal impuesto al servidor civil, no se configuraría un suceso de caso fortuito o fuerza mayor16, dado que el hecho infractor pudo ser evitado por el servidor civil, puesto que se encontraba a su alcance el haber tomado todas las medidas que hubiesen evitado la ocurrencia de la infracción.

26. A las condiciones externas de este eximente de responsabilidad, se debe añadir que resulta importante verificar el actuar del servidor civil con la debida diligencia, puesto que tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar los resultados infractores provenientes del caso fortuito o fuerza mayor, por lo que toda producción de un resultado típico que no se deba, al menos a un comportamiento culposo e imprudente, debe considerarse como fortuita y, en consecuencia, excluirse de lo sancionadoramente relevante17.

27. Por su parte, este Tribunal respecto a los supuestos caso fortuito y fuerza mayor como eximentes de responsabilidad, ha señalado:

“22. Téngase en cuenta que las inasistencias, para que sean justificadas, deben haberse producido por un caso fortuito o fuerza mayor, que impida de cualquier forma cumplir con su asistencia regular al centro de trabajo, tal y como puede ser un problema de salud; sin embargo, en el presente caso, el impugnante ha omitido dar cuenta de las razones específicas que motivaron su abandono, de modo que no se ha comprobado que haya mediado un caso fortuito o fuerza mayor para ser exonerado de su deber de asistencia.18 (resaltado nuestro)”.

28. En ese sentido, se advierte que se producirá el quiebre del nexo causal cuando se acredite fehacientemente la ocurrencia de una circunstancia extraordinaria, imprevisible e irresistible, la cual se produce sin que exista una relación directa entre la voluntad del agente infractor y el resultado, solo de esta forma se configura esta causal eximente de responsabilidad. A su vez, los hechos que configuran el caso fortuito o fuerza mayor deben estar debidamente acreditados, recayendo la carga de la prueba en el servidor. De manera ilustrativa se presenta los aspectos más relevantes de este eximente:

29. De lo expuesto, la aplicación del eximente de responsabilidad por caso fortuito y fuerza mayor implica la acreditación por parte del servidor civil de la concurrencia de un hecho de carácter extraordinario, imprevisibles e irresistible. Por su parte, corresponderá a la entidad evaluar que el hecho infractor se produjo por una circunstancia ajena a la voluntad del servidor o sin mediar una actuación imprudente del servidor civil. Asimismo, analizar si existían otras medidas al alcance del servidor para evitar la ocurrencia del hecho infractor, de ser el caso.

§ El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada

30. Al respecto, esta clase de eximentes de responsabilidad se relacionan con la ocurrencia de infracciones en el cumplimiento de disposiciones normativas (deber legal) o en el cumplimiento de un mandato emitido por autoridad en ejercicio de función, cargo o comisión encomendada, situación que elimina la antijuricidad de la conducta infractora.

31. Con relación al ejercicio de un deber legal, Morón Urbina indica, “El obrar en cumplimiento de un deber legal implica que existe una acción u omisión establecida por la norma, o inclusive el acatamiento de sentencias o el cumplimiento de órdenes, que amerita ser cumplida, por lo que el destinatario de dicho deber se encuentra en la obligación de cumplirlo”19. No cabe duda que en la medida que se verifique la existencia de una disposición normativa o mandato judicial, de imperativo cumplimiento para al servidor civil, se advierte que este último se ve compelido a acatar en todos sus extremos, igual situación ocurre cuando el servidor se ve obligado a cumplir con un mandato emitido por una autoridad en ejercicio de función, cargo o comisión encomendada.

32. Al respecto, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la configuración del eximente contenido en el literal c) del artículo 104º con ocasión de la emisión de la Resolución Nº 001057-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 30 de abril de 2019, indicando lo siguiente:

“45. En ese sentido, apreciamos que el literal c) del artículo 104 del Reglamento de la Ley Nº 30057 reconoce que el ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada constituye un supuesto de eximente de responsabilidad administrativa disciplinaria, por tanto, impide que se pueda aplicar una sanción al servidor. A decir del impugnante, este habría cumplido una orden encomendada por un superior, por lo que estaría exento de responsabilidad.

