La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento en el que reafirma la independencia del Poder Judicial y rechaza cualquier intento de intromisión o condicionamiento sobre sus decisiones.
El máximo órgano deliberativo del Poder Judicial sostuvo que, en un Estado constitucional y democrático, la crítica ciudadana y el ejercicio del poder deben darse con respeto mutuo y sin interferencias. En esa línea, advirtió que resulta inaceptable que resoluciones judiciales sean respondidas con amenazas de intervencionismo, censura o la imposición de medidas disciplinarias u otros mecanismos de presión.
La Corte Suprema expresó su preocupación por prácticas que, según indicó, buscan utilizar el poder político para influir en la justicia, y señaló que interferir o controlar decisiones judiciales debilita el sistema de justicia y perjudica especialmente a las personas más vulnerables.
Finalmente, el Poder Judicial ratificó su «firme e indeclinable» compromiso de seguir ejerciendo la función jurisdiccional sin temor ni sometimiento, con sujeción exclusiva al derecho, garantizando la tutela jurisdiccional efectiva, la dignidad humana y los derechos humanos.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA PLENA
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, en sesión extraordinaria de la fecha, acordó emitir el siguiente pronunciamiento:
1. El Perú es un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, organizado bajo un modelo republicano de gobierno y el principio de separación de poderes. Como tal, el ejercicio del poder y la crítica ciudadana deben ejercerse en un clima de respeto mutuo, tolerancia democrática y observancia de las decisiones que los representantes de la Nación y, en particular, los jueces de la República adopten, en el marco de sus atribuciones constitucionales.
2. En este contexto, el comportamiento democrático de todos los ciudadanos, desde funcionarios del más alto nivel o actores sociales, debe descartar intromisiones, interferencias, amenazas, limitaciones o condicionamientos de cualquier índole, como garantía de una convivencia civilizada y base del desarrollo nacional.
3. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia rechaza que se condicionen las decisiones judiciales o se imponga cualquier tipo de censura. Es, asimismo, inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo. Hacerlo implica destruir el sistema de justicia, cuyo vértice es el Poder Judicial, así como anular la tutela jurisdiccional efectiva a la que todas y todos los ciudadanos tienen derecho. Cuando se interfiere o controla la justicia, el único perjudicado es el pueblo, en especial quienes son más vulnerables.
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4. El Poder Judicial rechaza aquellas vedadas prácticas, en especial cuando se pretende exigir o utilizar el poder político para realizar estas conductas contrarias al orden democrático. Frente a ello expresa, su profunda preocupación y firme rechazo. Además, recuerda a la Nación que solo un Poder Judicial plenamente independiente puede garantizar la protección integral de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, así como una convivencia pacífica y próspera, en la cual la justicia sea reconocida como un servicio para el bien común.
5. Por tales consideraciones, el Poder Judicial, reafirma su firme e indeclinable propósito de seguir ejerciendo la función jurisdiccional que la Constitución le ha encomendado brindando tutela jurisdiccional efectiva a todos los que la pidan; sin rendirse ante intromisiones, amenazas, imputaciones infundadas, o agresiones alevosas que pretenden instrumentalizar el control político, disciplinario o punitivo; sin temor ni sometimiento y con sujeción exclusiva al derecho, garantizando la dignidad humana y los Derechos Humanos.
