La Oficina de Control de la Magistratura coordina la creación de un sistema de colocación de códigos de identificación para salvaguardar la identidad de los que denuncien actos de corrupción, anunció la jueza titular del órgano de la Judicatura.
Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, brindó una entrevista sobre el tema en mención:
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¿Qué proyectos están pendientes en la OCMA para este año?
Uno de los temas pendientes, entre los varios que tenemos, es la colocación de códigos de identificación a los denunciantes que quieran hacer de nuestro conocimiento algún acto de corrupción, para garantizarles la reserva debida, como ocurre en el Ministerio Público, que protege a sus testigos y denunciantes. Estamos haciendo las coordinaciones precisamente con la Fiscalía de la Nación a fin de acceder a esa experiencia, para que los que quieran poner en conocimiento de algún acto de corrupción lo hagan de forma que se pueda proteger su identidad.
¿Qué ganarán con esto?
Que la gente se anime a denunciar. Hay personas que tienen temor a denunciar algunos comportamientos completamente vedados, porque consideran que si lo hacen, de repente perderían en su proceso judicial. Nosotros queremos que se rompa ese temor, por eso ya estamos iniciando las conversaciones para hacer mejores protocolos, a fin de proteger a la persona que quiera ponernos en conocimiento algún acto que pueda ser de corrupción, un acto completamente reprobable.
¿Este proyecto se aplicará en las oficinas desconcentradas de control de la Magistratura (Odecmas)?
Siempre que hacemos algún cambio en la sede principal, hacemos que nuestras oficinas desconcentradas lo apliquen para que funcione a escala nacional.
Se ha creado una unidad de investigaciones especiales ¿Qué labor hará?
Desde mayo pasado hemos incorporado la participación de esta unidad a las visitas de control preventivo que hacemos a los distintos distritos judiciales. Esta se encarga de la administración de las declaraciones juradas del patrimonio de los magistrados. Había cierto desorden en la presentación de estos documentos, entonces mediante el sistema informático se han creado módulos especiales para facilitar a los jueces su presentación. Hemos determinado que en las visitas se incorporen estos módulos para que personal de la unidad de investigaciones especiales esté presente y pueda convocar a los magistrados con dificultades en la presentación de sus declaraciones y a los que no las han entregado en su momento, para que las presenten y/o efectúen las subsanaciones del caso, de tal manera que se está regularizando toda la presentación de esta documentación.
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Registro de sanciones
¿Se ha instaurado una nueva forma de registro de sanciones disciplinarias?
Antes, concluida una investigación disciplinaria, se hacía la anotación de la sanción en un registro que no era automático, sino mediante la entrega física de la copia de la resolución, lo cual no era conveniente porque dependía de una persona anotar o no la sanción.
¿Cómo es ahora?
Ahora, el sistema reconoce que una sanción está firme y la está anotando sin intervención del personal, y eso para sí es favorable. Hemos dado este salto porque tenemos que reportar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) las sanciones impuestas.
Reglamento
El nuevo Reglamento de evaluación y ratificación de magistrados exige a la OCMA remitir cada año al Consejo Nacional de la Magistratura información sobre las declaraciones juradas del jueces.
A juicio de Ana María Aranda Rodríguez, esto resulta un poco complicado porque constituye un mandato que podría colisionar con el carácter de reservado que de acuerdo a ley tiene dicha documentación.
Por ello, considera que dicha data debería remitirse cuando el magistrado sea sometido a proceso de ratificación. Se coordinará para que se cumpla la ley, indicó.
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