Óscar Montezuma Panez
Experto en regulación de tecnologías de la información. Socio de Montezuma & Porto
Si tuviéramos índices de acceso a Internet del 100% y un Estado digital más cercano a los ciudadanos, quizás la propuesta de prohibir la publicidad estatal podría justificarse. Pero ello está muy lejos de ocurrir. El proyecto Mulder es inviable.
No es ninguna novedad que el Perú sigue siendo esencialmente un país analógico (no digital), lo que se refleja en nuestros malos resultados en los indicadores globales que miden la competitividad digital. La razón principal de estos resultados es la ausencia de convicción política para impulsar agresiva y transversalmente la digitalización del gobierno peruano y la promoción de un ecosistema digital que sirva para apalancar la casi paralizada economía peruana.
Sin embargo, ignorando (o queriendo ignorar) esta realidad el congresista Mauricio Mulder presentó –y logró aprobar– un proyecto de ley que –salvo excepciones como desastres, emergencias y educación electoral–, prohíbe a las entidades públicas contratar publicidad con cualquier medio privado. Como alternativa propone que dichas entidades estén obligadas a suscribir cuentas en redes sociales “en especial aquellas que tengan mayor difusión y número de usuarios”. Más allá de las razones políticas de la propuesta, la medida es inconstitucional, técnicamente inviable y debería ser observada por el Poder Ejecutivo.
Es inconstitucional porque la prohibición (aún con excepciones) afecta el derecho fundamental de acceso a la información y, en la práctica, constituye una censura indirecta a la libertad de expresión. Pero no queremos ahondar en las razones de esta inconstitucionalidad (muchos juristas ya lo han advertido), sino más bien analizar si en las circunstancias actuales es técnicamente viable que las redes sociales reemplacen a los medios tradicionales como medio de información de los ciudadanos.
Acceso limitado y segmentado
Primero, no tenemos una política pública en materia de transformación digital del Estado. Hay meritorios esfuerzos aislados pero hasta ahora no existe una política ni una institucionalidad sólida. El responsable es el Poder Ejecutivo pero también es responsabilidad del Congreso promoverla. Si el Estado hubiera adoptado dicha política pública y la hubiera desarrollado, sería distinto.
Segundo, el acceso actual de la población a Internet no es el más deseable. Según el INEI, si bien este acceso va en aumento, aproximadamente el 50% de la población aún no accede a ella. Asimismo, de acuerdo a un informe de la consultora GFK (2017), el mayor acceso a Internet lo tiene el segmento socioeconómico A/B con 81% mientras que los segmentos socioeconómicos D y E registran 41% y 29% respectivamente. Es decir, la medida dejaría a buena parte de la población sin acceso a información de interés nacional, considerando que las principales fuentes de información de los peruanos son la televisión (54%), los diarios impresos o en web (13%), la radio (12%) y, finalmente, 8% las redes sociales, según Ipsos.
Tercero, la medida desconoce que en las redes sociales también se promueve la publicidad para lograr un mayor alcance. Dichas redes ofrecen la posibilidad de difundir información de forma orgánica y pagada. La primera, no tiene costo pero requiere de un esfuerzo significativo en la generación de contenido para su masificación. La segunda requiere un pago de forma que permita un alcance mayor y de alto impacto. La tendencia actual se ubica en este segundo tipo. Es decir, si queremos utilizar el máximo potencial de las redes sociales es necesario invertir en publicidad en ellas.
En un mundo ideal donde tuvieramos índices de acceso a Internet del 100% y un Estado digital más cercano a los ciudadanos, con una estrategia que promueva la transformación digital del país, quizás la propuesta del congresista Mulder podría justificarse. En la medida que ello está muy lejos de ocurrir y no existe una agenda digital priorizada por nuestra clase política, seguiremos esperando ese Perú Digital sólo en nuestros más deseados sueños.
