El juez Jorge Chávez Tamariz desestimó la solicitud presentada por el parlamentario José Luna Gálvez (Podemos Perú), quien intentaba ampararse en la Ley 32108 referente al crimen organizado.
El legislador pidió cerrar el proceso judicial en su contra, en el contexto del caso Los Gánsters de la Política, apelando a la nueva ley modificada y aprobada por el Congreso de la República.
Inicialmente, el juez optó por aceptar la solicitud, señalando que la lectura del documento debía realizarse en una audiencia pública. La sesión tuvo lugar el 29 de agosto.
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No obstante, en su resolución, Chávez adoptó la postura de la interpretación convencional e hizo referencia a la Convención de Palermo respecto al tema en cuestión:
Es coherente y razonable manifestar desde este recinto judicial que Convención de Palermo constituye como parte del ordenamiento nacional que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos frente al crimen organizado.
Asimismo, señaló la labor constitucional de los magistrados para resolver casos de alto grado de complejidad:
Es necesario aclarar que los jueces no somos meros aplicadores de ley, sino conforme al mandato constitucional del artículo 139°, inciso 8 de la carta magna, por antonomasia interpretar la ley y administrar justicia, esto ante una clara advertencia que la ley pueda ser manipulada
En ese sentido, el magistrado dejó en claro que la «interpretación de la Ley 32108 está condicionada a los alcances de la Convención de Palermo, caso contrario resultaría inconstitucional».
Audiencia
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria reprogramó para el lunes 23 de septiembre a las 11 a. m. la audiencia para evaluar la solicitud de José Luna Gálvez, congresista de la bancada de Podemos Perú, para archivar el delito de organización criminal en el marco del proceso penal.
El legislador sostiene que el hecho no constituye delito al día de hoy tras lo establecido por la reciente modificatoria de la Ley 32108, publicado el 9 de agosto último, Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal Decreto Legislativo 957 y la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.
Actualmente. Luna Gálvez es investigado como presunto líder de la organización criminal por presuntas irregularidades en la inscripción del partido político, Podemos Perú; entre ellas, falsificación de firmas.
En esa misma línea, el prófugo Vladimir Cerrón y su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, solicitaron al Poder Judicial el mismo requerimiento que Luna. Ambos sostenían que los hechos imputados no configuran delito de organización criminal a día de hoy.
Tanto el congresista de Perú Libre como el prófugo de la justicia, respectivamente, son procesados por el caso Los Dinámicos del Centro. El pedido de archivamiento, también evaluado por Chávez Tamariz, fue rechazado el último martes 27.
Mira la transmisión aquí:
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
EXPEDIENTE : 00011-2020-56-5007-JR-PE-03
JUEZ : JORGE LUIS CHÁVEZ TAMARIZ
ESPECIALISTA : JULIO MANUEL CABRERA VALDERRAMA
Caso: José León Luna Gálvez v. Estado Peruano
En el derecho no se puede dejar de reconocer a la Convención de Palermo, lo cual no sólo es sencillamente para prevenir y combatir el crimen organizado, sino como lo expresa en el prefacio de este instrumento internacional, sus objetivos están dirigidos a vencer a la delincuencia, a la corrupción, trata de seres humanos y de aquellos que afectan los derechos humanos; entonces, es coherente y razonable manifestar desde este recinto judicial que Convención de Palermo constituye como parte del ordenamiento nacional que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos frente al crimen organizado. Es necesario aclarar que los jueces no somos meros aplicadores de ley, sino conforme al mandato constitucional del artículo 139°, inciso 8 de la carta magna, por antonomasia interpretar la ley y administrar justicia, esto ante una clara advertencia que la ley pueda ser manipulada. Como lo anticipa la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt al referir los riesgos de perversión de la legalidad en alusión a las acciones que se pueda tomar desde un Estado como ocurrió en la historia con el régimen nazista.
AUTO QUE RESUELVE
PEDIDO DE EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN
RESOLUCIÓN N° CINCO
Lima, dieciocho de octubre
de dos mil veinticuatro.-
I. HECHOS
El ciudadano José León Luna Gálvez asesorado por su defensa técnica postula la presente excepción de improcedencia de acción por atipicidad del delito de organización criminal, con invocación del artículo 6°, numeral 1, literal b, del Código Procesal Penal. Conforme a la Disposición N° 3 de fecha 27 de agosto de 2024, que adecúa la imputación por organización criminal contra José León Luna Gálvez en el marco de la investigación preparatoria, se advierten cuatro hechos delimitados, como se reproduce:
a) Injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE: Se indica que José León Luna Gálvez contando con actuación activa de sus operadores políticos, habían otorgado beneficios, pagos, a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido César Aguila Grado y Sergio Iván Noguera Ramos a través de contratos simulados con la universidad Telesup. A cambio de estos beneficios y ventajas recibidas, los exconsejeros del CNM, habrían realizado actos en violación a sus obligaciones para impulsar y lograr el nombramiento del candidato e integrante de la presunta organización criminal, Adolfo Carlo Magno Castillo Meza como jefe nacional de ONPE. José Luis Cavassa Rocalla habría gestionado el voto favorable del exconsejero Hebert Marcelo Cubas, con la influencia de Tomás Gálvez. José Luis Cavassa Roncalla, Oscar Nieves Vela y Fernando Ernesto Obregón Mansilla habrían gestionado el voto favorable de los exconsejeros Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites.
b) Copamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales: Luego que Adolfo Carlos Magno Castillo Meza fue elegido como jefe de ONPE y una asumido el cargo, bajo la presunta dirección de José León Luna Gálvez y en cumplimiento de los objetivos de la presunta organización criminal, designó en puestos de confianza de la ONPE a otros integrantes y a personas que sirvieran a los intereses de la misma, ubicando un grupo destinado para la evaluación y coordinación; además, personas vinculadas a la Universidad Privada Telesup fueron contratadas en diferentes áreas de dicha entidad, con el fin de servir a los intereses de la misma y colaborar en lo que se requiera. En la designación de los puestos claves de las ONPE habrían intervenido José Luis Cavassa Roncalla. Oscar Abraham Nieves Vela, Fernando Teodoro Ernesto Obregón Mansilla y Adolfo Carlos Magno Castillo Meza.
[Continúa…]
 solicitó que se archive su investigación por el delito de organización criminal.){kind=link}