El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional – PVN), a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), logró un resultado favorable en el proceso arbitral iniciado por el Consorcio Vial Ambo —integrado por Constructora Santa Fe Ltda. Sucursal del Perú, Grinor S.A. Sucursal del Perú y JE Construcciones Generales S.A.— evitando un perjuicio económico estimado en S/ 10’513,162.58 para el Estado.
Rechazo a pretensiones económicas del contratista
En sede arbitral se desestimó el pedido del Consorcio de dejar sin efecto las resoluciones directorales N.° 294-2019-MTC/20, 977-2019-MTC/20 y 1277-2019-MTC/20, mediante las cuales Provías Nacional había denegado ampliaciones de plazo solicitadas por el contratista. Asimismo, el Tribunal Arbitral rechazó la pretensión de pago de mayores gastos generales y costos directos por más de diez millones de soles, sustentados por el contratista mediante una pericia de parte.
El laudo arbitral estableció que el contratista incumplió su obligación de comunicar oportunamente las circunstancias que afectaban la ejecución de la obra, por lo que las demoras generadas fueron atribuibles al propio Consorcio. También se acreditó que este incumplió con mantener a su residente de obra, sustituyéndolo sin contar con la aprobación de la Entidad, lo que reafirmó la validez de las decisiones administrativas emitidas por Provías Nacional.
Validez de penalidades y resoluciones de la Entidad
El Tribunal Arbitral declaró fundadas las pretensiones reconvencionales formuladas por Provías Nacional, ratificando la validez de las penalidades aplicadas al contratista en el marco de un contrato cuyo monto supera los S/ 350 millones.
Respecto al pedido del Consorcio de evitar la aplicación de penalidades, el laudo concluyó que no se configuraban supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, ni otras circunstancias que eximieran al contratista del incumplimiento relacionado con la falta de personal ofertado.
Fortalecimiento de la defensa del Estado
La Procuraduría Pública del MTC, encabezada por el Procurador Público David Ortiz Gaspar, destacó que este resultado reafirma la solidez de la estrategia de defensa jurídica del Estado, orientada a demostrar que las decisiones de Provías Nacional sobre ampliaciones de plazo se ajustan estrictamente a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Ortiz Gaspar explicó que dicha estrategia se basa en un análisis técnico–legal riguroso de cada controversia, garantizando que las actuaciones de la Entidad se encuentren plenamente motivadas y respaldadas por la normativa vigente. Este enfoque permite, afirmó, proteger los recursos públicos frente a reclamaciones infundadas, evitando que se generen obligaciones económicas que carezcan de sustento o que deriven de incumplimientos atribuibles al contratista.
Asimismo, resaltó que resultados como este contribuyen a consolidar criterios uniformes en materia arbitral, fortaleciendo la posición institucional del Estado en procesos similares. “Cada laudo favorable no solo representa un ahorro para el país, sino que envía un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento contractual y el respeto a las reglas de la contratación pública”, precisó.
Finalmente, destacó que la labor de la Procuraduría no se limita a la defensa en los arbitrajes, sino que también impulsa mejoras en la gestión contractual de las entidades del sector, promoviendo prácticas que reduzcan la conflictividad y garanticen que las obras públicas se ejecuten en los plazos, condiciones y estándares previstos.
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