La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, recientemente, ha aprobado el dictamen que propone la derogación del Decreto Legislativo 1023 (2008, creación de Servir) y de la Ley 30057 (2013, dación de la Ley del Servicio Civil) teniendo como referencia lo contenido en los proyectos de ley 7107/2023-CR, 7156/2023-CR y 7167/2023-CR. Esta medida, en mi opinión, genera una alerta sobre lo que podría ser un atentado contra la reforma del empleo público en nuestro país. De un lado porque -en líneas generales- el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos ya no contaría con un ente rector y, de otro lado, porque el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado empleador quedaría sin efecto.
Si bien es cierto, la reforma del empleo público no ha logrado los resultados esperados debido a que en más de diez (10) años de vigencia de la Ley 30057, a la fecha, solo dieciocho (18) entidades se encuentran en la fase final del tránsito al Régimen del Servicio Civil (RSC), no debe perderse de vista que la concreción de una política pública tan ambiciosa, la cual involucra a más de la mitad (60 %) de la planilla nacional, no depende únicamente de Servir, sino de otros actores (Congreso de la República, organizaciones sindicales, etc.), los cuales -en honor a la verdad- nunca vieron con buenos ojos esta reforma.
Como si este escenario no fuera ya desalentador, es menester recordar que con la vigencia de la Ley 31131 (10 de marzo de 2021) hubo un grupo considerable de servidores públicos que, al pertenecer al Régimen CAS, se convirtieron en titulares del derecho a la estabilidad laboral mediante la configuración de una relación laboral indefinida. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia que declara -casi en su totalidad- la inconstitucionalidad de dicha ley (a partir del 20 de diciembre de 2021): el daño letal al empleo público ya se había generado puesto que hoy en día queda muy poco sobre el carácter temporal que «caracterizaba» este régimen laboral.
Pese a este contexto, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 21 de diciembre de 2023, el Decreto Legislativo 1602, el cual procura darle un nuevo enfoque a la reforma del empleo público modificando la Ley 30057. Aunado a ello, con fecha 31 de diciembre del mismo año, se publicó el Informe Técnico 001882-2023-SERVIR-GPGSC, a través del cual se delimitaban -con carácter vinculante- los alcances de la desvinculación de los servidores púbicos como consecuencia de tener una evaluación de desempeño desaprobatoria. No obstante, ambas disposiciones normativas fueron severamente cuestionadas por diferentes organizaciones sindicales al considerar -equivocadamente- que el Estado trataba de encubrir despidos masivos.
¿En qué falló Servir esta vez? Considero que hubo dos errores que han ahondado en la falta de legitimidad de Servir. El primero consistió en no debatir previamente las normas referidas con las organizaciones sindicales más representativas; y, el segundo yerro consistió en querer dar nuevos bríos a una reforma necesaria (aunque postergada) sin tener las reglas claras (por plantear solo dos preguntas: ¿cómo transitarían al RSC los CAS indeterminados? ¿Cuándo se modificaría el Reglamento de Compensaciones del RSC para que dicho tránsito resulte «atractivo»?).
A pesar de los sucesos descritos, Servir ha resistido estos embates y ha persistido-con aciertos y tropiezos- en el camino que procura satisfacer la necesidad imperiosa de contar con un empleo público de calidad que privilegie la meritocracia y no la mediocracia; es decir, resulta necesario construir día a día una administración pública más humana que vea en su prójimo no solo una cifra, sino una inefable oportunidad de mejorar como sociedad a través de la generación de valor público.
Sin duda, este camino no es ancho ni fácil, sino angosto y difícil, pero ¿acaso lo que vale la pena y trasciende no requiere de esfuerzo y convicción? Por supuesto que sí. ¿Entonces por qué están difícil entenderlo? Porque nos hemos acostumbrado -aunque cueste reconocerlo- a apologizar, salvo honrosas excepciones, la cultura de lo inmediato y, en consecuencia, hemos olvidado convencionalmente que los grandes cambios requieren de un proceso a largo plazo que se cimente en consensos y no en imposiciones, que se cimente en el interés general y no en el interés de unos cuantos.
Precisamente por ello, si no prosperara el texto sustitutorio que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República ha planteado respecto de los proyectos de ley 7107/2023-CR, 7156/2023-CR y 7167/2023-CR, entonces, Servir tiene una valiosa oportunidad para recoger toda su experiencia de más de quince años y enfocarse en estructurar y fortalecer una verdadera reforma del empleo público. En contraposición a este razonamiento, si se derogara el Decreto Legislativo 1023 y la Ley 30057 el empleo público quedaría sin rumbo y hasta que los actores políticos coincidan en que la meritocracia es necesaria para mejorar el servicio público no se sabe cuántas décadas más deben transcurrir.
En mi condición de ciudadano, sostengo con énfasis que la emisión de toda norma que emita el Congreso de la República, sobre todo aquellas relacionadas con políticas públicas, deben ser previamente debatidas. No basta con ejercer el poder de legislar, sino que dicho ejercicio debe ser -como mínimo- informado, legítimo y razonable. ¿Acaso los proyectos de ley citados están dotados de estas cualidades? ¿Acaso no se está tendiendo un puente para que se transite de la mediocracia hacia la oclocracia? Es prioritario que Servir, como ente rector, se fortalezca, dado que la consolidación de una cultura meritocrática en la administración pública permitirá que progresemos como país.
Finalmente, si aún quedara duda sobre el propósito de estas líneas acerca de la insensatez del proceder congresal que parece acrecentarse cuando se recuerdan los desaciertos de Servir desde que se creó, me permito citar un proverbio antiguo: «Que tu error de hoy sea tu maestro de mañana»; en otras palabras, lejos de desanimarnos por los errores del pasado, debe alentarnos que ya sabemos en qué no equivocarnos en el presente para que en el futuro la reforma del empleo público sea una realidad que refleje un servicio público de excelencia.
