Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte ante la investigación fiscal por las muertes que dejaron las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se pronunció sobre la actuación del Ministerio Público en el caso Rolex.
El letrado recordó que en dicho proceso, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, el representante legal de la mandataria es su colega Mateo Castañeda.
En diálogo con LP Derecho, Campos afirmó estar en desacuerdo que, por sospecha, se legitime una intervención como la ocurrida el último viernes 29 de marzo. Resaltó que los derechos humanos están por encima, por lo que calificó de inconstitucional el procedimiento de allanamiento:
He tenido una lectura crítica de la forma de investigar del Ministerio Público. Para mí es esencialmente inconstitucional la forma de cómo ha intervenido, cómo ha generado una investigación preliminar, como ha generado una intervención a través del allanamiento, investigando los relojes cuando no tiene la imputación fáctica ni la plataforma fáctica del delito. Y para ello recoge simplemente el artículo 401: que existe indicio.
Presunta «extralimitación»
Debido a que el caso de la presidenta se encuentra en una subfase del proceso penal, Campos mencionó que la Fiscalía se ha extralimitado. Desde su postura, opinó que el Ejecutivo podría presentar contra el Ministerio Público una demanda competencial por menoscabo porque «se está allanando sin haber establecido con precisión los hechos que provocan la sospecha inicial que constituye enriquecimiento ilícito».
El enriquecimiento ilícito es una conducta establecida en la norma penal y es esa conducta la única que activa la competencia fiscal. De dónde salen los relojes no le importa al fiscal; le importa en la medida en que entienda que ha encontrado alguna situación en el mundo estatal que haya provocado esa posibilidad de la comisión del delito.
Asimismo, sugirió que esta demanda competencial contribuiría a que el Tribunal Constitucional defina de una vez cómo se investiga a un presidente de la República cuando está en mandato y es acusado.
Anteriormente, en declaraciones para Latina, Campos señaló que la tenencia de los relojes podía tener varios orígenes: «¿Qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado?», interrogó.
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Sobre el allanamiento
Este proceso se fundamentó bajo la Resolución 01, con fecha 28 de marzo de 2024, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.
Durante la madrugada del sábado, tras el allanamiento en la vivienda, las autoridades se dirigieron a Palacio de Gobierno con el fin de realizar una diligencia similar.
A través de su cuenta oficial de X, la Presidencia de Perú informó que brindó «todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia».
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Postura de la Fiscalía
En un comunicado difundido en X, la Fiscalía explicó detalles sobre el descerraje de la puerta de la residencia de Boluarte. Dijo que «se ejecutó luego de tocar el intercomunicador y haberse dado cuenta de las razones de la presencia fiscal y policial a la persona de Daniel Gómez Boluarte [hijo de la dignataria], solicitando el acceso voluntario a la vivienda».
De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Boluarte respondió que «esperen un momento». Narró, además, lo sucedido:
Luego de unos minutos, se volvió a tocar el intercomunicador en reiteradas ocasiones, ya que no abrían; es así como —pasado diez minutos, aproximadamente, y al no tener respuesta— se procedió a realizar el descerraje de la puerta principal, tal como consta en el acta de allanamiento con descerraje y notificación de medida judicial.
La Fiscalía contó que «no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex» por parte de Boluarte «pese a que se le requirió», pero que sí se obtuvieron otros «elementos de interés para la investigación».
