El expresidente García se suicidó para evitar su detención preliminar y ser sometido a un largo proceso por graves hechos de corrupción. Aunque todas las investigaciones del caso Lava Jato se mantienen intactas, esto puede gatillar una campaña contra el uso y abuso de la detención durante el proceso (sin condena), como método de investigación usado por la Fiscalía y avalado por los jueces. Se detiene a los investigados por 10 días, a la espera que algunos delaten a sus líderes y luego tentar la detención por 36 meses contra los que no acepten su culpabilidad. Se detiene para investigar, no se investiga para condenar y detener.
Esta inversión de las reglas procesales, la detención en el proceso es la excepción, no se justifica en nombre de la lucha contra la corrupción. La cooperación judicial de Brasil ha sido y es fundamental para el descubrimiento de múltiples casos de corrupción, lavado de dinero y criminalidad organizada. Las investigaciones contra políticos y empresarios peruanos tienen plena justificación y deben continuar, pero la ley no permite una detención con la sola existencia de delaciones filtradas a la prensa, éstas deben probarse para ser usadas en el proceso penal. La Fiscalía debe acreditar además que el imputado puede fugarse u obstruir las investigaciones, y ello no se prueba con el solo argumento o presunción de que el caso es complejo o parte del crimen organizado, que la pena es elevada o que el imputado tiene dinero para escapar o comprar testigos, debe sostenerse con indicios serios por parte de la Fiscalía.
La detención judicial no es una pena adelantada, existen medidas menos graves como el grillete electrónico o el arresto domiciliario para mayores de 65 años, como era el caso de García y, todavía, contra el ex Presidente Kuczynski, preso desde hace una semana pese a sus 80 años. Aunque existe una sed, una demanda social de justicia y rechazo a la corrupción, alentada en muchos casos por el sensacionalismo y parte de la mass media, los jueces se deben a la Constitución y no al dictado de las masas.
La muerte de García no es solo un luto para su familia, también es un duelo por el debilitamiento de los valores que inspiran el proceso penal moderno, ese balance necesario entre eficacia, condena ejemplar para los culpables, y la garantía de los derechos del imputado. El Estado peruano, como el brasilero, debe llevar el caso Lava Jato a sus últimas consecuencias, pero no a cualquier precio.