46. A fin de analizar la causal invocada por el impugnante, este Tribunal considera pertinente exponer, a manera de ilustración, que la causal en mención también constituye un supuesto de eximente de responsabilidad en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; el cual precisa que es eximente de responsabilidad: la orden de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.

47. En relación a este supuesto, MORÓN URBINA20 afirma que “nos encontramos frente al supuesto de obediencia debida, porque el autor del ilícito comete una acción u omisión en el cumplimiento de una orden impartida por una autoridad pública, a la cual tienen el deber de obedecer sus instrucciones”. Dicho autor precisa también que se debe tener en cuenta el cumplimiento y concurrencia de los siguientes elementos:

a) La orden debe ser obligatoria, por lo que la misma no podrá provenir de una sugerencia sujeta a libre apreciación del administrado.

b) El administrado debe encontrarse en una situación jurídica en la que le corresponda acatar las órdenes dictadas por la autoridad administrativa.

c) La orden debe provenir de una autoridad competente y dentro de sus límites ordinarios, y;

d) La orden no debe en sí misma ser un mandato claramente ilegal o de manera manifiesta.

(…)

(Resaltado nuestro)”.

33. En ese sentido, podrá apreciarse que se precisa la concurrencia de determinados elementos para la configuración de la presente causal. De manera ilustrativa se presenta los aspectos más relevantes de este eximente:

34. De lo expuesto, para la aplicación del eximente por ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada, corresponde que el servidor civil acredite la presencia de una disposición normativa o mandato judicial de carácter vinculante, que lo obligue a realizar determinada actuación (ejercicio de un deber legal). De igual forma, debe constatarse la existencia de una orden emitida por autoridad competente, incluyendo personal jerárquico, que exija al servidor realizar una acción u omisión que genere el hecho infractor (ejercicio de función, cargo o comisión encomendada). En ambos casos, la disposición normativa o mandato debe tener un carácter imperativo dirigido al servidor civil y no ser contraria, manifiestamente, al ordenamiento jurídico.

§ El error inducido por la Administración, a través de un acto o disposición confusa o ilegal

35. Este supuesto de eximente de responsabilidad está relacionado con el principio de predictibilidad o de confianza legítima recogido en el TUO de la Ley Nº 27444, el cual establece, además de otros aspectos, que la autoridad administrativa tiene la obligación de brindar a los administrados información veraz, completa y confiable, de modo tal que estos presuman su licitud. Así, cuando se evidencie que el servidor actuó de una determinada forma, sustentando tal accionar a partir de una expectativa que le generó la actuación de la administración pública, se le eximirá de responsabilidad si por este ejercicio incurre en alguna infracción.

36. Al respecto, se debe tener en cuenta que con Informe Técnico Nº 1056-2019-SERVIR/GPGSC, del 11 de julio de 2019, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil precisó que este eximente de responsabilidad recoge dos escenarios:

(i) El error inducido a través de actuaciones materiales de la administración pública; que se manifiesta precisamente cuando el servidor y/o funcionario es inducido a error a través de un acto concreto realizado por la administración, como podría ser (y sin restringirse a dichos supuestos): el otorgamiento de información errónea producto de una solicitud, pronunciamientos erróneos reiterativos sobre una determinada materia que permitan concluir al servidor que dicho pronunciamiento es la interpretación conforme a derecho, mandatos confusos o manifiestamente contrarios a derecho.

(ii) El error inducido a través de un cuerpo normativo, que si bien es emitido por la autoridad competente, contiene disposiciones defectuosas por generar confusión respecto a la licitud o no de una actuación, o ser manifiestamente contrarias a derecho; así como el error inducido a través de una disposición administrativa ilegal que ordena la realización de un acto que si bien es conforme a derecho, se desprende de otra norma de superior jerarquía que no resulta lícita.

