Bajo la presidencia del juez supremo titular Carlos Alberto Calderón Puertas, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, obtuvo la certificación internacional del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016. La distinción fue otorgada por la entidad Global Certification Bureau S. A., tras diez jornadas de auditoría y verificación de procesos.
Calderón Puertas precisó que con este reconocimiento son ya dos las salas supremas certificadas, junto con la Sala Penal Permanente. Agregó:
El objetivo es extender a otras dos salas supremas y a cuatro salas de las cortes superiores este año, y el 2026 a ocho o diez salas superiores, la idea es que todas las salas del Poder Judicial tengan su ISO 37001.
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El magistrado explicó que la certificación exige la implementación de políticas antisoborno, así como mecanismos de control interno que permitan evaluar los procedimientos judiciales en cualquier momento. Para ello, la sala implementó el uso de tablas informáticas en reemplazo de documentos físicos, a fin de garantizar registros inalterables de las decisiones y votos emitidos.
Asimismo, detalló que estas herramientas permiten verificar eventuales cambios en los votos de los jueces, lo que abre la posibilidad de investigaciones internas. «Usamos las tablas informáticas porque las físicas, en papel, pueden ser modificadas con lapicero; las primeras tienen el registro de cuándo se coloca la información y queda el registro de las modificaciones realizadas», señaló.
Calderón Puertas indicó que 70 integrantes de la sala participaron en este proceso de evaluación, que incluyó la revisión de contratos y acuerdos de confidencialidad de los trabajadores. Resaltó:
Un magistrado o un trabajador no puede estar brindando información de orden interno, todos los que laboran en la Corte Suprema firman un contrato y un acuerdo de confidencialidad, y eso es lo que se trata de respetar.
Sostuvo que esta certificación es clave para fomentar la transparencia en la labor jurisdiccional. Consideró que «la única forma de que la ciudadanía vuelva a tener confianza en el Poder Judicial es que los jueces y trabajadores permitan estos actos de fiscalización y de control», proyectando que el procedimiento se extenderá a todas las salas supremas y superiores en un plazo de tres a cuatro años.
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El magistrado cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en el ámbito jurídico. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también obtuvo el grado de maestro en Derecho Civil y Comercial con la tesis. Asimismo, concluyó estudios de doctorado en Derecho y Ciencia Política en la misma casa de estudios.
Ha realizado diversos cursos de especialización en la Academia de la Magistratura y en instituciones nacionales e internacionales, entre ellos en justicia juvenil restaurativa, pluralismo jurídico y acceso a la justicia de personas vulnerables. Además, fue expositor en encuentros académicos sobre responsabilidad civil, violencia sexual contra menores, derechos de las personas LGTBIQ y pluralismo jurídico, entre otros.
En el ámbito jurisdiccional, fue designado juez superior titular en 2002 en el Distrito Judicial de Lima Norte, donde ejerció en la Primera Sala Civil. En 2018 obtuvo su ratificación por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, ascendió a la Corte Suprema, integrando la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente.
En el campo docente, se desempeñó como profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde dictó cursos como Obligaciones, Responsabilidad Civil y Contratos I entre 2014 y 2018. Su experiencia se complementa con la participación en diplomados internacionales y en seminarios especializados en derecho civil, constitucional y de familia.
Próximamente, Calderón Puertas participará como expositor en la primera edición del congreso jurídico Vivo x el Derecho, organizado por LP con motivo de su décimo aniversario. El evento se desarrollará en la ciudad de Lima el sábado 6 de diciembre de 2025.
