La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) abrió un procedimiento sancionador contra la organización política Fuerza Popular (FP). La entidad evaluará si el viaje a Estados Unidos de Keiko Fujimori, lideresa de dicho partido, se costeó con el uso del financiamiento público directo que recibe la organización.
El traslado se efectuó en mayo del año pasado al estado de California. La excandidata presidencial anunció su viaje, a través de la red social X, tras una «invitación académica» de la institución educativa Dominican University of California:
Muy contenta de iniciar, junto a miembros de Fuerza Popular, una visita académica en California, Estados Unidos. Esta invitación significa una gran oportunidad para intercambiar experiencias con universidades e instituciones políticas y empresas de tecnología. Por acá les iré contando cómo vamos.
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Corvetto: Fondos deben vincularse a capacitación
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, confirmó el inicio del procedimiento a la agrupación naranja, pero se abstuvo de brindar mayores detalles al respecto. Sin embargo, remarcó que los fondos públicos deben ser usados, «exclusivamente», para capacitaciones y «aspectos de funcionamiento». En diálogo con Canal N, indicó lo siguiente:
Nosotros hemos abierto un procedimiento sancionador al respecto y yo soy un órgano sancionador y, por lo tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente.
El uso del financiamiento tiene que estar vinculado exclusivamente a aspectos de capacitación y aspectos de funcionamiento. Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado el financiamiento público directo.
Los cuestionamientos apuntan a que Fujimori Higuchi habría usado S/28 000 del financiamiento público directo otorgado a su partido. Esto significaría una una infracción contra la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
¿En qué debería gastarse el financiamiento público a partidos políticos?
El financiamiento a partidos políticos proviene del tesoro público y está destinado a actividades como formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario.
Para tal fin, el Estado destina el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Estos fondos se asignan con cargo al Presupuesto General de la República.
La transferencia se efectúa en cinco partes anuales, distribuyéndose un 40% de manera igualitaria entre todos los partidos con representación en el Congreso y un 60% de forma proporcional a los votos obtenidos por cada agrupación política en las elecciones parlamentarias.
