El fiscal Reynaldo Abia Arrieta, de la 2 °Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, dirige diligencia en la empresa ClaroPeru, enmarcada en la investigación del deslacrado de oficinas de la Fiscalía de la Nación.
La razón por la que Abia decidió tomar esta medida es porque la empresa Claro no habría entregado el registro de llamadas entrantes y salientes del celular de Venegas de los días 4, 5, 6 y 7 de enero del 2019.
Como se sabe, el 5 de enero se realizó el ilegal deslacrado a las oficinas del piso 9 de la Fiscalía, una operación que -según Venegas- fue ordenada por Chávarry.
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Según se supo, Venegas pidió a Claro el registro de llamadas de noviembre de 2018 a enero de 2019. Si bien la compañía de telecomunicaciones entregó los datos, alegó que solo detectó llamadas hasta el 3 de enero.
No obstante, la exasesora solicitó similar información pero por los números de celulares de sus hijos, y en esos reportes figuraban llamadas hechas el 5 de enero al celular de la ex funcionaria. Esa es la razón por la que el fiscal cree que la compañía no ha entregado toda la información pedida.
Como lo ha informado este diario, Venegas ha señalado en sus manifestaciones al fiscal Abia que entre el 4 y 7 de enero recibió llamadas del personal de confianza de Pedro Chávarry para hacer coordinaciones en torno a la irregular intervención de las oficinas.
El martes 2 de abril, la exasesora declaró nuevamente ante la Fiscalía y aseguró que «todo estaba calculado para la intervención» de las oficinas que habían sido lacradas por el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez.
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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 4 de abril de 2019
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