El jefe de la comunidad nativa de Alto Yurinaki, Javier Jaime Abel Cruz, reconoció ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo que simuló su secuestro para solicitar S/50 000 a través de una cuenta bancaria de su titularidad. La declaración fue tomada por la Policía Nacional (PNP) luego de que se reportara su desaparición el pasado 30 de mayo, lo que generó la activación de protocolos de búsqueda y la intervención del Ministerio Público.
Según informó el coronel PNP Leo Mendoza, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, el dirigente llegó desde su comunidad —ubicada en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo— y se hospedó en un hotel de la ciudad. Desde allí, se comunicó vía WhatsApp con su pareja y otras personas para alegar que había sido secuestrado. Al no recibir el monto solicitado, arrojó su teléfono por un desagüe para simular que estaba incomunicado.
El caso fue reportado inicialmente como una desaparición el pasado 30 de mayo, luego de que Abel Cruz participara en una reunión de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), junto a otros líderes indígenas.
Posteriormente, se alertó que su paradero era desconocido, y desde su número de celular se enviaron mensajes que reforzaban la versión de un secuestro. Ante ello, la organización indígena y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) solicitaron la intervención inmediata de las autoridades.
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No obstante, las investigaciones de la Divincri, en coordinación con el Departamento de Investigación Criminal de Chanchamayo, identificaron inconsistencias en la geolocalización del celular del presunto desaparecido, el cual primero figuraba en la selva central, luego en Huancayo y más tarde fue rastreado en zonas distintas a las mencionadas por Cruz.
El domingo 2 de junio, fue hallado sentado en la Plaza de la Constitución de Huancayo, y posteriormente llegó por sus propios medios a la comisaría, donde confirmó su identidad. En un primer momento reiteró haber sido secuestrado y trasladado por seis personas hacia la región Huánuco. Sin embargo, horas después, en sede policial, confesó que todo había sido una simulación, motivada por problemas económicos.
«Él (Jaime) ha confesado que fue un auto secuestro […] al demostrarse que sería así, según el Código Penal, podría ser sancionado con 2 años de cárcel», indicó el coronel PNP Ángel Leo, jefe de la Divincri Huancayo.
La hipótesis de la Policía es que Abel Cruz habría planeado el hecho para solicitar S/50 000 soles a través de un mensaje de texto, aunque en días posteriores la solicitud bajó a S/30 000 soles, y se habría canalizado a través de una cuenta bancaria de su titularidad. El mismo día del presunto secuestro, escribió a la fiscal de su comunidad para decir que estaba en peligro y que se encontraba fuera de Chanchamayo.
Tras confirmar que el caso no correspondía a un secuestro real, el Ministerio Público dispuso la continuación de las diligencias en Chanchamayo, donde se evalúa la responsabilidad penal del dirigente indígena.
El caso generó movilización de recursos públicos, despliegue policial, activación de protocolos para búsqueda de personas y una alerta institucional que involucró incluso a organizaciones nacionales de defensa de derechos indígenas. Las autoridades evalúan, además, si corresponde establecer medidas de reparación o sanción administrativa por el uso indebido de los canales oficiales de emergencia.