37. Cabe resaltar que es de suma relevancia en ambos supuestos, se verifique que las actuaciones de la administración pública deben ser concluyentes, es decir, que resultarán suficientes para generar en el servidor civil la convicción de que se encuentra actuando con licitud. Por tanto, debe existir un nexo de causal entre la conducta del servidor civil y la actuación de la entidad, siendo esta última la causa o justificación de dicho actuar, caso contrario, el eximente de responsabilidad no se configurará.

38. De otro lado, no resulta admisible alegar como error inducido por la administración la falta de respuesta a solicitudes de autorización presentadas por el propio servidor civil, puesto que siempre debe existir una actuación material o la emisión de un pronunciamiento de la entidad empleadora para considerar concedido lo solicitado por sus servidores civiles21.

39. Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que el eximente por error inducido por la Administración, a través de un acto o disposición confusa o ilegal, exige que el servidor civil acredite la existencia de una actuación material o cuerpo normativo emitido por la entidad, que genere confusión sobre la licitud de determinada actuación que a la postre genere el hecho infractor. Asimismo, resulta importante sustentar que ambos actos de la administración resultaron suficientes para generar en el servidor civil la convicción de que se encontraba actuando con licitud.

40. Igualmente, no se considera dentro de este eximente la falta de respuesta a algún pedido por parte de la entidad, por ejemplo, no sería posible alegar que las inasistencias al centro de trabajo por parte del servidor civil se encontrarían justificadas al haberse presentado la solicitud de licencia sin goce de remuneraciones antes de incurrir en el hecho infractor, en la medida que el servidor civil debía esperar el pronunciamiento expreso de la entidad a su solicitud.

§ La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o inducidos, que hubieran determinado, la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud, el orden público, etc.

41. A diferencia del supuesto recogido en el literal b) del artículo 104º de la Ley Nº 30057 (caso fortuito o fuerza mayor), la situación de catástrofe o desastre, natural o inducido, no es la causa en sí misma que origina el incumplimiento de determinada obligación por parte del servidor civil. En este supuesto, el incumplimiento de determinada obligación se produce con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, puesto que la actuación del servidor se ve motivada a fin de evitar la afectación de bienes jurídicos de carácter superior como la vida, la salud, el orden público, entre otros.

42. En ese sentido, no será sancionable la actuación funcional que se realice en desmedro de determinada obligación, para evitar o superar la inminente afectación a intereses generales como la vida, la salud, el orden público, entre otros, siempre que concurren los elementos que se indican en el literal e) del artículo 104º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil. Al respecto, este Tribunal advierte que deben concurrir los siguientes elementos:

43. Asimismo, corresponde al servidor acreditar que su intervención resultaba indispensable para evitar la lesión a determinados bienes jurídicos ante una situación de calamidad, dado que de verificarse que existían otras medidas para preservar los intereses generales citados previamente no se configurará el referido eximente.

§ La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.

44. Sobre el particular, este Tribunal considera que la hipótesis normativa del eximente regulado en el literal f) del artículo 104º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil recoge los siguientes elementos22 para su configuración:

45. De esta forma, en la medida que no se acredite que el accionar del servidor resultaba necesario para tutelar las finalidades específicas antes expuestas (entre ellas, salud u orden público), podrá inferirse que la actuación del servidor fue motivada por un interés particular.

46. Por su parte, debe considerarse el eximente del literal f) del artículo 104º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil excluye los casos de catástrofes o desastres, naturales o inducidas, los cuales, dependiendo de su naturaleza, se regulan por los literales b) o e) del artículo 104º del Reglamento de la Ley Nº 30057. En ese sentido, corresponde a las autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario analizar si determinada situación se subsume o no en algún otro supuesto eximente de responsabilidad.

§ Sobre la subsanación voluntaria como atenuante en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057.

47. De acuerdo a lo prescrito en el último párrafo del artículo 103º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, la subsanación voluntaria por parte del servidor del acto imputado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, puede ser considerado un atenuante, así como cualquier otro supuesto debidamente acreditado y motivado.

