Fundamentos destacados: 6. Cuando el artículo 42° de la Constitución señala los derechos de los servidores públicos, y menciona solo a los de sindicación y huelga ¿ello importa que los demás derechos de naturaleza laboral no enunciados en dicha disposición no son aplicables para aquellos? Un razonamiento sustentado únicamente en la interpretación literal del mencionado artículo 42° llevaría a concluir que los servidores públicos no tendrían derecho a una remuneración equitativa, a beneficios sociales, al descanso semanal y anual remunerado, entre otros, lo que es contrario a los principios de unidad y concordancia práctica.
7. El Tribunal considera que el citado artículo no debe ser interpretado fuera del propio marco de la Constitución, ni concedérsele un sentido restrictivo que en principio no le corresponde. Si bien el artículo 42° de la Constitución reitera parcialmente lo consagrado en el artículo 28° de la misma, la omisión de no hacer referencia al derecho a la negociación colectiva no significa que este derecho se encuentre astringido o eliminado para los servidores públicos, pues la referencia a los derechos de sindicación y huelga a que hace referencia el artículo permite establecer de manera expresa quienes no pueden ejercer tales derechos: funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así corno los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, interpretar lo contrario sería desconocer lo establecido en la Constitución, máxime si tenemos en cuenta que la negociación colectiva resulta inherente al derecho de sindicalización, pues constituye un mecanismo idóneo para fijar las condiciones de empleo, siendo su finalidad la de celebrar negociaciones colectivas sobre las condiciones materiales, económicas y jurídicas en que debe realizarse el trabajo y una expresión propia del derecho de libertad sindical, el que no puede ser ejercido individualmente, sino que tiene que ser titularizado por las asociaciones de trabajadores o sindicatos.
VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI, MESÍA RAMÍREZ Y
CALLE HAYEN
ASUNTO
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por treintaicuatro Congresistas de la República contra los artículos 26°, 31.2°, 34°, inciso b), 40°, 42°, 49°, inciso k), 72°, 77°; su Tercera Disposición Complementaria Final; inciso a) de su Novena Disposición Complementaria Final; y contra su Cuarta y Undécima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley del Servicio Civil N° 30057,
ANTECEDENTES
Argumentos de la demanda.
Con fecha 22 de julio de 2013itreintaicuatro Congresistas de la República, quienes han designado como su apoderado a don Yonhy Lescano Ancieta, interponen demanda de inconstitucionalidad contra las disposiciones mencionadas de la Ley N.° 30057, del Servicio Civil, por cuanto presuntamente infringen los artículos 28°. 23°, 43°, 139.2°. 26.2° 2.2°, 24° y 23° de la Constitución, así como su Cuarta Disposición Final y Transitoria; conforme a los siguientes argumentos:
a. La vulneración del derecho a la negociación colectiva (artículo 28° y Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución)
Sobre el primer párrafo del artículo 40° de la Ley N.° 30057, se aduce que recorta los alcances de los derechos colectivos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Indican que conforme a la ley; los trabajadores del sector público solo tendrían el derecho de sindicación y huelga más no el de negociación colectiva, en tanto que se interpreta que el artículo 42° de la Constitución es la «norma especial» de estos trabajadores que prevalece sobre la «norma general» del artículo 28° de la Constitución, lo que contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sentada en el Exp. N.° 3561-2009-PA/TC. De modo que para los demandantes, el artículo 28° de la Constitución también incluye a los servidores públicos, lo que es confirmado por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.
En ese sentidos indican que el Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 00008-2″ APTC ha subrayado que la Constitución reconoce en su artículo 42° el dere/LIJO de sindicación de los servidores públicos y en consecuencia, las organizacioneá sindicales son las titulares del derecho a la negociación colectiva, con las excepciones que establece la propia Constitución. De modo que todas las disposiciones de la Ley N.° 30057 que niegan el derecho a la negociación colectiva, son inconstitucionales.
Respecto al último párrafo del artículo 40° de la Ley N.° 30057, cuyo texto dispone que «Ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la presente ley». se alega que la valorización es lo que el artículo 31.13° de la ley denomina «valorización ajustada», que es un componente de lo que dicho artículo denomina «compensación económica», que no es otra cosa que la remuneración del trabajador. De modo que la contraprestación por el trabajo realizado dentro de una relación laboral no puede ser objeto de una prohibición ex ante de que el trabajador pueda reclamar colectivamente sobre su monto, pues conforme al artículo 24° de la Constitución, el pago remunerativo tiene que ser equitativo, condición que no se cumple si solo la puede fijar unilateralmente el empleador. En una relación laboral, ambas partes deben participar en la formación, reajuste o modificación de la remuneración. La parte trabajadora lo hace a través de su sindicato, planteando una negociación colectiva, por lo que eliminar la posibilidad que las condiciones remuneratorias sean objeto de una negociación colectiva equivale a vaciar de contenido y objeto este derecho constitucional.
[Continúa…]
