Este jueves 9 de octubre, jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia, a partir de la 1:00 p. m., para expresar su rechazo en contra de una serie de iniciativas impulsadas por el Congreso de la República.
La concentración se llevó a cabo durante una hora con el objetivo de no interferir con las labores del Poder Judicial. Los organizadores señalan que la representación nacional busca frenar los cuestionamientos judiciales, según La República:
Debido a las agresiones que sufrimos en nuestra independencia por parte de iniciativas congresales que buscan sancionar a jueces y fiscales penales por el ejercicio de su labor; impedir que las acciones del Congreso puedan ser objeto de cuestionamiento judicial, creando una zona sin control, y modificar las reglas de votación que perjudican el debido proceso competencial, los cuales serán discutidos y votados mañana.
Por su parte, también en la presente fecha, fue publicado un comunicado de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas.
En la misiva, las entidades señalan que la Comisión de Constitución y Derechos Humanos del Congreso ha aprobado un conjunto de proyectos de ley que atentan contra la autonomía e independencia de los jueces y fiscales. De acuerdo a su argumento, el Poder Legislativo estaría intentando «criminalizar la función jurisdiccional y fiscal» al modificar el código penal para considerar como «delito la diferencia de criterio».
Asimismo, también sindican a los congresistas de pretender crear una «comisión política» para investigar a jueces y fiscales por su «actuación jurisdiccional y fiscal».
Además, en el referido comunicado, indentifican a las leyes 31571,31989,31990, 32104, 32017, 32054 y 32108 como responsables de incrementar la delincuencia pública y debilitar al Ministerio Público y al Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad organizada. Las críticas que realizan sobre estas normas son:
[Estas leyes] modifican plazos de prescripción, recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, impiden la incautación de material usado en la minería ilegal, excluyen a los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueven impunidad para terroristas y ex militares, modifican el concepto de organización criminal y obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado.
