El abogado Pedro Patrón Bedoya, único aspirante a integrar la Junta Nacional de Justicia que logró superar todas las etapas del concurso público de méritos, y cuya juramentación se frustró minutos horas antes de la realización de la ceremonia, luego de conocerse que tiene un proceso penal pendiente en la Corte Suprema, donde se le imputa el delito de falsedad ideológica.
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“Habiendo tomado conocimiento recién el día de hoy, en horas de la mañana, de información relevante que debe ser contrastada, la Comisión Especial a cargo del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha decidido suspender la Ceremonia de nombramiento, proclamación y juramentación del señor Pedro Manuel Eduardo Arturo Patrón Bedoya, como miembro Titular de la Junta Nacional de Justicia, hasta verificar la misma, después de lo cual se adoptará la decisión que corresponda”, reza el escueto documento que publicó la Comisión Especial.
Posteriormente, el presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez Camacho, declaró lacónicamente para la prensa. No respondió preguntas, solo reiteró lo que ya se dijo en el comunicado, se contrastará la información conocida a último momento, y se escucharán los descargos de Patrón Bedoya. Finalizó con la promesa de que la decisión “se tomará en el más breve plazo posible”.
Contrariando las declaraciones del presidente de la Comisión Especial, Patrón Bedoya publicó un comunicado en el que señala que: “Con fecha 18 de junio del presente año formulé por escrito los descargos que la Comisión me solicitó sobre un fenecido proceso penal, en consecuencia, los hechos que se imputan como causales del cuestionamiento a mi ejercicio como miembro de la Junta Nacional de Justicia ya han sido resueltos y decididos satisfactoriamente en su momento por la Comisión Especial y la Secretaría Técnica”.
Asimismo, a la salida del auditorio donde se iba a realizar la frustrada ceremonia de juramentación, Patrón Bedoya fue interceptado por la prensa y ante ella negó haber cobrado doble jubilación del Estado. Explicó que se trata de un proceso que tiene 12 años de antigüedad, y que actualmente está prescrito. “Ese proceso penal prescribió, la sentencia ya salió hace tres años”, acotó.
