El congresista Edgard Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) presentó un proyecto que propone facultar a los gobiernos regionales y locales para ejecutar inversiones y adquirir bienes, equipos y vehículos a favor del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público (MP).
La iniciativa legislativa plantea la modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley 31774, a fin de ampliar su alcance. Así, no solo se autorizaría a los gobiernos subnacionales a ejecutar proyectos de inversión pública bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sino también a realizar adquisiciones logísticas destinadas a fortalecer el funcionamiento operativo de ambos órganos constitucionales autónomos.
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«La presente ley tiene por objeto autorizar a los gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes, equipos y vehículos a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público, con la finalidad de optimizar y reducir la brecha del acceso a la justicia», indica el texto.
Según se indica Reymundo Mercado, durante sus visitas de representación parlamentaria realizadas en marzo y abril de 2025 al Distrito Fiscal de Junín y a la Selva Central, encontró serias limitaciones materiales para el cumplimiento de funciones en el MP y el PJ.
Entre las principales deficiencias identificó la falta de vehículos, sedes alquiladas sin condiciones adecuadas, archivos fiscales almacenados en pasillos y carencia de ambientes logísticos apropiados para diligencias fiscales y judiciales.
En ese contexto, el proyecto señala que el Ministerio Público solicitó para el año 2025 un presupuesto cercano a los 15 mil millones de soles; sin embargo, mediante la Ley de Presupuesto 32185, se le asignaron S/2921 millones, monto que representa aproximadamente el 20% de lo requerido.
Asimismo, el documento recoge cifras oficiales sobre la ejecución presupuestal de ambas entidades en los últimos años. En el caso del PJ, durante el año 2024, se destinó apenas el 4.4% del presupuesto institucional modificado a proyectos de inversión. Para el presente año fiscal, este porcentaje ha disminuido a 0.7%.
Por su parte, el MP redujo su gasto en inversión del 2.8% en 2024 a 0.2% en 2025, según datos de la plataforma de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
También se incluye un diagnóstico de brechas elaborado por la Fiscalía en agosto de 2024, el cual revela que de un total de 445 sedes fiscales, solo 10 son de propiedad institucional, mientras que 435 son alquiladas y operan en condiciones inadecuadas. Una situación similar se presenta en el Poder Judicial, que registra 2896 dependencias judiciales distribuidas en 637 sedes, de las cuales 480 son inmuebles arrendados.
PROYECTO DE LEY QUE FACULTA А LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LA GESTION DE INVERSIONES Y ADQUISICIONES A FAVOR DEL PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO A FIN Y DE OPTIMIZAR EL SERVICIO DE JUSTICIA
Los Congresistas de la República que integran el Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular, a la iniciativa del congresista Edgard Reymundo Mercado, al amparo de lo establecido en el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú y de los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, proponen el Proyecto de Ley:
FÓRMULA LEGAL
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
PROYECTO DE LEY QUE FACULTA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LA GESTION DE INVERSIONES Y ADQUISICIONES A FAVOR DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO A FIN DE OPTIMIZAR EL SERVICIO DE JUSTICIA.
Artículo 1.- Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes, equipos y vehículos a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de recudir la brecha del acceso a la justicia.
Artículo 2.- Modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 31774
Modifíquese los artículos 1 y 2 de la Ley N° 31774, Ley que autoriza a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para Ejecutar Proyectos de Inversión Pública, bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, del Poder Judicial y del Ministerio Público, quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto autorizar a los gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes, equipos y vehículos a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público, con la finalidad de optimizar y recudir la brecha del acceso a la justicia.
Artículo 2. Autorización a los gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes, equipos y vehículos a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar y ejecutar inversiones de infraestructura, bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y/o adquirir bienes, equipos y vehículos a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público, previa suscripción del convenio respectivo y a título gratuito, sin que ello implique subordinación alguna de la administración de justicia.
Para el caso del Poder Judicial o del Ministerio Público, los convenios serán suscritos por el Gerente General o quien haga sus veces.
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Problemática que enfrentan los órganos de Justicia:
El Ministerio Público como organismo autónomo reconocido en el Art. 158 de la Constitución Política del Perú, tiene como función principal la defensa de legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos, en virtud del cual no sólo representa a la sociedad o la ciudadanía en juicio, sino persigue el delito y la reparación civil, así como de prevenir delitos, por ende, es el titular de la acción penal, conforme así lo reconoce la Ley Orgánica del Ministerio Público. De igual forma el Poder Judicial, ejerce la potestad de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a Constitución y a las leyes, de ahí que juegan un papel importante para garantizar un efectivo acceso a la justicia, de ahí la importancia de dotar de infraestructura y recursos logísticos que permitan realizar un trabajo adecuado.
Durante las actividades de semana de representación de los meses de marzo у abril del 2025, visité el Distrito Fiscal de Junín, así como de la Selva Central donde tomamos conocimiento de las deficiencias que enfrenta estos organismos autónomos, entre ellos la falta de infraestructura, vehículos y equipamiento que no permite optimizar el servicio de justicia, brechas que persisten por los escasos recursos que administran, tal es así que a pesar que el Ministerio Publico requirió para el 2025, un presupuesto aproximado de 15 mil millones; en la Ley N° 32185, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, sólo se le asignó un presupuesto de S/ 2,921,293,195 soles, monto que representa sólo un 20% de lo solicitado, limitando así que se puedan ejecutar proyectos de inversión que permitan contar con adecuada infraestructura y recursos para una labor fiscal efectiva, no es posible por ejemplo que en el Distrito Fiscal de la Selva Central que atiende en las sedes de Pichanaqui, Satipo, Oxapampa y Puerto Bermúdez, cuyas zonas rurales y distancias alejadas y de difícil acceso no permiten garantizar el traslado del personal de las distintas fiscalías especializadas; lo que retrasa la labor oportuna y en muchos casos impiden que se lleven a cabo diligencias necesarias en el marco de una investigación. A ello se suma, que todas sus oficinas son alquiladas a excepción de su sede central, lo que no permite contar con ambientes adecuados para la labor fiscal ni para el archivamiento o custodia de las carpetas fiscales, hecho que también se evidenció en el Distrito Fiscal de Junín, donde los expedientes se encuentran en el piso y pasadizos de sus instalaciones. Estos hechos han conllevado incluso que la representante de la Fiscalía de la Nación solicitara al poder Ejecutivo un presupuesto adicional de 460 millones de soles, para entre otros, mejorar la infraestructura y adquirir equipamiento para las unidades especializadas.
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