La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, María Acuña (Alianza para el Progreso), habría accedido a liderar dicho grupo de trabajo pese a que tenía impedimento para hacerlo, según informó el programa Panorama.
La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra la legisladora, por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, en junio del 2024, de acuerdo al medio citado. Pese a ello, fue designada presidenta de la SAC dos meses después. Esta situación contravendría el Reglamento del Congreso, que prohíbe que dicha subcomisión esté liderada por un parlamentario comprendido en un proceso penal.
La causa penal se originó en un conflicto contractual ocurrido en 2022, relacionado con la compraventa de terrenos valorizados en más de un millón de dólares. El empresario Sergio Ciccia denunció a la inmobiliaria Los Alisos EIRL, donde Acuña ejerció el cargo de gerente, por «no cumplir» con lo acordado entre las partes. De acuerdo a su versión, la empresa debía entregarle varios lotes a cambio de obras de habilitación urbana, compromiso que nunca se concretó.
En respuesta, la inmobiliaria lo denunció por presunta falsificación de documentos, específicamente por una firma atribuida a Acuña. Sin embargo, una pericia de la Policía Nacional determinó que dicha firma «sí le pertenecía» a la parlamentaria. En junio de 2023, Ciccia formuló una contradenuncia por los cargos ya mencionados. Un año después, también en junio, se formalizó la investigación. Y dos meses más tarde, en septiembre, Acuña Peralta asumió como titular de la SAC.
El artículo 20, inciso d), del Reglamento del Congreso de la República, establece expresamente que lo siguiente:
Están prohibidos de integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente […] cuando se encuentren comprendidos en procesos penales.
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Frente a los cuestionamientos, Acuña manifestó que no tenía conocimiento del proceso. Señaló que el caso corresponde a temas comerciales ajenos a su función legislativa:
El tema es de la empresa. Temas comerciales son aparte […] cuando asumí no tenía ese tema. Es en el 2024. Seguramente no teníamos conocimiento o nos habían notificado.
Asimismo, sostuvo que verificaría los antecedentes con su equipo legal antes de emitir mayores comentarios: «Voy a averiguar y luego nos ponemos de acuerdo para dar declaraciones. Es un tema del gerente».
No obstante, según el reportaje, la congresista sí tenía conocimiento del proceso penal. El 10 de abril de 2023, fue citada por el Ministerio Público en Chiclayo para rendir su declaración como parte de la investigación.
