En un excelente artículo publicado en el número 1596 de Semana Económica (del 26 de noviembre de 2017), el penalista Carlos Caro Coria responde esta pregunta. Si bien el diagnóstico que pinta es desesperanzador, también plantea retos que bien vale la pena tomar en cuenta y discutir. Aquí les dejamos un extracto del documento que el doctor Caro ha puesto a disposición de todos, así como el link para que puedan descargar en PDF el material completo.
El caso Lava Jato le queda grande a la Fiscalía, excede sus recursos y capacidades. Mientras Odebrecht juega un fino ajedrez para seguir operando en el Perú o cobrar hasta el último centavo de los proyectos que aún mantiene, y evitar que sus directivos sean perseguidos por la justicia peruana, el Ministerio Público sigue el juego a ese ritmo que le imponen, a la velocidad de la información que viene recibiendo ahora en cómodas cuotas, según como el Estado se comporte con la empresa. Este contexto demanda del Ministerio Público una salida disruptiva, un fuera de juego, el uso de todo el poder que le otorga el NCPP. Si existe una lucha contra la corrupción esta no se puede ganar desde los escritorios.
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Según su análisis nuestros fiscales no están preparados para casos tan grandes como Lava Jato, de cuya existencia no habríamos tenido conocimiento si no fuera por EE.UU. Para el profesor Caro, no hemos aprendido las lecciones del pasado:
Pero este fenómeno delictivo no es tan nuevo si pensamos en los casos vinculados al periodo de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Han pasado 17 años y la Fiscalía no ha sabido recuperar y clasificar esa experiencia con fines forenses. Por ejemplo, no tenemos hasta ahora una ley de colaboración eficaz para empresas; ésta rige sólo para personas naturales.
En sus 36 años de existencia el Ministerio Público ha enfrentado múltiples crisis, como la de fines de los años noventa con la gestión de Blanca Nélida Colán —condenada por proteger a Vladimiro Montesinos— o la más reciente bajo la dirección de Carlos Ramos Heredia, destituido en el 2015 por el Consejo Nacional de la Magistratura por el presunto favorecimiento del expresidente regional César Álvarez en el 2013. La gestión en curso de Pablo Sánchez Velarde fue recibida con satisfacción por su reconocida honestidad y solvencia intelectual, y ello ha permitido que el Ministerio Público fortalezca su credibilidad. Pero ahora mismo enfrenta muchos retos, como garantizar el éxito de la persecución en el caso Lava Jato (ver gráficos en la p.192) y lidiar en ese contexto con las fuerzas políticas y económicas.
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Además del escaso presupuesto y la corrupción interna, que también afecta al Ministerio Público, casos como la corrupción de empresas brasileñas traslucen las especiales limitaciones de la institución. Se trata de delitos complejos, producto de la sinergia entre criminalidad empresarial, delincuencia gubernamental y el crimen organizado. Por lo tanto, descubrirlos y perseguirlos demanda enormes recursos personales y logísticos, pero sobre todo mucha experiencia en el manejo financiero, contable o corporativo. La ley penal y la ley procesal sólo pueden aplicarse una vez que se ha comprendido lo que oculta, por ejemplo, un libro contable, electrónico y encriptado de miles o millones de líneas. Ese libro puede remitir a una factura por “servicios generales”, que ha pagado impuestos (la corrupción ‘perfecta’ o más encubierta es la que cumple con la Sunat) y que, además, podría haber sido pagada mediante un cheque de gerencia que finalmente fue depositado en una cuenta no domiciliada a nombre de una empresa offshore de las Islas Vírgenes Británicas.
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¿Cuánto puede demorar el Estado en descubrir todo eso? Muchos años, tal vez nunca. Y, si lo descubre, ¿cuánto tendría que gastar y esperar entre levantamientos del secreto de las comunicaciones, bancario, tributario, actos de cooperación internacional, declaraciones, incautaciones, etc?
Click aquí para descargar el documento completo. Enlace compartido por el doctor Carlos Caro.
