Ministerio Público dispuso formalizar investigación preparatoria contra el ex titular de la Contraloría General de la República, Edgar Alarcón Tejada, en calidad de presunto autor del delito de peculado doloso en agravio del Estado.
El Ministerio Público dispuso formalizar investigación preparatoria contra el ex titular de la Contraloría General de la República, Edgar Alarcón Tejada, en calidad de presunto autor del delito de peculado doloso en agravio del Estado, al haber autorizado pagos presuntamente irregulares a favor de más de un centenar de exfuncionarios de dicha institución, entre ellos a Marcela Mejía Franco, madre de sus dos menores hijos, quien se habría beneficiado con el pago de 127 mil soles.
La medida fue adoptada por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Zoila Sueno Chirinos, como parte de la investigación iniciada tras la denuncia pública efectuada por el auditor de la Contraloría General de la República, Walter Grados Aliaga.
De acuerdo a la información obtenida preliminarmente por la fiscal Sueno, sería un total de 121 convenios de término de contrato de trabajo por mutuo disenso los que se habrían celebrado bajo la anuencia de Alarcón Tejada, quien se desempeñó como gerente general de la institución en el 2010. Dichos convenios se habrían realizado contraviniendo diversas disposiciones, como la del Ministerio de Economía y Finanzas donde se establece que debe contarse con un informe favorable de este portafolio.
De esta manera, más de un centenar de servidores de la Contraloría General de la República se habrían beneficiado con el pago de incentivos de un sueldo y medio por año, ocasionando con ello un grave perjuicio al Estado pues ese beneficio solo se da en casos en que un trabajador es despedido arbitrariamente.
La disposición fiscal comprende a 118 funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes habrían actuado irregularmente en la emisión de las liquidaciones por beneficios sociales y aprobación de comprobantes de pago, pese a tener conocimiento que ello era ¡legal pues contaban con un informe de la Gerencia Legal de dicho organismo en que se indicaba sobre la irregularidad de dichos actos.
Entre los funcionarlos comprendidos en la medida figuran los ex gerentes de Gestión y Desarrollo Humano, María Teresa Merino Caballero, Carlos Manuel Ureta Solis, Hugo Ricardo Matallana Vergara, Carla Patricia Gutiérrez Ramírez; y Raúl Martín Ramírez Jara. Asimismo, los ex gerentes de Finanzas Esperanza Varillas Vivas y Nimia Chin Arca, Julio Córdova Velásquez, Juan José Ávila.
Además, se encuentra incluido el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek Pardo, quien habría dispuesto la contratación de Marcela Mejía Franco en calidad de asesora del Órgano de Control Institucional de dicho municipio, pese a no reunir los requisitos para ejercer el cargo. Por ello, deberán afrontar también una investigación por presuntos delitos de colusión agravada, nombramiento y aceptación indebida de cargo público.
La representante del Ministerio Público dispuso declarar complejo el caso, estableciendo un plazo de ocho meses para la realización de diversas diligencias, que comprenden la toma de declaraciones a los exfuncionarios involucrados en la medida.
Fuente: Ministerio Público