48. Con relación a la aplicación del atenuante de subsanación voluntaria, debe resaltarse que no resulta ser un mandato imperativo la atenuación de la responsabilidad administrativa disciplinaria por esta acción al establecerse que “puede ser considerada”23 y, por tanto, no constituye una obligación ineludible que deba cumplirse en todos los casos, siempre que la sanción impuesta guarde coherencia con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 200º de la Constitución Política del Perú24. Adicionalmente, este Tribunal considera que la comisión de conductas sumamente graves, por ejemplo, el uso de título falso para laborar en la Administración Pública, actos de corrupción o los actos de hostigamiento sexual, no pueden ser materia de subsanación bajo ninguna condición.

49. Asimismo, para la configuración del atenuante recogido en el último párrafo del artículo 103º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 -Ley del Servicio Civil resulta importante que la Entidad constate la concurrencia de los siguientes elementos:

50. Por otro lado, este Tribunal ha considerado que la subsanación voluntaria de la conducta infractora tiene relevancia respecto a una situación cuando los efectos de esta no se hayan consumado, contrario a ello, no cabría subsanación alguna cuando se haya agotado los efectos de la conducta infractora27, es decir, cuando la lesión al interés tutelado se vuelve irreparable por cualquier otra acción que realice el servidor civil.

51. Al respecto debe tomarse en cuenta lo señalado por Morón Urbina que indica: “Toda infracción es jurídicamente subsanable, lo que impide o dificulta su subsanabilidad es la posibilidad o no de revertir los efectos dañosos producidos”28. (énfasis nuestro)

52. Así por ejemplo, aquel servidor que en calidad de chofer realiza una maniobra imprudente ocasionando daños al vehículo que le asignó la entidad; sin embargo, de manera previa al inicio del procedimiento, asume los gastos de reparación del vehículo, en dicho supuesto se configura la subsanación voluntaria como atenuante de su responsabilidad. De otro lado, el servidor encargado de la oficina de almacén, que de manera negligente omite verificar la fecha de vencimiento de los medicamentos ingresados, los cuales son distribuidos y finalmente consumidos por los pacientes, en tal caso no hay posibilidad de remediar dicho actuar negligente puesto que la afectación a la salud se consumó irremediablemente.

§ Sobre el reconocimiento como atenuante en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057.

53. Ahora bien, el reconocimiento de responsabilidad, de forma expresa y por escrito, una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, ha sido recogido como atenuante de responsabilidad por la comisión de infracciones en el literal a) del artículo 257º del TUO de la Ley Nº 2744429. Asimismo, se advierte que esta figura no ha sido recogida como atenuantes en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057.

54. Sin embargo, conforme lo expuesto en el numeral 16 del presente documento, resulta posible que las entidades evalúen al momento de graduar la sanción, la configuración de este eximente de responsabilidad, en la medida que las disposiciones del TUO de la Ley Nº 27444 resultan aplicables supletoriamente al régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, en los aspectos que no sean regulados por esta última.

55. Por otro lado, este Tribunal advierte que en su jurisprudencia se admite la aplicación del reconocimiento de responsabilidad como atenuante en regímenes disciplinarios especiales de forma supletoria y siempre que se verifique la concurrencia de todos los elementos que lo configuran30.

56. En ese sentido, no resulta suficiente plantear el reconocimiento como atenuante de responsabilidad en forma escrita, sino que se precisa formular, indubitablemente, el reconocimiento de responsabilidad por la comisión de la conducta infractora.

57. De esta forma, cuando las entidades adviertan que el servidor civil formuló un reconocimiento expreso de la comisión de la infracción, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, corresponde que emitan un pronunciamiento al momento de graduar la sanción31, conjuntamente con los otros criterios para determinar la sanción recogidos en el artículo 87º de la Ley Nº 30057 – Ley el Servicio Civil.

58. Finalmente, debe considerarse que existen conductas que revisten tal gravedad que hacen insostenible la continuidad del vínculo laboral32, por lo que tanto la subsanación voluntaria como el reconocimiento de la comisión de la conducta infractora, no podrán operar como atenuantes de la responsabilidad.

CONTINÚA…

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