Germán Jímenez
Asociado senior del Estudio Muñiz
Durante el mensaje presidencial se hizo mención al proyecto de ley para que la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sea reducida a 5 miembros: un representante del Poder Ejecutivo, uno por el Poder Legislativo, uno por el Poder Judicial y otro por el Ministerio Público, permitiendo que entre estos cuatro puedan designar al quinto miembro del Consejo.
De aprobarse este proyecto podría darse el caso que la mayoría de los integrantes del CNM no tengan ninguna vinculación con el derecho. Debemos entender que los congresistas (Poder Legislativo) y Gobierno (Poder Ejecutivo) son sobre todas las cosas políticos pertenecientes a diferentes organizaciones partidarias con agendas y objetivos propios, sin contar que también tienen atribuciones para aprobar presupuestos tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, y por esta misma razón hay motivos concretos para sostener la existencia de un riesgo latente de intromisión y manipulación en los nombramientos de nuestros futuros jueces y fiscales.
Todos sabemos que la ciudadanía en general tiene la percepción que el Poder Judicial está “partidarizado” y esta parcialidad va de acuerdo a las sentencias que los juzgadores emitan. Para los izquierdistas los jueces son apristas o fujimoristas cuando las resoluciones emitidas por los magistrados no son de su agrado, mientras que para otros los jueces son “caviares” por los mismos motivos que sostienen sus antagonistas. De ahí que urge la necesidad de buscar mecanismos para que los miembros del CNM reúnan los requisitos de probidad necesarios a fin de que sus nombramientos no sean motivo de enfrentamientos ni de adjetivos que desdigan el cargo que van a desempeñar. Lamentablemente, el proyecto que pretende presentar el gobierno pareciera no perseguir ese fin, sino por el contrario, genera mayores confusiones y dudas sobre lo que realmente se pretende con el CNM.
Si realmente buscamos consolidar un CNM con integrantes a los cuales podamos exigir un adecuado conocimiento del derecho y las leyes para que puedan tener el criterio adecuado al momento de designar y ratificar a nuestros magistrados, tenemos que designar precisamente a profesionales del derecho, por ello se debería evaluar la posibilidad de que no se considere como candidatos al CNM a representantes de los colegios profesionales que no tienen vinculación con el derecho y ni a los representantes de los rectores de las universidades, tal como se está conformado en la actualidad. Por el contrario, se debe considerar a un representante de los decanos de las facultades de derecho del país, acciones que darían mas credibilidad al deseo de tener un CNM sin manoseo político y con gente proba y totalmente comprometida a las funciones encomendadas.
Nunca olvidemos que la separación de poderes es fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático, en ese sentido el Poder Judicial es autónomo y por lo mismo la intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo en el nombramiento de sus magistrados como lo señala el proyecto solo agravaran más la crisis de nuestras instituciones. No hagamos de un mal proyecto una amenaza fantasma.
