Respecto a la lucha contra el lavado de activos, Irlanda introduce una nueva Ley de Transparencia Corporativa en las cual todas las empresas estarán obligadas a mantener un registro detallado de sus accionistas.
Las empresas irlandesas están ahora obligadas a mantener un registro con detalles de sus beneficiarios. Anteriormente, las empresas sólo tenían que mantener un registro de sus accionistas directos. En muchos casos, los registros de accionistas existentes muestran que las acciones de una compañía ‘A’ están en manos de una empresa ‘B’. Las acciones de la Compañía ‘B’ pueden ser mantenidas por una Compañía ‘C’ y así sucesivamente.
Al crear una red compleja de propiedad corporativa, las personas que en última instancia son propietarias y controlan entidades corporativas pueden ser difíciles de identificar. La nueva legislación obligará a los directores de empresas irlandesas a investigar e identificar a aquellas personas físicas que poseen y controlan sus empresas y que mantienen esa información en un registro.
Los reglamentos representan un primer paso en la transposición por parte de Irlanda de la cuarta directiva de la UE contra el lavado de activos, cuyo objetivo es aumentar la transparencia de la propiedad de las empresas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal.
Las compañías están obligadas por los reglamentos a tomar todas las medidas razonables para obtener y mantener información precisa y actualizada sobre sus beneficiarios efectivos.
Como parte de la transposición de la directiva a la legislación irlandesa, se creará en Irlanda un nuevo registro central de beneficiarios reales de las empresas. La información de las empresas irlandesas se almacenará y será accesible a las autoridades reguladoras.
El Gobierno celebró una consulta pública a principios de este año sobre la medida en que un registro irlandés central de la propiedad beneficiaria debería ser accesible al público.
El resultado de esa consulta aún no se ha publicado, pero en última instancia, la cuestión puede verse obligada a nivel de la UE con una enmienda a la directiva de la UE que se espera incluya el requisito de que los registros sean susceptibles de inspección pública. Esto ha atraído una cierta controversia debido a preocupaciones de la aislamiento y de la confidencialidad.
Un registro público de los fideicomisos en Francia fue declarado inconstitucional en una decisión reciente del Consejo Constitucional francés, que sostuvo que tanto el carácter público del registro como el propio registro estaban sujetos a protecciones constitucionales de privacidad. Desafíos similares pueden esperar registros accesibles al público en otras jurisdicciones de la UE.
Los directores de empresas irlandesas tendrán que tomar medidas para establecer un registro de propiedad beneficiaria y luego rellenarlo con la información pertinente.
Los directores tendrán entonces que considerar qué procesos deben implementar para asegurarse de que la información se mantenga actualizada. Entidades de sectores específicos de la industria pueden encontrar los requisitos más de un desafío, como los vehículos de fondos corporativos cuyos beneficiarios reales cambiar con frecuencia.
La transposición completa de la Directiva está prevista para mediados de 2017. Tendremos que esperar a que el borrador de la legislación de transposición vea cómo se unirán todos los requisitos sobre la propiedad beneficiaria.
(Fuente: Bussiness Irish).
