Úrsula Moscoso, candidata con el número 9 del Partido Morado, se volvió viral en redes sociales desde la noche de ayer. Pero no por razones que enorgullezcan a los partidarios de Julio Guzmán.
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Durante un debate organizado por Canal N en el que se enfrentaba a Alessandra Krause de Avanza País, el periodista encargado de moderar le consultó por la diferencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Ante la sorpresa de Krause y el hombre de prensa, Moscoso afirmó que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público forma parte del Ejecutivo.
Ante la repregunta sobre si realmente el Ministerio Público forma parte del Ejecutivo, la candidata morada respondió con un nervioso “Ehh sí, el Ministerio Público, la Fiscalía”. Luego sería corregida por el conductor del espacio televisivo, aunque el error ya se había esparcido por el ciberespacio.
Ante la ola de criticas que inundaron twitter, Moscoso realizó un video en el que de forma fugaz reconocía su error. Sin embargo, la mayor parte de dicho material audiovisual estuvo destinado a recalcar otros temas que ella apoya en su campaña como la despenalización del aborto.
Lo que no esperaba Moscoso era que, entre todos las menciones que recibió por este lapsus mediático, estuviera también una respuesta del propio Ministerio Público.
A través de una publicación realizada con el hashtag #ABCFiscal y#SabíasQue en clara respuesta a la candidata, el Ministerio Público se definió como un órgano constitucionalmente autónomo que representa a la sociedad en la acción judicial. Es decir, es una institución que no depende de ningún poder del Estado.
#ABCFiscal | #SabíasQue el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo que representa a la sociedad en la acción judicial, es decir, no depende de ningún poder del Estado.
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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 9, 2021
Esto nos lleva a preguntarnos:¿Qué más se puede decir sobre el Ministerio Público?
En las propias palabras de la entidad, se puede decir que su misión es prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley.
De acuerdo con el artículo 1 de la Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, este organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales:
- la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos,
- la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública,
- la persecución del delito y la reparación civil.
También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones de ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia.
Como antecedente más remoto del Ministerio Público se tiene al funcionario que defendía la jurisdicción y los intereses de la Hacienda Real ante los Tribunales del Consejo de Indias. Su función fue establecida en 1542 al instalarse la Real Audiencia de Lima y después la del Cuzco.
La pertenencia de los miembros del Ministerio Público al aparato judicial se mantuvo durante la época republicana. Desde la instalación de la Alta Cámara de Justicia hasta la creación de la Corte Suprema en 1825, el Ministerio Público siempre estuvo al lado de los jueces. Los reglamentos de Organización de los Tribunales no lo mencionaban como un organismo.
Sin embargo, el nombre de Ministerio Público recién aparece en 1855, cuando la Convención Nacional del Perú de ese año aprobó la ley sobre la organización de este organismo. El reconocido historiador Jorge Basadre explica sus funciones en ese contexto:
Aparte de la supervigilancia del Poder Judicial y, en especial sobre los Fiscales de las Cortes y Agentes Fiscales, le correspondía dictaminar en lo asuntos y casos que le competían según la Ley de ministros; cuidar que todo funcionario público cumpliera la Constitución y las leyes; dar parte al Congreso sobre las infracciones de cualquier funcionario de la República, inspeccionar las oficinas del Estado y todo establecimiento público o corporación legal sin excepción alguna, dando parte de los abusos y de las transgresiones de las normas legales y reglamentarias; cautelar que las elecciones populares se verificaran con plena libertad y en los tiempos designados.
Al llegar a la mitad de 1979, la historia del Ministerio Público cambió radicalmente. La Constitución Política del Perú de 1979, aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, le atribuyó personería propia, con independencia, autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones y prohibiciones; conforme a los artículos 250 y 251 del Capítulo XI.
Después la institución fue desarrollada en su Ley Orgánica, mediante el Decreto Legislativo 052 del 19 de marzo de 1981, la cual sigue vigente aunque con las modificaciones propias de la Constitución Política de 1993 y de las disposiciones legales que dispusieron su reorganización desde el 18 de junio de 1996 hasta el 6 de noviembre de 2000, día en que se promulgó la Ley 27367 que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.
La Constitución Política del Estado, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, reguló al Ministerio Público en sus artículos 158, 159 y 160; estableciendo que esta institución es el titular del ejercicio público de la acción penal, habiéndose derogado los artículos pertinentes del Código de Procedimientos Penales de 1940.
Su organigrama actual está distribuido de esta manera:
